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Gobierno evasivo ante informe sobre Derechos Humanos

La jefa de gabinete dijo que no habían analizado el documento que elaboró EUA y que tienen que confrontarlo con la realidad.De las acusaciones a la FAES, el titular de esa institución se defendió.

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Reseña. El Departamento de Estado reseña en su informe lo que ocurrió el 9 de febrero del 2020 cuando el Ejecutivo se tomó la Asamblea Legislativa.

Reseña. El Departamento de Estado reseña en su informe lo que ocurrió el 9 de febrero del 2020 cuando el Ejecutivo se tomó la Asamblea Legislativa.

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Con la justificación de que no habían leído el informe sobre derechos humanos que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la comisionada presidencial y jefa de gabinete, Carolina Recinos, evadió fijar una postura por los señalamientos que hacen al Gobierno de El Salvador (GOES).

"Ese informe no lo hemos terminado de analizar, el día de ayer (martes) empezó a circular. Tenemos que estudiarlo, confrontarlo con la realidad y establecer qué es lo que a nosotros nos toca... Cuando hayamos analizado todo el informe el presidente va también a dar una posición", dijo Recinos.

Cada año, el Departamento de Estado elabora este informe en el que hacen una evaluación de cada uno de los países a los que le entregan asistencia económica. El parámetro que toman es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Salvador, como receptor de asistencia financiera estadounidense, tiene un apartado en el informe. En el documento correspondiente al 2020 que presentó el Departamento de Estado el martes pasado, retoman una serie de situaciones ocurridas durante ese lapso y en las que el Gobierno estuvo involucrado.

"En ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos", fija el Departamento de Estado en el informe.

La comisionada, al contrario, sostiene que el Gobierno "está comprometido con la transparencia, el respeto a la institucionalidad ,y por supuesto, con el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la vida de la población".

Entre los aspectos que destacan es que el Gobierno o alguna de sus dependencias ha participado en asesinatos con motivaciones políticas y que la legislación salvadoreña prohibe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Sin embargo, señalan a las instituciones de seguridad, Fuerza Armada (FAES) y Policía Nacional Civil (PNC), de cometer abusos de autoridad y de violar derechos. Remarcan la preocupación porque elementos policiales y militares estén involucrados en casos de detenciones ilegales e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Un hecho que retoman es la autorización que dio el presidente Nayib Bukele a policías y soldados para utilizar la "fuerza letal" y el llamado que hicieron organismos nacionales e internacionales que consideraron que esa orden aumentaba "el riesgo de que la Policía cometer ejecuciones extrajudiciales de pandilleros".

Específicamente sobre el señalamiento hacia la Fuerza Armada como responsable de violaciones a derechos humanos, el titular de esa institución, René Merino, salió en defensa.

El funcionario aseguró que todos los elementos militares reciben información sobre cuáles son los límites que deben respetar a la hora de proceder.

"No es ninguna política institucional la violación de derechos humanos, por el contrario, la política de la institución y del Gobierno es el irrestricto respeto a los derechos humanos", apunta el ministro.

El Departamento de Estado también retoma lo que ocurrió durante el período de cuarentena domiciliaria obligatoria que el Gobierno mantuvo durante varios meses el año pasado, la forma en que la Policía y la FAES capturaban a las personas que violaban esa disposición para llevarlas a centros de contención, las denuncias que hicieron organizaciones nacionales e internacionales y la respuesta gubernamental a estas.

"La Sala de lo Constitucional recibió 330 recursos de hábeas corpus en los dos meses después de que el gobierno instituyó la orden nacional de quedarse en casa", subrayan en el informe.

También, el Departamento de Estado hace referencia a la tensa relación que ha habido entre el presidente Bukele y el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar. "Hubo una relación tensa entre la PDDH y la administración de Bukele", dice el informe y ejemplifica con lo que Tobar dice de que Bukele lo estigmatiza como defensor de criminales.

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