GOES pide aval para cárceles temporales y depuración exprés

Estas acciones de la primera medida excepcional pretenden recuperar el control de los centros penales. Las medidas podrían ser aprobadas hoy por la Asamblea.
Enlace copiado
GOES pide aval para  cárceles temporales y depuración exprés

GOES pide aval para cárceles temporales y depuración exprés

GOES pide aval para  cárceles temporales y depuración exprés

GOES pide aval para cárceles temporales y depuración exprés

Enlace copiado
Suspensión inmediata de custodios y empleados de centros penales que sean sorprendidos en alguna falta que afecte la administración penitenciaria y la habilitación de centros temporales de reclusión son dos de las medidas que el Gobierno pidió ayer a la Asamblea Legislativa, dentro del paquete propuesto como parte de las primeras medidas excepcionales ante el incremento de la violencia.

Esta iniciativa de ley sobre disposiciones especiales transitorias y extraordinarias hace énfasis en el sistema penitenciario, porque “desde hace varios años, probablemente desde 2004, se ha perdido el control de los centros penales y por eso son necesarias estas medidas para volver a tomar el control y trabajar en la rehabilitación”, según reconoció ayer el director de Centros Penales, Rodil Hernández.

El director, además, coordinó el martes pasado la declaratoria de estado de emergencia en siete penales y el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quezaltepeque para aplicarles un régimen de mayor rigurosidad, con el fin de aislarlos para que no giren órdenes de cometer masacres, homicidios y extorsiones.

El descontrol que la Dirección de Centros Penales ha tenido en estos años, según reconoció el mismo director Hernández, ha permitido que una de las consecuencias sea que en amotinamientos los internos asesinen a otros internos, como en agosto de 2015 que las autoridades encontraron a 14 internos asesinados en el penal de Quezaltepeque. A lo anterior se suma que el presidente de la República ha informado, y consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que desde los centros penales se han ordenado masacres y ataques a policías.

Ante esto, según explicó ayer el director Hernández y el ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el primer paso para recuperar el control de los centros penales es realizar una depuración de los funcionarios penitenciarios implicados en corrupción. Para lograr la depuración, la medida excepcional concederá al director de Centros Penales la potestad de suspender inmediatamente, sin goce de sueldo, a cualquier empleado penitenciario por encontrar indicios que ameriten un proceso de destitución de acuerdo con lo establecido en la Ley Penitenciaria.

El director Hernández también explicó que el hacinamiento en los penales es otra de las razones por las que ha sido difícil retomar el control. Las 22 cárceles del país tienen capacidad para aproximadamente 10,100 internos, pero actualmente hay 33,000. Por eso, otra de las acciones propuestas en la medida excepcional es que el director de Centros Penales tenga la potestad de contratar directamente, sin pasar por un proceso de licitación, bienes y servicios para ampliar o remodelar los centros penales.

El decreto les permitirá habilitar y construir, en terrenos que pertenecen a la DGCP, centros temporales de reclusión. “Estos centros temporales serán construcciones rápidas para reos de menor peligrosidad”, comentó el director Hernández.

De acuerdo con el funcionario, todos los internos de menor peligrosidad que sean llevados a los reclusorios temporales ayudarán a descongestionar los penales.

Otra de las acciones contempladas en la medida excepcional es que por un plazo de 30 días quedarán suspendidas las audiencias judiciales que requieran la presencia de los privados de libertad. El plazo podría prorrogarse hasta que Centros Penales termine de realizar las adecuaciones de la infraestructura penitenciaria y los procedimientos para garantizar el régimen de rigor y control de los penales.

El traslado de reos a las audiencias quedaría suspendido durante un año, mientras esté vigente el decreto de esta primera medida excepcional. Las audiencias tendrán que realizarse de forma virtual o en los centros penales. La iniciativa contempla que se congelen plazos procesales, debido a que la ley actual establece que una persona no puede pasar más de 24 meses sin que se defina su situación jurídica.

“En esto queremos hacer un llamado a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para que colaboren con Centros Penales y que se puedan realizar las audiencias virtualmente”, dijo el ministro Ramírez Landaverde.

Entre las acciones de la primera medida excepcional también se encuentra que el ministro de Seguridad tendrá toda la potestad para adoptar medidas necesarias que aseguren el corte de tráfico de telecomunicaciones. Las medidas que puede tomar, con la previa opinión técnica del superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, es disponer la reubicación de las antenas e infraestructura de empresas telefónicas que se nieguen a anular la señal en los centros penales.

La empresa Telefónica se pronunció ayer diciendo que las acciones extraordinarias “afectarán a nuestros clientes, pero confiamos en que con esto contribuyamos positivamente a contener los índices de violencia en el país”, de acuerdo con un comunicado que emitió.

La empresa, de origen español, también invitó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que “en conjunto identifiquemos todas aquellas medidas efectivas que nos permitan cumplir con lo requerido y que estén a nuestro alcance tecnológico”.

Mil reservistas para combatir criminalidad

Una acción paralela a las medidas dentro de los centros penales es la convocatoria de 1,000 reservistas de la Fuerza Armada para apoyar en tareas de seguridad en los perímetros de los centros penales. El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo ayer que ya están ubicados los reservistas, pero que el Ejecutivo aún no le han informado cómo van a financiar los pagos de estos militares.

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que el monto para financiar a los reservistas, por un periodo de cuatro meses, podría ascender a los 10 millones de dólares que serían sacados de ahorro presupuestario.

Tags:

  • centros penales
  • medidas extraordinarias
  • seguridad
  • violencia

Lee también

Comentarios

Newsletter