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Gobierno utilizó préstamos de forma ilegal

Más de cien millones de dólares fueron desviados de forma ilegal entre 2014 y 2015. La CCR mantuvo la irregularidad pese al descargo presentado por el Ministerio de Hacienda. Técnicos señalan que es estrategia del Gobierno para tener liquidez.
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Gasto. El gobierno central ha dicho que el problema de liquidez es producto del pago de deuda de otros gobiernos.

Gasto. El gobierno central ha dicho que el problema de liquidez es producto del pago de deuda de otros gobiernos.

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Una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) al Ministerio de Hacienda reveló que, entre 2014 y 2015, el Gobierno de El Salvador utilizó de manera ilegal más de $100 millones provenientes de préstamos internacionales destinados a proyectos previamente pactados.

La ilegalidad señalada por la Corte consiste en que los convenios internacionales, de al menos 19 préstamos, establecieron que los desembolsos se harían a una cuenta especial en el Banco Central de Reserva (BCR) o en un banco comercial de mutuo acuerdo con el acreedor, y desde ahí saldrían todos los pagos del proyecto. Sin embargo, el gobierno recibió los desembolsos de los créditos y los movió hacia cuentas subsidiarias u otras cuentas destinadas al pago de erogaciones diferentes a lo pactado.

“La deficiencia ocasiona que se pierda el rastro de los recursos del préstamo al ser depositados en cuentas bancarias en las que se depositan otros fondos, por lo que se incrementa el riesgo de que exista falta de transparencia en su uso y no sea posible detectarlo. Asimismo, existe incumplimiento del contrato por lo que incrementa el riesgo de que este sea suspendido por el organismo acreedor”, señalaron los auditores en su informe publicado el año pasado, en el que señalan como responsable de la ilegalidad a la División de Administración de Egresos.

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado establece en su artículo 70 cuál será el mecanismo para el manejo de los cuentas públicas. En esa normativa se fija la Cuenta Corriente Única del Tesoro Público para recibir “todos los recursos financieros provenientes de cualquier fuente que alimente el Presupuesto General del Estado y los fondos especiales”. Esa cuenta principal está conformada por una cuenta a cargo de la Dirección General de Tesorería y por cuentas subsidiarias a cargo de unidades financieras de las instituciones que dependen del Presupuesto General del Estado.

La ley dicta que las únicas cuentas públicas no vinculadas a la Cuenta Única del Tesoro Público son “las cuentas corrientes que deban mantenerse o ser abiertas en función de lo que se acuerde mediante convenios internacionales”. La Corte de Cuentas estableció que dicha ley fue obviada por los técnicos del Ministerio de Hacienda en varios casos.

¿En qué casos?

Por ejemplo, en 2014, Hacienda movió $8,815,375.76 provenientes del desembolso de un préstamo internacional pactado para un proyecto específico hacia la cuenta “MH-Transferencias y Obligaciones Generales del Estado”, desde donde se subsidia la actividad de 28 entidades del gobierno central. Aparte de mover el dinero hacia pagadurías de algunas instituciones del Ejecutivo, en 2014 Hacienda también desvió $134,593.02 de préstamos internacionales hacia la “Cuenta Institucional y Subsidiaria del Tesoro Público”, cuenta que, por ejemplo, durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca sirvió para gastos reservados que culminaron en un proceso judicial por lavado de dinero.

Los técnicos de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda respondieron a los auditores admitiendo que movieron dinero a cuentas distintas a las creadas para el manejo de los préstamos en el marco de un “proceso de modernización” de la Dirección General de Tesorería iniciado en 2013, el cual permite la transferencia de fondos por medio del BCR hacia cuentas de proveedores y servicios. Los burócratas también aseguraron que nunca se atrasaron con los proveedores de los proyectos y afirmaron que en el texto de los convenios citados en el informe no se establece una normativa específica para la transferencia de los fondos. Pese a esa respuesta, los auditores de la CCR decidieron ratificar que Hacienda incurrió en una irregularidad porque los convenios internacionales se convierten en ley de la República, y aunque se crearon las cuentas especiales para el manejo de los préstamos, el dinero no fluyó en esa dirección.

Hacienda no concedió una entrevista para explicar los desvíos. Técnicos consultados por LA PRENSA GRÁFICA coincidieron en que lo señalado por la CCR es un recurso que usa el gobierno central para afrontar la crisis de liquidez. El Gobierno ha reconocido desde años atrás que en varios meses ha tenido una crisis de falta de fondos. Para solventar esta situación la ley establece que el Ejecutivo puede emitir deuda de corto plazo por hasta un 40 % del Presupuesto General. Cuando este dinero se agota, el Ejecutivo solicita a la Asamblea que pague esa deuda con préstamos a largo plazo, para poder seguir teniendo la posibilidad de endeudarse en el corto plazo. En 2014 y 2015, años en los que se hicieron los desvíos, la deuda a corto plazo rondó los 800 y mil millones de dólares.

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millones de dólares recibió el gobierno central por desembolsos de préstamos internacionales para proyectos específicos durante 2015.
72.2
millones de dólares recibió el gobierno central por desembolsos de préstamos internacionales para proyectos específicos durante 2015.

GOES no responde
LA PRENSA GRÁFICA solicitó durante tres semanas una entrevista con los técnicos relacionados con el caso a través de la encargada de comunicaciones del Ministerio de Hacienda, Vilma Chávez; al cierre de esta nota el Ministerio de Hacienda no autorizó la entrevista para conocer qué obligación del Estado cubrieron los fondos señalados por la auditoría. 
El ministro Carlos Cáceres tampoco contestó a una consulta directa.

27 de abril de 2017 Informe de la CCR Los auditores mantuvieron el hallazgo pese a los argumentos de los técnicos de Hacienda. El dinero fue desviado de forma ilegal, concluyeron.

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