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Funcionarios, familia y amigos en la trama

Familiares de Funes, exfuncionarios de su Gobierno y prestanombres fueron requeridos por el caso. La mayoría de los capturados serán procesados por lavado de dinero. Mañana será la audiencia inicial.
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Los únicos. Únicamente seis de los 31 vinculados al caso fueron detenidos. Ellos enfrentarán la audiencia inicial del caso mañana.

Los únicos. Únicamente seis de los 31 vinculados al caso fueron detenidos. Ellos enfrentarán la audiencia inicial del caso mañana.

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La red de corrupción del expresidente de la república Mauricio Funes se puede agrupar en categorías, de acuerdo con las funciones perfiladas por la Fiscalía: exfuncionarios de Gobierno, entre ellos facilitadores del Banco Hipotecario, exempleados de Casa Presidencial y militares del Batallón Presidencial; la familia política de Funes, sus exparejas y sus hijos; la red del empresario Miguel Meléndez (“Mecafé”); y sus encubridores en el proceso por enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la Fiscalía, entre todos ellos conformaron una red que lavó $351,035,400.49 del erario público. Los señalados fueron requeridos ayer ante el Juzgado Quinto de Paz, que realizará la audiencia inicial mañana.

Entre los funcionarios de Casa Presidencial vinculados está el ex secretario privado, Francisco Cáceres; el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas; el exdirector ejecutivo, Manuel Arturo Ayala; el exgerente financiero, Francisco Rodríguez Arteaga; el jefe de Presupuesto, José Armando Escobar; el jefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios; el jefe del Tesoro, Jorge Alberto Herrera; y el asistente técnico, Pablo Gómez; y la exsecretaria de Cáceres, Ana Elizabeth Coto. En la investigación fiscal consta que Francisco Cáceres se encargaba de solicitar las modificaciones presupuestarias al Ministerio de Hacienda para moverlas a los gastos reservados de la Presidencia. Esas modificaciones muchas veces fueron solicitadas a favor de la Secretaría de Comunicaciones y de gastos de Inteligencia. Luego de la solicitud, los técnicos aprobaban las transferencias y estas eran cobradas por Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Ana Elizabeth Coto (en menor cantidad).

Gómez y Rodríguez también están vinculados al caso de corrupción del expresidente Antonio Saca. Estaban detenidos desde 2016, cuando fue capturado Saca.

El fiscal general, Douglas Meléndez, junto al jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez, señalaron ayer que todas estas personas no han podido justificar millonarias cantidades de dinero que ingresaron en sus cuentas.

La investigación fiscal apunta a que $292,218,871.38 fueron retirados en efectivo desde el Banco Hipotecario, y que el entonces presidente del banco estatal Manuel Rivera Castro, uno de los detenidos, y el oficial de Información del banco, Joaquín Eduardo Cárdenas, omitieron notificar sobre los retiros de efectivo que hacía Pablo Gómez.

Según la Fiscalía, parte del monto total fue retirado también por exmiembros del Batallón Presidencial, entre ellos: Luis Miguel Ángel García y sus padres; William Eduardo Guzmán Arbaiza; y Luis Alfredo Maida, quien, según la investigación, fue el encargado de comprar al menos 80 armas para Funes por más de $200,000 con fondos públicos y luego donárselas por $1.

La Fiscalía también acusa como parte del aparato en Casa Presidencial a la ex primera dama Vanda Pignato por reportar gastos no justificados y retiro de miles de dólares. Junto a ella también serán acusados por lavado su exasesor, Nelson Antonio García Cerón; su hermana, Christina Pignato; y su cuñado, Thiago Carbajal.

La Fiscalía apunta a que, entre los 369 viajes de placer que hizo toda la familia y personajes cercanos a Funes durante su gestión, se encuentran decenas de paquetes de vuelos que se compraron a favor de la familia de Pignato en Brasil.

Junto a Pignato, para quien la Fiscalía no giró orden de captura, también están siendo acusadas por encubrimiento y lavado, respectivamente, las exparejas de Funes, Regina Cañas y Elvy Marina Paz; así como su actual compañera, Ada Mitchell Guzmán, quien es señalada por lavado.

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Según la investigación, Paz recibió miles de dólares en transacciones para cumplir con obligaciones familiares. El fiscal general dijo que Cañas mintió al decirle a la Sección de Probidad que recibió $95,000 de un préstamo girado por Luis Antonio Flores Mancía, quien aceptó ante Fiscalía haber recibido un carro valorado en $30,000 a cambio de figurar en el mutuo. La Fiscalía también incluyó en este grupo al representante legal de la empresa Agrosuministros, Jorge Alfredo Rodríguez.

La red se completa con Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, hijos del expresidente. Funes Cañas fue favorecido con viajes y dinero, mientras que Funes Velasco recibió un carro, según la Fiscalía.

Para la Fiscalía toda la red fue acuerpada por el empresario Miguel Menéndez, a quien acusan de lavar $9 millones, y que gestionó actos ilícitos para la construcción de una casa con el exdirector de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.

 

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