GOES SOLICITA 10,000 REOS PARA TRABAJAR

El vicepresidente de la República anunció que esta semana solicitarán esa cantidad de reos para trabajos públicos. Seleccionarán reos de baja peligrosidad para que trabajen en seis ministerios. Harán limpieza, construcciones, etc.
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El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, reveló ayer que en el transcurso de esta semana convocará a seis instituciones del Estado, para darles a conocer un plan de trabajo que involucrará a 10,000 privados de libertad, como parte de las medidas extraordionarias de seguridad que se implementan en el país desde finales de marzo.

La medida, a su vez, forma parte de la enmienda al artículo 105-A de la Ley Penitenciaria, con la que se buscará una reducción de pena a reos de mínima peligrosidad que decidan entrar voluntariamente a los centros de detención menor, y en la cual se excluye a reclusos que son miembros de pandillas.

El vicepresidente informó que los reos realizarán un trabajo permanente, de lunes a viernes, en las diferentes áreas que les sean asignadas por seis ministerios públicos, entre los que mencionó Obras Públicas, Medio Ambiente, Gobernación (a través de Protección Civil), Educación y Salud.

“Vamos a convocar a seis instituciones que son las más grandes, las más fuertes, para poder hacer ya la presentación de un plan de demanda de estos 10,000 privados de libertad que les va a corresponder trabajar en tareas de necesidad pública; por ejemplo, en reforestación, en limpieza de quebradas, en todas las tareas de obras públicas, en abrir caminos, en contribuir a terminar carreteras, en instalaciones públicas, y entre ellas los centros temporales que ya comenzamos a hacer”, detalló el vicepresidente de la República.

Ortiz recordó que a los privados de libertad se les descontará dos días de pena por cada uno de trabajo y solo podrán optar a este beneficio los que son de baja peligrosidad, que no hayan sido condenados por delitos graves, ilícitos ligados al tema del crimen, extorsión agravada o violación.

“Insisto, aquí no están los que tenemos concentrados en los siete centros penales más peligrosos y no están tampoco aquellos que todavía representan una amenaza o un peligro para la sociedad salvadoreña”, aclaró el funcionario, quien añadió que los reos que se verán beneficiados con esta medida “tendrán claro que quien cometa algún tipo de fallas regresará al sistema tradicional y perderá cualquier tipo de beneficio”.

El vicepresidente mencionó, además, que este plan va en dirección de disminuir no solo el hacinamiento en el interior de los centros penales, sino también de hacer un sistema penitenciario que permita la rehabilitación, como en otras partes del mundo.

El funcionario también dejó claro que los 10,000 privados de libertad que tomarán parte en estos trabajos públicos de beneficio para la sociedad no utilizarán brazaletes electrónicos, porque recalcó que estos dispositivos son para los reos con “semilibertad o libertad asistida”.

De igual forma, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió al tema de los privados de libertad que serán seleccionados para trabajos en infraestructura pública, así como a los tres centros temporales de detención que están construyendo. Sobre esto último el ministro dijo: “Esta nueva infraestructura que es de carácter temporal va a ser financiada con los recursos que se aprobaron la semana pasada ($152 millones). Una vez recibidos se va a iniciar la gestión para poderlas habilitar”.

Los centros de detención temporal estarán ubicados en Izalco (Sonsonate), Zacatecoluca (La Paz) y Mariona (San Salvador), donde actualmente funcionan tres penales. Sin embargo, planean construir 10 recintos, para lo cual invertirían $12 millones.

El ministro Ramírez Landaverde aseguró que cada uno de estos sitios costará alrededor de $3 millones cada uno y que para la construcción se hará uso de los mismos presidiarios.

Además, el titular de Seguridad explicó que los 10,000 internos de baja peligrosidad que serán puestos a trabajar serán repartidos en dichos lugares provisionales de detención. “Se colocarán 3,300 reos por cada centro”, confirmó Ramírez.

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