
Bukele, exmiembro del FMLN, mantiene claros vínculos con José Luis Merino, dirigente de la mafia chavista en torno a Alba Petróleos e investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según informe en Washington citado por El Nuevo Herald.
Bukele, exmiembro del FMLN, mantiene claros vínculos con José Luis Merino, dirigente de la mafia chavista en torno a Alba Petróleos e investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según informe en Washington citado por El Nuevo Herald. Foto de LA PRENSA/Archivo
El Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, exmiembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sigue penetrado por la mafia chavista entorno a Alba Petróleos, informó el periódico estadounidense El Nuevo Herald citando el informe titulado "Cómo hacer desaparecer $1,000 millones" publicado por IBI Consultants con sede en Washington.
El nombre del documento se desprende de cómo José Luis Merino, miembro histórico del FMLN, hizo desaparecer a través de la estructura de Alba Petróleos, mil millones de los subsidios venezolanos destinados a El Salvador para sectores como educación, salud e infraestructura. Los fondos fueron transferidos a cuentas privadas.
El Nuevo Herald señala que el estudio cuestiona que Bukele y las compañías familiares recibieran $2 millones de Alba.
Según el informe, Bukele continúa sosteniendo vínculos con Merino, quien tiene una gran influencia en su administración y es investigado por Estados Unidos por lavado de dinero de narcotráfico.
Señalan a la comisionada presidencial Carolina Recinos como una de dos integrantes del Gabinete que han sostenido "extensas relaciones financieras con Alba Petróleos".
El otro mencionado es Erick Vega, miembro del círculo cercano de Bukele y por años jefe de asistentes de Merino.
Vega acompañó a Bukele en abril del 2019, siendo presidente electo de El Salvador, a un viaje a República Dominicana.
Mientras tanto, Bukele insiste en hacer reformas a reglamentos relacionados al acceso a la información pública sobre los negocios del Gobierno, mediante cambios en el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP).
Además, el Gobierno continúa poniendo obstáculos a la Corte de Cuentas de la República (CCR) en la auditoría de compras durante la emergencia.
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