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Fuerza Armada arremete contra FGR por indagar oficiales

El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada mostró ayer su enojo con la Fiscalía y la criticó por la investigación contra tres militares de alto rango vinculados al encubrimiento de torturas y exterminio. Ministro de Defensa dijo que son “acusaciones infundadas”. Fiscal negó los señalamientos y le pidió abrir archivos.
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Exceso, abuso de poder, actuaciones irregulares y arbitrarias. Con esos términos calificó el alto mando de la Fuerza Armada las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de tres jefes militares acusados de encubrir la tortura que cometieron ocho miembros del Ejército contra dos jóvenes en Apaneca, Ahuachapán, en junio de 2016.

“¿Se preguntarán por qué estamos reunidos todos los miembros del alto mando y sus comandantes?”, preguntó ayer el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien encabezó una conferencia de prensa montada en un salón del Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), donde estuvo acompañado de altos jefes de todas las unidades militares.

“Estamos aquí para criticar el abuso de poder, las irregularidades y las arbitrariedades en la actuación de la actual administración fiscal”, se respondió a sí mismo Munguía Payés.

“Estamos aquí para criticar el abuso de poder, las irregularidades y las arbitrariedades en la actuación de la actual administración fiscal”.
David Munguía Payés, ministro de Defensa

El ministro arremetió de esa forma contra la FGR por la captura, investigación y los allanamientos en las casas de los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo y del teniente Leonel Ascencio Sermeño, acusados de planificar un asesinato, intentar sobornar a jueces e intimidar a los dos jóvenes para que no declararan en contra de los militares que los torturaron, pero que finalmente fueron condenados a 14 años de prisión en abril de 2017.

En el proceso judicial de ese caso, se conoció que los militares se identificaron ante los jóvenes como miembros del Estado Mayor que habían llegado a Apaneca ese 3 de junio de 2016 para esclarecer el robo de un arma de fuego a un coronel. Privaron de libertad a los dos jóvenes, los trasladaron a un lugar baldío y los torturaron. La Fiscalía sostiene que Solano Cáceres, Iglesias Montalvo y Ascencio Sermeño confabularon para encubrir esa tortura.

La Fiscalía solicitó a un juez autorizar escuchas telefónicas a los tres oficiales porque supuestamente se enteró, por medio de una información anónima, que se asociaron con civiles para favorecer a los militares en el proceso penal.

Munguía Payés dijo que esos allanamientos en contra de “oficiales superiores que acusaron, sin argumentos ni sustento legal, de estar involucrados en planificar homicidios en contra de dos reconocidos mareros, destruyeron propiedad, intimidaron a los propietarios de las viviendas” y agregó que “se perdieron enseres importantes, joyas y dinero”.

Minutos antes, un miembro de la Fuerza Armada leyó el comunicado oficial del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada donde dejó claro: “Estamos convencidos de que las imputaciones que se les atribuían carecían de fundamento, y forman parte, según nuestros informes, de una política de acoso y persecución por parte de la actual administración de la Fiscalía hacia los militares”.

“(El ministro de Defensa) debería mejor facilitar y abrirse con buena disposición a compartir información o abrir pruebas o archivos para esclarecer las cosas”.
Douglas Meléndez, fiscal general de la República

Los militares insistieron en que se trata de “una política de acoso”, pese a que las escuchas telefónicas del caso pusieron en evidencia a los militares. El viernes pasado, una jueza especializada de Instrucción desestimó las escuchas como prueba porque la FGR las presentó fuera de tiempo. Sin embargo, decidió que los acusados continúen procesados por agrupaciones ilícitas pero en libertad y sin restricciones.

Fiscal pide apoyar investigación

El fiscal general, Douglas Meléndez, respondió ayer al ministro Munguía Payés al decir: “La FGR investiga hechos. Si en esos hechos aparecen personas particulares, policías, pandilleros, militares, funcionarios, políticos, etcétera, son procesados, eso es lo que ha ocurrido en este caso”.

Agregó que como Fiscalía continuarán con las investigaciones “sin ningún sesgo posible. Estamos investigando personas, repito, independientemente quién puede salir involucrado, creo que estamos haciendo nuestro trabajo en forma correcta, no sabemos si al final en una investigación aparecen particulares o aparecen policías o militares”, reiteró el titular de la FGR.

Además, le pidió al ministro no ponerse “a la defensiva” y que “debería mejor facilitar y abrirse con buena disposición a compartir información o abrir pruebas o archivos para esclarecer las cosas y no ponerse en una situación de esta índole tan cerrada de hacer cuerpo, no puede ser eso”, le dijo.

El fiscal agregó que al ampliar la indagación contra los jefes militares intervinieron algunos teléfonos y “en esas conversaciones por parte de algunas de esas personas que han sido procesadas, específicamente un coronel y también uno de los soldados que está condenado, prácticamente se aceptaba que pertenecían a un grupo de exterminio”.

Félix Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, reaccionó ayer a esa vinculación y dijo: “Dentro de nuestra institución no existen estructuras de exterminio. Son acusaciones infundadas e irresponsables que generan confusión e indignación en todos nosotros”.

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 militares de alto rango están siendo procesados por agrupaciones ilícitas porque supuestamente intentaron encubrir la tortura de dos jóvenes.

Fuerza Aérea se desliga de pandilleros
El viceministro de Defensa, Carlos Mena Torres, dijo ayer que cuando el fallecido exalcalde de Ilopango Salvador Ruano asistió a la Fuerza Aérea Salvadoreña “se hacía acompañar de su personal de seguridad, protocolo y prensa. La institución no puede especular que fueron o pertenecen a grupos al margen de la ley”.

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