Funes a juicio por posible enriquecimiento ilícito

Nueve magistrados de la Corte Suprema creen que hay indicios de enriquecimiento no justificado. El exmandatario cuestionó que no valoraran sus pruebas de descargo.
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El expresidente de la República Mauricio Funes deberá justificar, ante una Cámara de lo Civil de San Salvador, un incremento patrimonial de más de medio millón de dólares. Esto, luego de que nueve de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaran a favor de enviarlo a juicio civil, por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Los magistrados que levantaron su mano ayer para ordenar el juicio llegaron a la conclusión de que “existen fuertes indicios de enriquecimiento ilícito”, según fuentes internas de la institución.

La Sección de Probidad de la CSJ realizó una auditoría al patrimonio de Funes y encontró que el exmandatario no había logrado justificar ingresos por $728,329.74 con sus declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones. El pasado viernes, Funes presentó documentación para tratar de justificar el monto y desvanecer los hallazgos de Probidad.

Funes, de acuerdo con los resultados de esa auditoría, pudo salir de deudas y hasta ahorrar en su administración. Probidad concluyó en su examen que el expresidente gastaba más de lo que ganaba, saldó deudas por $221,124, adquirió vehículos sin retirar dinero de sus cuentas bancarias y que uno de sus hijos compró vehículos por $118,600.

Fuentes de la CSJ explicaron que uno de los hallazgos que sí pudo aclarar el exfuncionario es el relacionado a los pagos que le hizo una empresa, pero deberá enfrentar el proceso civil por unos $500,000.

El expresidente, sin haber recibido ayer la notificación formal de la resolución de los magistrados, salió al paso de la decisión y cuestionó que la Sección de Probidad de la Corte se tomó poco tiempo para someter el caso a estudio de los magistrados.

“En menos de 24 horas y sin el debido análisis e investigación de estas pruebas volvieron a elevar a Corte Plena mi expediente, con la orden dada por mentes perversas de condenarme a como dé lugar. En el documento que envié demostré el origen lícito del incremento en mi patrimonio mientras fui presidente y que es mucho menor a lo señalado por Probidad”, se defendió el exmandatario.

Fue el mismo Funes quien difundió a través de redes sociales la decisión que habían tomado los magistrados, porque hasta ayer por la tarde la resolución final todavía no tenía las firmas de los nueve magistrados que votaron a favor (vea detalle en recuadro). De hecho, los magistrados consultados acerca de la decisión dijeron que todavía no podían dar detalles, porque el fallo todavía no estaba listo y la Sección de Probidad debía solventar algunas observaciones.

Probidad concluyó inicialmente que el expresidente de la República “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo, los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014, en sus cuentas bancarias, suman en total de $150,323.31, los cuales no se justifican con los ingresos reportados al Ministerio de Hacienda”.

“Presenté mutuo de préstamo personal a una empresa que se dedica entre otras cosas a este giro, por medio del cual consolido deudas personales”, dijo Funes ayer, en reacción por la decisión de la Corte.

El expresidente, quien hizo énfasis en que no tomaron en cuenta sus pruebas de descargo, aseguró que presentó un libro de ingresos que supuestamente obtuvo durante la campaña de las elecciones de 2009, cuando compitió por la presidencia; fondos que, según él, le permitieron “pagar compromisos personales y otros derivados de la campaña misma”.

La notificación

La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) informó, por su parte, que la decisión de aprobar el inicio de un juicio civil contra Funes, por sospechas de enriquecimiento ilícito, fue adoptada antes del mediodía.

Según el CJIM, la Corte aún no ha terminado de elaborar los escritos de remisión del caso hacia la Cámara de lo Civil que depurará el expediente. El CJIM añadió que el juzgado responsable podría no necesariamente ser la Cámara Segunda de lo Civil, que actualmente lleva los juicios civiles por enriquecimiento ilícito contra el diputado de Chalatenango Reynaldo López Cardoza, y el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa.

La resolución de qué Cámara conocerá el caso de Funes podría hacerse pública a finales de esta semana, o incluso, inicios de la otra, según el CJIM.

Los magistrados votaron a mano alzada antes del mediodía, en la sesión ordinaria de ayer, e hicieron las observaciones a Probidad. Por la tarde, esa oficina les envió el informe corregido, para reunir las nueve firmas y luego proceder a certificarlo.

Uno de los magistrados que confirmó el juicio civil se preguntó cómo se había enterado, e inmediatamente pronunciado, el expresidente Funes ,cuando aún no estaba lista la resolución.

otros casos

“Esta es una clara ‘vendetta’ política a la que se están prestando algunos magistrados de la CSJ, por las denuncias de corrupción que siendo Presidente de la República promoví en contra de exadministraciones del partido ARENA”, se defendió el expresidente.

Sin embargo, él no es el único exmandatario auditado por Probidad, aunque sí es la primera auditoría patrimonial de un expresidente que desemboca en un juicio civil por sospechas de enriquecimiento ilícito. La Sección de Probidad también estaba revisando las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Antonio Saca y Francisco Flores Pérez (ya fallecido).

Probidad tiene hasta el próximo 23 de febrero para entregar los resultados de las auditorías de los patrimonios de los tres expresidentes (Flores, Saca y Funes) a la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), tal como se lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Los tres son parte de la lista de 29 funcionarios y exfuncionarios, cuyos patrimonios están siendo auditados por Probidad. Entre estos también hay diputados y alcaldes de todos los partidos políticos, y también exjueces. Hasta el momento los casos que han sido remitidos a juicio son de un diputado y un un ex director ISSS.

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