Funcionario que no enfrente a prensa fracasa: APES

La APES aseguró que acciones del alcalde de San Salvador son muestras de abuso de poder de su parte. Dicen que recurrir a sistema judicial es la última opción.
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Abuso de poder reflejado en las recientes acciones de las que ha sido protagonista el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fue lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) pudo percibir. Además del exceso de poder, señalaron que está la polarización, pero consideraron que no son justificantes para bloquear el libre ejercicio del periodismo.

“Este tipo de acciones más parece que se enmarcan en el ámbito del abuso del poder y no tienen que ver quizá ni siquiera con ideologías ni colores políticos, porque lo hemos observado de parte de funcionarios de distinta índole, de distinto color político y de distinto nivel. Por eso lo vemos más como una actitud de abuso de poder en algunos momentos”, aseguró la gremial en un comunicado que difundieron ayer, el cual fue leído por el presidente Serafín Valencia.

Haber bloqueado el acceso de una periodista que atendió una convocatoria pública para una conferencia de prensa es un atentado contra el libre ejercicio de la profesión.

“Los funcionarios públicos no pueden establecer censura previa diciendo a quién se le da o no información, sobre todo cuando hay una convocatoria pública a una conferencia de prensa para dar información del quehacer público de una administración pública”, aseguró la APES.

Para la gremial, el hecho de que un alcalde amenace con interponer una demanda contra LA PRENSA GRÁFICA a raíz de publicaciones periodísticas representó un acto cuyo único fin era la intimidación. “Todo funcionario público, sea este de carácter municipal o de la administración central de un Gobierno, puede estar en su derecho de reclamar si se siente agraviado por una empresa periodística, pero debe seguir los canales adecuados antes de llegar a la vía judicial, tal como se advirtió recientemente. Un funcionario público puede activar la ley de rectificación y respuesta, ya que las demandas judiciales generan un efecto intimidador; la vía más próxima, inmediata y legítima puede ser la reactivación de la ley”, acotó la gremial en el documento.

Todo funcionario y entidad de carácter público están sometidos al escrutinio de la sociedad, de los medios, de la comunidad internacional, debido a la naturaleza de sus trabajos y a que manejan recursos que surgen de los impuestos de la población. Por ello, la APES señaló que los miembros del Estado deben estar conscientes de que en algún momento pueden ser objeto de señalamientos si se pone en duda el trabajo que hacen.

En este punto entran las habilidades de comunicación necesarias para manejar correctamente a los medios .

“El funcionario está obligado a responderle al periodista, y ahí depende de la habilidad del funcionario para dialogar con los medios cualquier que sea su ideología. Si el funcionario no puede enfrentar a la prensa, es problema de él; que le hagan cualquier pregunta y él sabrá cómo hacerlo, si el funcionario es un buen comunicador. Si no, va a fracasar ante la prensa. Por eso se dan este tipo de problemas, porque son incapaces de enfrentar a un periodista. Un funcionario inteligente enfrenta a la prensa”, dijo el representante del comité de ética de la asociación, Néstor Martínez.

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