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GOES prepara reforma para perpetuar medidas extraordinarias

Ministro de Seguridad justifica que falta de recursos retrasó depuración de ilícitos en penales. Gobierno dice que habrá más efectividad con carácter permanente.
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Las autoridades de Seguridad Pública impulsan una reforma legal para no depender del aval de los jueces para algunas decisiones en los centros penitenciarios. Se trata, además, de darle carácter permanente a algunas de las medidas que fueron aprobadas desde el año pasado por la Asamblea Legislativa.

“Estamos trabajando en una serie de normas que deberían ser incorporadas en la ley no solo de carácter temporal, sino permanente. Por ejemplo, que la autoridad administrativa pueda disponer de restricciones sin esperar el aval de los jueces, como en los estados de emergencia”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

El ministro le adelantó a LA PRENSA GRÁFICA que se trata de reformas al Código Procesal Penal, Ley Penitenciaria y el Código Penal para perpetuar varias medidas que buscan regular las operaciones de pandilleros recluidos en centros penitenciarios, que por ahora están contempladas en un decreto transitorio.

El decreto, que fue aprobado el primer día de abril de 2016, permite habilitar centros temporales de reclusión, el traslado de privados de libertad entre los distintos centros penitenciarios y granjas penitenciarias, la restricción o limitación del desplazamiento de los privados de libertad a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales. También establece la restricción de toda clase de visitas a los privados de libertad o la suspensión de estas durante el tiempo que sea necesario.

Las autoridades llamaron medidas extraordinarias a ese paquete de disposiciones temporales aprobadas con vigencia de un año, pero que fueron prorrogadas en abril pasado. El Ministerio de Seguridad promueve que estas medidas, que surgieron tras la masacre de 11 trabajadores en Opico en marzo del año pasado, han incidido en la reducción de homicidios. En 2016 hubo una disminución del 20.7 %, según los datos que presenta Seguridad en un informe del último año de trabajo . “Eso nos hizo pasar de una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes a 81. Lo que representa una reducción de más de 20 puntos en la tasa”, aseguró el ministro. La tendencia a la baja, de acuerdo con las autoridades, se mantiene en los primeros cuatro meses de este año.

El ministro dijo que el año pasado la falta de recursos financieros provocó el atraso de acciones como la revisión minuciosa de los seis centros penitenciarios destinados a albergar a pandilleros. “Más adelante, en julio, se aprueba el presupuesto de los $152 millones. Eso fue varios meses después de haberse aprobado las medidas. Entonces inició la venta de bonos y luego estaban disponibles los recursos. Eso fue en septiembre, significa que las medidas son de abril; pero los recursos estuvieron destinados hasta septiembre de 2016”, justificó el funcionario.

Esa carencia, de acuerdo con la versión del titular de Seguridad, provocó ir a cuentagotas con las requisas en los centros de resguardo hasta que el 24 de marzo pasado, pandilleros detonaron una granada de elaboración artesanal dentro del Centro de Cumplimiento de Penas de Ciudad Barrios (San Miguel). Ese atentado provocó lesiones graves en los pandilleros Wilson Tejada Erazo y Marlon Vladimir Santamaría. Según versiones policiales, la explosión ocurrió en el sector 1 del penal, cuando un grupo de pandilleros que estaba en la celda 3 cortó los barrotes y salió para tirar el explosivo a los reclusos de la celda 1. Tras el incidente, las autoridades encontraron $18,525 en efectivo, celulares y hasta un panel de energía solar.

“De estos ilícitos ya se tenía información desde antes, había información que se construyeron depósitos a lo largo de mucho tiempo. El estado en que se encontraron indica que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo”, respondió Landaverde a las críticas de por qué pandilleros mantenían esos objetos dentro de un centro penitenciario después de un año de vigencia de las restricciones impuestas en los penales con las medidas extraordinarias.

El Gobierno también baraja una reforma legal encaminada a suavizar el trato a los agentes de seguridad involucrados en enfrentamientos armados que terminan con víctimas mortales. “El uso de fuerza, incluyendo fuerza letal, ya está regulado en la Constitución y las leyes; pero toda iniciativa que vaya encaminada a darle mayor protección a la Policía y Fuerza Armada es positiva como el cambio en cuanto al sobreseimiento provisional y definitivo. Le da más seguridad a los miembros de la Policía. Antes los jueces de Paz no estaban facultados para sobreseer en este tipo de casos y ahora sí lo están. Sería importante continuar en ello”, dijo Ramírez Landaverde.
 

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