Fiscalía se abstiene de enviar preguntas a Funes

La Cámara Segunda de lo Civil remitió a la CSJ el cuestionario que deberá responder el expresidente procesado por enriquecimiento ilícito. Solo incluye preguntas de la defensa de Funes.
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L os representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso civil en contra del expresidente Mauricio Funes y su familia se abstuvieron de enviar preguntas para el cuestionario que deberá responder el exmandatario en su declaración, como parte de la prueba ofrecida por su defensa en el marco de la audiencia probatoria, en la que se dirimirá si Funes y su familia se enriquecieron ilícitamente durante su gestión.

La fiscalía se abstuvo de presentar preguntas debido a que considera que es “inoficiosa” la forma cómo serán tomadas las declaraciones al exfuncionario. Los fiscales enviaron a la cámara un escrito en el que argumentaron que lo único provechoso sería realizar un contrainterrogatorio con intervenciones de la defensa. La fiscalía ya se había pronunciado en favor de tomar la declaración por videoconferencia.

Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Tercera Sección del Centro remitieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cuestionario con las preguntas que el abogado defensor de Funes, Enrique Araujo, presentó el pasado 6 de febrero.

Un vocero de comunicaciones de la CSJ informó que será el máximo tribunal que, en vinculación con cancillería, deberá de fijar la fecha y la hora en la cual el exmandatario se presente en la Embajada de El Salvador, en Nicaragua, para contestar las preguntas enviadas por su defensor.

Recientemente, la cámara aceptó que el expresidente Funes declarara ante un funcionario consular desde Nicaragua, tomando en cuenta que su condición de asilado lo imposibilita regresar al país.

“Pretender obligar que el demandado se apersone a este tribunal a rendir su declaración atenta contra sus derechos fundamentales”, se lee en la resolución de la cámara. Esta resolución fue emitida luego de que el abogado defensor de Funes presentó un recurso de revocatoria, con el que solicitó que la declaración del exmandatario no se diera por videollamada, sino que la cámara emitiera una carta rogatoria para que el expresidente pudiese declarar desde Nicaragua.

El recurso de revocatoria provocó que se suspendiera la audiencia probatoria en contra de Funes, que estaba programada para el pasado 17 de enero.

Luego de la suspensión de la diligencia, la fiscalía se opuso a que rindiera su declaración desde la sede diplomática en Nicaragua. Los fiscales argumentaron, en un escrito presentado a la cámara, que habría más garantías si Funes declarara ante un órgano jurisdiccional del Estado que ante un empleado consular. De manera que para los investigadores era preferible que la declaración fuese tomada por videoconferencia.

Funes y su circulo familiar están siendo acusados de enriquecimiento ilícito, luego de que no pudieron justificar la procedencia de $728,000 ante la Sección de Probidad de la CSJ. Funes declaró pérdidas ante Probidad y dijo que su patrimonio y el de su familia pasó de $738,366.1 a $685,638.2.

La defensa del exmandatario ofreció como prueba en la etapa inicial del proceso la declaración de viva voz del exmandatario. En el proceso se está ventilando un peritaje financiero realizado a las cuentas y propiedades del expresidente; de su hijo Diego Funes; y de la ex primera dama, Vanda Pignato.

El abogado defensor de Pignato, Samuel Torres Rojas, afirmó que el peritaje financiero será utilizado, por su parte, como argumento de descargo, ya que a su juicio demuestra que los fondos cuestionados a Pignato no provienen del erario público.

De momento, la actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, es la única de las partes acusadas que ha acudido a los citatorios de las autoridades judiciales.

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