Fiscalía pide quitar responsabilidad civil caso CEL-Enel

Defensores solicitan cambio de delito y cuestionaron el porqué de la acusación cuando el Estado ya llegó a un arreglo con Enel durante segundo día de la audiencia.
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Segundo día.  Nueve personas son procesadas por el delito de peculado en el Juzgado Séptimo de Instrucción. Ayer inició la intervención y peticiones de los defensores, que continuará este día.

Segundo día. Nueve personas son procesadas por el delito de peculado en el Juzgado Séptimo de Instrucción. Ayer inició la intervención y peticiones de los defensores, que continuará este día.

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer al juzgado Séptimo de Instrucción que cese la persecución civil para nueve personas acusadas de peculado en el caso CEL-Enel, lo que supondría que, en caso de ser declarados culpables penalmente, se les exima del pago de daños o perjuicios económicos ocasionados con alguna acción.

La FGR quiere llevar el caso penal hasta la última etapa, por eso pidió ayer que los nueve procesados, mayoritariamente exdirectivos de CEL, sean enviados a juicio. La Fiscalía sostiene que hubo un “plan criminal” durante la búsqueda de un socio estratégico para la explotación de la energía geotérmica en LaGeo y que exfuncionarios ayudaron a que Enel se convirtiera en ese socio y se hiciera del control de la geotérmica.

El Gobierno, sin embargo, compró las acciones a la empresa italiana en diciembre pasado.

La solicitud de eximir de responsabilidad civil supone que, si el juez accede, se quitarán los embargos que pasan sobre los bienes de los procesados. “Esa podría ser una consecuencia lógica de la petición”, dijo la fiscal del caso.

Edgardo Acosta Oertel, defensor de José Palomo Deneke, pidió al juez que modifique la calificación del delito de peculado a negociaciones ilícitas, aunque aclaró que la solicitud de modificación no implica que su cliente esté aceptando la acusación que hace la Fiscalía. La defensa de Palomo también pidió que, si se da el cambio de tipificación, se decrete un sobreseimiento definitivo, porque prescribió ese delito, es decir, se agotó el tiempo que da la ley para juzgar ese delito.

“Hay un montón de directivos que no aparecen. Nunca explicó la Fiscalía por qué no están algunos directivos, que todos conocemos los nombres, que son protegidos de políticos. ¿Por qué no están acá si estaban en las mismas sesiones y tomaron supuestamente las mismas decisiones?”, dijo Acosta.

El juez, tras escuchar su exposición, pidió al resto de abogados que se limitaran a hacer planteamientos jurídicos: “A mí no me interesa lo político, me interesa lo jurídico. No me metan política en este caso”, advirtió el juez Miguel Ángel García.

La FGR ha ofrecido como prueba copias de actas de los acuerdos tomados por la directiva CEL. Otro de los argumentos de la defensa consiste en que la Fiscalía no puede individualizar el delito, porque en esas actas no aparecía el nombre de las personas que votaron a favor de los acuerdos.

La defensa de Guillermo Sol Bang vertió otros argumentos: que Enel nunca adquirió bienes nacionales, que LaGeo es una sociedad anónima y que la directiva de la CEL no estaba encargada de la custodia de LaGeo.

“¿Cómo es posible que el señor fiscal de la República, actuando en representación del Estado, compre objetos que provengan de la comisión de un delito? Es ilógico que él esté prevaricando. No podemos creer que el fiscal avale eso, si no es con el convencimiento pleno de que aquí no se estaba ante un hecho delictivo”, volvió a cuestionar el defensor Édgar Morales Joya.

Los defensores no conciben cómo la FGR insiste en perseguir penalmente a los nueve acusados cuando el mismo Gobierno aceptó comprarle las acciones a ENEL, una participación accionaria que, según la tesis de la FGR, fue obtenida de forma viciada. El presidente de CEL, David López, escuchó parte de los argumentos de la defensa porque llegó a escuchar la audiencia a las 3 de la tarde. Dijo que asistió en calidad de observador y que le parecieron “jalados” los discursos de la defensa, y que considera que “en la parte penal todavía no ha cerrado el ciclo”.

El funcionario usó una analogía para intentar explicar lo que está pasando por la compraventa de las acciones: “Es como que su empleada vende uno de sus sillones a un vecino. Usted la descubre e intenta recuperarlo. La parte civil es contra el que lo compró y la parte penal contra el que lo vendió. Aquí INE resolvió la parte civil, que es la mercancía, que llegamos a un acuerdo con el vecino. Y él me lo devuelve y yo se lo vuelvo a recomprar. Me lo llevo a la casa, pero a la empleada la acuso”.

Se le consultó que si, tal como lo sostiene la defensa, el Estado no incurrió en una especie de receptación. “No, porque yo estoy recuperando mi bien. Lo bonito de este es que hemos recuperado no un mueble, sino el 36.2 % de las acciones que representan muchos millones y hemos recuperado por ley, la parte del patrimonio del pueblo”, respondió el titular de CEL.

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