Gobierno Funes pagó estancia en la playa a pandilleros

Un testigo criteriado reveló a la FGR que Raúl Mijango tuvo dos locales para planificar la tregua. Uno de ellos fue pagado con fondos públicos. El arrendatario dijo que la OIE le dio la orden de buscar una casa.
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El Gobierno del expresidente Mauricio Funes pagó dos estadías en un rancho de playa ubicado en La Libertad para que integrantes de las pandillas más numerosas del país conocieran sobre el proceso de tregua.

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La administración del rancho elaboró dos facturas entre $3,500 y $4,000 a nombre del programa Projóvenes, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), en 2012.

El MJSP pagó ese monto, que incluía tres tiempos de comida, para 100 pandilleros de la MS-13 y 100 del Barrio 18, durante dos fines de semana, con distancia de 15 días entre ambos grupos, según contaron a este periódico personas que conocen los detalles de la negociación del alquiler del rancho de playa.

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En ambas reuniones estuvo Raúl Mijango, principal mediador de la tregua y ahora implicado en el proceso judicial del caso. Él confirmó ayer que fue el Ministerio de Seguridad el que corrió con los gastos de esas reuniones. “En ese caso del rancho, es un lugar que de manera recurrente el Ministerio de Seguridad alquilaba para realizar actividades de prevención a la violencia”, dijo Mijango, quien sostuvo que las reuniones fueron entre marzo y mayo de 2012.

Según consta en la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), investigadores, acompañados de un testigo criteriado, llegaron al rancho para hacer una inspección el 16 de diciembre de 2016.

“Usted sabe que la figura del testigo criteriado es una figura perversa. Entiendo yo que a él lo tienen procesado por homicidio. Cualquier criteriado es capaz de decir cualquier cosa a cambio de perdonar su delito”, se defendió Mijango.

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Fuentes cercanas al caso aseguran que, años atrás, en ese mismo rancho hubo reuniones de pandilleros pagadas con fondos del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Elías Antonio Saca.

Locales

La fiscalía señala que Mijango se reunía en un restaurante de la Alameda Roosevelt con cabecillas de pandillas para planificar y operativizar la tregua. Ahí hablaron de la idea establecer “municipios santuarios”, como seguimiento al pacto, según la acusación.

Además, la acusación fiscal consigna que Mijango se estableció en dos locales, en tiempos diferentes, que sirvieron como base de operaciones: uno de esos locales fue pagado con fondos públicos. El contrato de ese establecimiento dice que lo arrendó en 2012 una persona diferente a Mijango. El arrendatario le contó a la Fiscalía que fue delegado por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) para buscar una casa, lo hizo y contrató el local, pero aseguró que nunca supo que era para Mijango.

La fiscalía también argumenta que Mijango y los suboficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) Roberto Castillo y Luis Aguilar Marín contaron con el apoyo logístico del Organismo de Inteligencia del Estado, el Centro de Inteligencia Policial y la Dirección General de Centros Penales. De acuerdo con la acusación, las tres instituciones del Estado dispusieron de fondos públicos para pagar telefonía, viáticos y combustible para el uso de vehículos nacionales, en los cuales movilizaban a cabecillas de pandillas, presos y libres, a distintas prisiones.

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La acusación fiscal también contiene el testimonio de tres personas que aseguran que fueron contratadas por Centros Penales pero que laboraban la logística de la tregua bajo la dirección de Mijango.

“Se encontraron planillas a personas que, sin ser miembros de Centros Penales, fueron contratadas en esa institución delegadas para trabajar para Raúl Mijango”, dijo el fiscal del caso ayer. La audiencia preliminar del caso continuará este día.
 

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