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Funes entregó $2.8 millones a Polistepeque por publicidad sin licitación

La administración Funes determinó que Polistepeque fue la única empresa entre siete que tenía como razón social ser “productora” y por ello obvió licitar.
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La empresa Polistepeque, del asesor de la campaña presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), Joao Cerqueira de Santana Filho, facturó entre el 15 de mayo de 2010 y el 15 de agosto de 2011 un total de $2.8 millones provenientes de la Presidencia de la República, por brindar servicios de publicidad para 11 instituciones de Gobierno dentro de la administración Funes.

En una versión pública sobre contrato y prórroga que se firmó entre el gobierno de Mauricio Funes y la empresa Polistepeque, se establece que el contrato original comprendió desde el 15 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2010, es decir, siete meses con 15 días por un monto de $1,400,000.

Sin embargo, por una facilidad que permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) cuando hay entera satisfacción de los servicios prestados por una empresa contratista, se puede obviar el concurso público y se puede firmar una prórroga del contrato, siempre que sea bajo los mismos parámetros del contrato original.

Precisamente fue el caso de Polistepeque, cuya prórroga de contrato se acordó que entrara en vigor desde el 1.º de enero hasta el 15 de agosto de 2011, es decir, otros siete meses con 15 días, y con el mismo monto por el servicio de publicidad: $1,400,000, por lo que se erogó un total de $2,800,000 en 15 meses.

Esta versión pública fue difundida por la Presidencia de la República actual, en atención a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó liberar los documentos del período pasado.

Las observaciones que hacen los abogados peticionarios de esa información pública indican que podría haber irregularidades en los mecanismos utilizados por la Presidencia de la República para la contratación de Polistepeque.

En primer lugar, el hecho de que la contratación se hizo de una forma centralizada para un total de 11 instituciones, cuando cada una de las entidades de Gobierno debió haber hecho, por aparte, su propio proceso licitación.

Las instituciones para las que Funes firmó el contrato fueron la Presidencia de la República con sus secretarías de Comunicaciones e Inclusión Social y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (extinto), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y sus viceministerios de Transporte y de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Popular, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

“Han obviado el cumplimiento de la LACAP ya que cada institución de las 11 que se mencionan acá debió haber realizado las contrataciones a través de sus respectivas UACI y por licitación. Revisando al ISSS, no hay información sobre la contratación de Polistepeque o para agencias de publicidad”, dijo ayer la abogada Xenia Hernández, uno de los solicitantes de esa información.

Hernández también indicó que la LACAP es clara en los casos exclusivos en que se puede recurrir a una contratación directa, y entre ellos está que antes de una contratación de este tipo se declararán desiertas dos licitaciones públicas, entre otras condiciones. Sin embargo, como indicó la abogada, la Presidencia no llevó a cabo ninguna licitación pública y se dedicó a hacer un “estudio” de siete empresas, aunque en realidad fue una revisión de constituciones de sociedad que se encuentran en el Registro de Comercio.

En ese “estudio”, se constató que Polistepeque, en su apartado de finalidad de la empresa, incluía la expresión “prestación del servicio de agencia de publicidad, producción y comunicación”, como justo lo buscaba la presidencia de Funes, según los requerimientos establecidos por la casa de gobierno. Y a pesar de que Polistepeque carecía de la experiencia que también requería la Presidencia (fue constituida en 2009, un año antes del contrato), Funes decidió que la empresa del asesor de su campaña presidencial en 2008 debía llevarse la publicidad de 11 instituciones de su gobierno, sin hacer antes un concurso público.

En su momento, representantes de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP) hicieron reclamos expresos a Funes para que anulara el contrato con Polistepeque, por tener visos de ilegalidad, y que abriera a licitación pública el contrato para la publicidad de la Presidencia. Funes ignoró.

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