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Gobierno pide reforma retroactiva para que delitos de corrupción no prescriban

Castro afirmó que la iniciativa de ley incluiría a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

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El ministro de Justicia Gustavo Villatoro presentó este martes a la Comisión de Seguridad una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal para que  “los actos de corrupción en el país no prescribirán”. La reforma incluye el artículo 32 de dicha normativa.

"La iniciativa del presidente (Nayib) Bukele la recibimos con mucho gusto, con mucho orgullo. La leeremos para ver si se puede discutir, con detalles", dijo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea al recibir la propuesta de manos de Villatoro.

Castro afirmó que la reforma presentada es retroactiva por lo que podrán ser investigados quienes hayan cometido delitos en el pasado, incluyendo los funcionarios públicos de los últimos 30 años, como también los que se cometan en el presente y futuro. Afirmó que los delitos que no prescribirán son: 

  • Delitos relativos a la administración pública. 
  • De la corrupción: peculado.
  • Delitos cometidos por particulares: cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias.

¿Qué dice el artículo 32 del Código Penal?

Actualmente, el Código Procesal Penal establece en su artículo 32 en cuánto tiempo la Fiscalía General de la República puede iniciar acción penal y lograr justicia.

"Si no se ha iniciado la persecución, la acción penal prescribirá: después de transcurrido un plazo igual al máximo previsto en los delitos sancionados con pena privativa de libertad; pero, en ningún caso el plazo excederá de quince años, ni será inferior a tres años".

De acuerdo con el artículo 32, los únicos delitos sin prescripción eran, hasta hoy, la tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas y delitos contra la libertad sexual de menores.

Sin embargo, el perfil de Twitter de la Asamblea Legislativa señala que con la reforma el inciso final del artículo 32 del Código Procesal Penal quedaría así: 

“... No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas...”

Continúa el mismo: “...delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, y los establecidos en el Libro II, Título XVI, Capítulos II y III del Código Penal…”.

Esto significa que los otros delitos que no prescribirían serían peculado, negociaciones ilícitas, cohecho de diferentes tipos, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito.

No obstante, el artículo 21 de la Constitución indica que "las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente" y "la Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar, dentro de su competencia, si una ley es o no de orden público".

Reacciones

Tras la presentación de la reforma al Código Penal, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) afirmó "estar de acuerdo" a que se persiga la corrupción y que la misma no pescriba. No obstante, aseguran que esto será posible solo si existe independencia en la Corte de Cuentas, Fiscalía y el Organo Judicial.

En un comunicado, afirman que esperan que con la reforma también sean investigados los casos de corrupción señalados en este Gobierno como: "la Ley Alabí, que pretendió el encubrimiento de compras irregulares durante la pandemia, compras de ministro de Agricultura a Sinaloa, compras irregulares de aires acondicionados del Hospital El Salvador, el saqueo al ISSS, todos los caso de nepotismo y tráfico de influencias, los doce casos presentados por la CICIES y la lista ENGEL".

Advirtió que de no ser así, dichas instituciones serán "utilizadas para perseguir a opositores políticos y encubrimiento de la corrupción del actual Gobierno".

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