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Gerente general de CEPA mintió sobre su citatorio judicial por dos delitos

Emérito Velásquez dijo desconocer del proceso judicial en su contra. La resolución de la jueza de Paz lo desmiente: el gerente envió un documento para excusarse de ir al juzgado.
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El gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Emérito Velásquez Monterroza, mintió al decir que desconocía acerca de un proceso judicial en su contra, en el que al funcionario se le acusa de dos delitos: usurpación de inmuebles y hurto, que fueron presuntamente cometidos cuando Velásquez era miembro de ALBA Alimentos.

“Yo no sé nada de un proceso judicial por ese caso de las tierras. No me han llamado para asistir a una audiencia, ni he sido notificado de nada de eso. Lo que sé del caso es porque en el pasado estuve involucrado en los negocios de ALBA”, dijo Velásquez a LA PRENSA GRÁFICA, cuando se le consultó sobre el proceso judicial y cuya publicación se hizo el martes pasado.

A Velásquez lo desmiente la resolución del Juzgado de Paz de Coatepeque, en Santa Ana, en donde se llevó a cabo la audiencia inicial el 6 de septiembre pasado y por la que se determinó que tanto Velásquez como José Gerardo Rivera Rodríguez –exinspector del CAMCO de Santa Tecla– y Mario Rigoberto Argueta Abarca seguirán con el proceso en la etapa de instrucción, aunque gozan de libertad con medidas para evitar que evadan la justicia.

“Está presente el incoado José Gerardo Rivera Rodríguez, de generales arriba mencionadas, no así los incoados Emérito de Jesús Velásquez Monterroza ni el incoado Mario Rigoberto Argueta Abarca, no obstante estar legalmente citados para esta audiencia”, se lee al final de la primera página de la resolución.

Sobre los dos ausentes, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que en el caso de Argueta Abarca se presentó una constancia médica de incapacidad por enfermedad y que en el caso de Velásquez Monterroza lo que se presentó fue una “constancia de reunión de junta directiva” de CEPA, para poder evitar la cita.

La jueza, en su resolución, dejó señalado que para la FGR no es considerable el argumento de tener una reunión de junta directiva para no asistir a un citatorio judicial. “No son motivos para no estar presentes en esta audiencia, ya que no son razones que les imposibilite el traslado a esta sede”, se lee en la resolución.

En el documento también trasciende que el abogado de Velásquez le pidió a la jueza que se le otorgaran medidas sustitutivas a la detención preventiva a su defendido, porque su trabajo como gerente general de CEPA lo lleva a viajar “de vez en cuando”. “Últimamente a Guatemala”, se lee.

Mientras tanto, el Juzgado de Paz de Coatepeque también dejó abierta la acción civil, debido a que la víctima de la usurpación de inmuebles, hurto y estafa, Jimmy Jamal Sawafta Mustafa, no pudo recuperar sus bienes muebles cuando le ocuparon sus terrenos.

En total, a Sawafta Mustafa le fueron hurtados bienes muebles por un costo cercano a $311,063 y que consistían en invernaderos en que se sembraba chile pimiento dulce y que estaba en cosecha, una rastra, platinas de hierro, una bomba de riego, mochilas motorizadas, mochilas manuales, una máquina cortadora de metal, plástico para invernaderos, rollos de mallas antivirus para invernadero, tres manzanas plantadas con loroco, 35 azadones, 10 carretillas, tornillos, cementos, cumas y fertilizantes y agroquímicos.

La denuncia de Sawafta Mustafa ante la FGR se basa en que fue despojado, a punta de escopetas, de su maquinaria, cosechas y tierras que había adquirido en la finca El Pezote de Coatepeque, Santa Ana, en la última mitad de 2012.

Según la acusación, los imputados llegaron a exigir los terrenos de Sawafta Mustafa supuestamente a nombre de ALBA Alimentos, S. A. de C. V. luego de que se ofrecieron como garantía hipotecaria en un préstamo que ALBA Petróleos otorgó a una sociedad.

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