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Fiscalía tiene 21 casos abiertos por violaciones a Derechos Humanos en guerra civil salvadoreña

El Fiscal General dio sus valoraciones en la comisión de justicia, de cara a la elaboración de un proyecto oficialista de Ley de Justicia Transicional.

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Comisión.  El Fiscal General, Rodolfo Delgado, se reunió con miembros de la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.

Comisión. El Fiscal General, Rodolfo Delgado, se reunió con miembros de la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.

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La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en 21 casos de violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado de la década de los ochentas en El Salvador, los cuales se encuentran judicializados actualmente; al mismo tiempo que tiene más de 200 en investigación y que podrían también ser presentados.

Los datos fueron compartidos por Rodolfo Delgado, fiscal general, durante su visita a la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa, en la que se están recibiendo insumos para la elaboración del proyecto de Ley de Justicia Transicional impulsado por el oficialismo. Si bien hay una iniciativa producto de organizaciones de la sociedad civil en la comisión, el oficialismo no ha querido tomarla en cuenta hasta el momento para su discusión.

Eso sí, los datos revelados por Delgado no puntualizan cuántos de esos casos fueron abiertos por las gestiones anteriores de la institución, tomando en cuenta que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía —que fue la que permitió que se judicializaran los casos— se conoció en 2016, por la anterior Sala de lo Constitucional .

En ese sentido, Delgado tampoco enumeró cuántos de esos casos y de los 213 que están en investigación se han abierto desde su imposición en el cargo, el 1 de mayo de 2021, cuando el Bukelismo destituyó al fiscal Raúl Melara.

Entre los casos mencionados por Delgado ya como "casos judicializados" se encuentran varios incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad; tal es el caso de la masacre del Calabozo, masacre de Las Hojas, el asesinato de periodistas holandeses, el derribamiento de un helicóptero por miembros de ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de los padres jesuitas y colaboradoras, el asesinato de dirigentes del FDR (Frente Democrático Revolucionario), la masacre del Río Sumpul, la masacre de San Francisco Guajoyo, masacre de El Mozote, ejecución sumaria de alcaldes del PDC, la bomba de FENASTRAS, y la masacre de la Zona Rosa, entre otros.

La ley

Luego, sobre lo relacionado a la elaboración de un proyecto de Ley de Justicia Transicional, Delgado enumeró una serie de obstáculos que los procesos han enfrentado, sobre todo por la dificultad de aplicación de normativa, tomando en cuenta que los delitos de lesa humanidad en cuestión fueron cometidos cuando estaban vigente otras leyes.

"Son hechos que suceden durante la vigencia de un determinado ordenamiento penal y procesal. Esos hechos están abarcados por una legislación de 1973 y 1974. Hay algunos que nunca fueron denunciados o que ingresaron a partir de los códigos de 1998", dijo Delgado ante la comisión.

El fiscal mencionó, además, que hay jueces que aplican el proceso penal pero no con la perspectiva de justicia transicional, por lo que eso dificulta la resolución de casos. Ante ello, Delgado también enfatizó en la necesidad de que la ley sea clara y precisa en el tema procesal, para que el desarrollo de los casos tenga un proceso claro y que no genere confusión ni en las víctimas que buscan justicia, ni tampoco en la parte judicial para la aplicación de la ley.

"La justicia en pocas palabras es que quien cometió el delito, que vaya a la cárcel. Si tratamos al menos de cumplir dos de esos cuatro pilares, que es la verdad y la justicia, ya el pueblo va a salir contento; porque ya reparación y no repetición, me imagino que es en el anhelo por el que estamos viviendo", expresó por su parte, Romeo Auerbach, diputado de GANA.

Luego de la participación del fiscal, la comisión recibió también la visita de la Agrupación Víctimas Demandantes, que también compartió opiniones, valoraciones y comentarios sobre el tema de los derechos humanos en el país y puntos que debería incluir una ley de justicia transicional.

"Queda en evidencia que una de las principales dificultades que implica buscar la justicia transicional es que los crímenes cometidos en ese momento, lo que procede es ocupar los procedimientos de 1974, los cuales no se ajustan a los principios y garantías que establece la Constitución actual", aseguró la diputada por Vamos, Claudia Ortiz.

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