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Gobernador Canales, culpable e inhabilitado

El funcionario no quiso dar declaraciones en torno de su condena por expresiones de violencia contra la mujer.
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Durante la vista pública realizada ayer en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el gobernador migueleño Ricardo Canales fue condenado al pago de una multa equivalente a dos salarios mínimos ($600) al ser encontrado culpable del delito de expresiones de violencia contra la mujer. El juez también dictaminó que Canales pierde el derecho de ciudadano, es decir que no podrá participar en cargos de elección popular durante un año.

La decisión fue sustentada con base en una serie de pruebas que presentó la fiscalía, mediante las cuales se pudo comprobar que el funcionario ultrajó verbalmente a Carmen Elisa Ulloa Zúniga, quien se desempeña como ordenanza en la gobernación migueleña.

Según la resolución del juez, Canales violó el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, al referirse a la víctima con frases soeces.

“La prueba pericial es la más importante... La psicóloga recoge que la víctima está afectada y no puedo contradecir esa versión. Al tribunal no le ha quedado duda de que hay un grave conflicto laboral”, indicó el juez del caso, quien agregó que un testigo también sustentó la versión de Ulloa Zúniga al declarar que había escuchado cuando Canales la insultó.

Ezequiel González, fiscal del caso, explicó que el proceso contra Canales inició en junio de 2016, cuando Ulloa decidió interponer una demanda luego de que el gobernador le profirió palabras peyorativas y denigrantes.

“Teniendo él un conocimiento de la ley, siendo una persona profesional y un funcionario público que debe regirse por los códigos de ética, tiene un mayor compromiso en relación con velar por el cumplimiento de las leyes”, dijo el fiscal, y agregó que por eso la fiscalía solicitó que se impusiera una pena correspondiente a una multa de 25 salarios mínimos del comercio ($7,500).

Por su parte, el abogado defensor de Canales aseguró que apelará, pues tanto él como su representado consideran que el juez le dio valor a la declaración de una persona que no era empleada de Gobernación.

“De ahí viene la manipulación de la cual fue objeto el proceso, porque el testigo viene a dar fe de una situación de la víctima, que no es empleado de Gobernación y no labora en Gobernación. No hay hecho concreto. Ellos dicen que ocurrió en los primeros meses de 2016 y no hay una fecha específica”, agregó.

También sostuvo que Canales nunca insultó a la empleada y que en varias ocasiones le impuso medidas sancionatorias por escrito debido a que no cumplía con las funciones propias de su cargo.

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