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GOES no permitirá armas a comunidades

El consejo de seguridad y el director del IDHUCA coinciden en que no se debe permitir armar a la población civil.
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Representantes de la Presidencia de la República dijeron ayer que el Gobierno no permitirá a las comunidades organizadas adquirir armas para convertirse en autodefensas de sus territorios. Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y el director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) también dijeron que sería un error permitir la portación de armas a los civiles organizados. Uno de los argumentos para rechazar las armas es que entre más armas circulen, más homicidios ocurrirán.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo, por su parte, que armar a la población generará más conflictos sociales.

“¿Qué va a ocurrir si con esos problemas sociales que tenemos le agregamos el ingrediente de darle armas a civiles? Lo que vamos a tener es que vamos a multiplicar los problemas de violencia intrafamiliar, de violencia comunitaria”, dijo Chicas.

El vocero presidencial también aclaró que el Gobierno no está en contra de la organización comunitaria para desarrollar proyectos comunales, solo en contra de la portación de armas en estas.

Chicas consideró que la propuesta de armar a las comunidades obedece más a “intereses políticos y electorales” que a una estrategia de seguridad y destacó que los civiles no deben “tomar la justicia en sus propias manos, porque para eso está la Policía Nacional Civil (PNC), que coyunturalmente cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada”.

El comisionado presidencial para la seguridad, Hato Hasbún, dijo que es “enemigo de la portación y tenencia de armas” en las comunidades. Agregó que todos los miembros del CNSCC deben sumarse al debate.

La diputada Nidia Díaz, quien también es miembro del CNSCC, recordó ayer que desde los Acuerdos de Paz quedaron proscritas las autodefensas.

“Cuando firmamos y suscribimos la paz, en los acuerdos quedaron proscritas las defensas civiles, los patrullas cantonales, los escuadrones de la muerte y el gran debate fue de desmilitarizar a la sociedad”, recordó.

La procuradora para los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, observó que aunque los civiles tengan buenas intenciones, armarse podría ser contraproducente.

“El tema de la autodefensa no está vedado totalmente por una ley, yo creo que en nuestro país todavía no logramos superar ciclos de violencia. Entonces esto de armar a toda la población creo que es delicado y por eso es importante que funcione la institucionalidad”, dijo la procuradora.

El director del IDHUCA, José María Tojeira, dijo que sería un error armar a la población civil.

“Cuantas más armas hay en la calle, más homicidios se cometen. El 80 % de los homicidios en el país se comete con armas de fuego. Algunos son accidentales, niños que juegan con armas y se les disparan, entre otros. Aumentar el número de armas en la calle sin el control que tiene la policía es aumentar el número de homicidios”, dijo Tojeira.
 

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