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Fiscalía solicita reformas a la ley orgánica de la institución

Entre las propuestas destacan la autonomía económica y la creación de un nuevo cuerpo de investigación. 

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Raúl Melara, fiscal general, explicó que las reformas pretenden

Raúl Melara, fiscal general, explicó que las reformas pretenden "garantizar mejores competencias" al ente que preside.

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la mañana de este lunes un pliego de reformas a la ley orgánica de la institución, con el apoyo de todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa.

Raúl Melara, fiscal general, explicó que las reformas pretenden "garantizar mejores competencias" al ente que preside, además de dotar de autonomía económica a la institución, y de la creación de un nuevo cuerpo técnico de investigación.

Cristina Cornejo, diputada del FMLN y que acompañó la presentación de la solicitud de la FGR, amplió estos detalles y explicó que la creación de un nuevo cuerpo de investigación (que se denominaría "Cuerpo Técnico de Investigación Criminal") se origina en la pérdida de confianza en la Policía Nacional Civil.

"Lamentablemente la confianza en la PNC se está perdiendo. Ha dejado de ser una institución profesional", indicó Cornejo.

Sobre esta propuesta se pronunció también el diputado Julio Fabián (ARENA), quien dio su respaldo a la creación de un nuevo cuerpo de investigación.

La petición de la FGR contó con la presencia y apoyo de diputados de la mayoría de fracciones fracciones políticas. Ricardo Velázquez Parker (ARENA), Cristina Cornejo (FMLN), Mario Tenorio (GANA), Antonio Almendariz (PCN) y el no partidario Leonardo Bonilla.

Además Melara dijo que la propuesta también contiene reformas penales y a la ley AFI.

Sobre las investigaciones al manejo de la pandemia dijo que existen 17 líneas de investigación y aseguró que como institución mantienen los procesos abiertos al Ministerio de Salud, al tiempo que dijo tener conocimiento sobre el informe enviado por la Corte de Cuenta de la República sobre los exámenes al ministerio de Hacienda por el retraso en el pago de los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa y la transferencia a las alcaldías del FODES por cinco meses. 

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