Funcionarios impuestos concretan aumentos de salarios superiores a los del presidente

Los magistrados de la Corte, el fiscal e incluso los titulares del ISSS comienzan a recibir desde este mes salarios superiores a los del presidente y el vicepresidente.

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Superiores. El salario de los titulares de la Corte, de la Fiscalía, del IAIP y del ISSS incluso son superiores a los del presidente y del vicepresidente de la República.

Superiores. El salario de los titulares de la Corte, de la Fiscalía, del IAIP y del ISSS incluso son superiores a los del presidente y del vicepresidente de la República.

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Significativos son los aumentos de salario que funcionarios impuestos por el oficialismo en instituciones claves del Estado concretaron para este 2022.

En la Ley de Salarios aprobada por la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal del 2022, y que está disponible en el portal de Transparencia Fiscal, es posible corroborar los incrementos salariales.

Los cambios son tales que incluso las remuneraciones de estos funcionarios superan a las que reciben el presidente y el vicepresidente de la República; el primero con un salario mensual de $5,181.72 y el segundo con uno de $3,916.58.

Los funcionarios que aseguraron incrementos en sus salarios de este año están en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Óscar López Jerez, impuesto en el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pasa de percibir una remuneración de $6,835.32 ($5,421.03 como sueldo y $1,414.29 en gastos de representación) a recibir a partir de este mes $7,035.32 ($5,621.03 de sueldo más $1,022.86 en gastos de representación).

El resto de magistrados de la Corte también tiene un incremento salarial, ya que hasta diciembre del 2021 recibieron $5,540.75 ($4,517.89 como sueldo y $1,022.86 por gastos de representación) y a partir de enero comienzan a percibir $5,740.75 ($4,717.89 como sueldo y $1,022.86 por gastos de representación).

En tanto, Rodolfo Delgado, impuesto como titular de la Fiscalía en mayo del 2021 y reelecto para otros tres años el pasado diciembre, deja de percibir un salario de $4,571.43 ($4,000 como sueldo y $571.43 por gastos de representación) y pasa a una remuneración salarial de $5,596.43 ($5,025.00 como sueldo y $571.43 en gastos de representación).

En cuanto al IAIP, el cambio sustancial es que a partir de este año los comisionados comienzan a recibir gastos de representación. De esa forma, el comisionado presidente, Ricardo Gómez, recibirá desde este mes un salario de $4,825 ($4,125 como sueldo más $700 por gastos de representación). Hasta el mes pasado su salario era de $4,125. Por su parte, el resto de comisionados recibirá una remuneración de $4,550 ($3,850 como sueldo y $700 de gastos de representación), hasta el año pasado su salario fue de $3,850.

Las máximas autoridades del Seguro Social concretan los siguientes aumentos salariales: Mónica Ayala, directora general del ISSS, pasa de un salario de $5,349.52 a uno de $7,143.36; el cargo de subdirector general del Seguro deja de percibir un salario de $4,859.14 y comienza a recibir $6,180.91; también los dos cargos de subdirectores pasan de un salario de $3,823.50 a uno de $4,414.36.

¿Ley de responsabilidad?

De manera explícita, la actual administración del Gobierno de El Salvador (GOES) no ha tomado ninguna medida para regular las remuneraciones que reciben los funcionarios, pese a los problemas financieros que manifiestan tener, como parte de los efectos de la pandemia de covid-19 y la cuarentena y cierre de actividades comerciales que vivió el país, y de los que dicen estar en recuperación.

En administraciones presidenciales anteriores hubo intenciones y acuerdos ejecutivos que regulaban este tema, pero todos fenecían con la finalización del período en cuestión.

Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que aún está vigente, hace énfasis en la necesidad de que haya cierto control en el rubro de remuneraciones. De hecho, en el artículo 10 de la ley, está planteado que en un período de 10 años el Estado debe ejecutar medidas que garanticen el cumplimiento de metas de sostenibilidad fiscal. "Después del período de Consolidación Fiscal, los gastos corrientes no deben ser mayores al 18.5% del PIB. Con ese propósito, los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios no podrán crecer más allá del crecimiento del PIB Nominal", dice el literal c, del mencionado artículo.

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