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GOES: medios exageran sobre desplazamientos

Acompañado por ACNUR, el Gobierno presentó un informe, ad hoc a su discurso, que minimiza el fenómeno.
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El Gobierno presentó ayer un informe sobre desplazamientos forzados a causa de la violencia, un fenómeno que prefieren llamar movilidad interna. Una de las conclusiones de la investigación fue que el fenómeno no es tan caótico, y que la situación no es como la plantean los medios de comunicación, que han documentado casos de familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por amenazas.

“Solo el 1 % abandonó sus hogares por violencia. La movilidad interna a causa de la violencia no es como los medios de comunicación lo pintan. No es caótica. No es que aquí hay una guerra declarada”, valoró Evaristo Hernández, titular de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).

La DIGESTYC entrevistó a 41,000 personas, de las cuales 450 aseguraron que abandonaron sus hogares entre 2006 y 2016 por la violencia.

La presentación del informe fue acompañada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El año pasado, el representante de ACNUR en El Salvador, Agni Castro Pita, negó que el desplazamiento forzado por violencia sea un problema masivo. Contrario a la relatora especial de desplazamiento forzado de ONU, Cecilia Jiménez, quien dijo, en su visita al país en agosto pasado, que las autoridades lo reconocían de manera “insuficiente”.

El informe presentado ayer revela que de las 450 personas desplazadas, el 69 % huyó de sus hogares por amenazas y el 24 % por extorsión. Saúl Carballo, también de la DYGESTIC, mantuvo el discurso minimizando el fenómeno y dijo que los entrevistados desplazados “abandonaron su vivienda por prevención”.

El informe revela que Soyapango, Ilopango, San Miguel, Santa Ana y San Salvador son las zonas donde hubo más desplazados. Los datos del Gobierno distan de los recabados por CRISTOSAL, una ONG que monitoriza el problema. Solo en 2017, CRISTOSAL documentó que 638 personas, que eran parte de 146 familias, sufrieron desplazamiento forzado.

Celia Medrano, de CRISTOSAL, criticó ayer la postura del Gobierno: “Persiste el Estado en no reconocer el desplazamiento interno por violencia. Al continuar no reconociéndolo, tenemos un resultado sesgado”.

Este periódico ha publicado historias de familias que abandonaron sus viviendas y no retornaron. “Un caso como el de las familias en Caluco. Se le dio apoyo y poco a poco se logró el regreso total ”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez.

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