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Gobierno de Rafael Correa amenaza a ONG Fundamedios

Advierte con disolución de la organización, que ahora es controlada por la Secretaría Nacional de Comunicación de ese país.
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La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) del Gobierno de Ecuador, presidido por Rafael Correa, “conminó” el martes pasado a la organización no gubernamental Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios) a apegarse a sus estatutos y dejar de interferir en asuntos de la política ecuatoriana, luego de que la secretaría observó, según sus parámetros, que esta organización está “manifestando, de forma categórica, posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social”.

Las razones que argumenta la Secom para conminar a Fundamedios son publicaciones en redes sociales como denuncias acerca de que un líder indígena fue agredido por un supuesto agente vestido de civil en medio de las protestas de oposición del 2 de junio anterior, así como la publicación de un comunicado en el que la organización da a conocer su opinión acerca del traspaso de fondos complementarios previsionales cerrados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La Secom incluso llegó a advertir a Fundamedios sobre causales de disolución de las organizaciones en Ecuador por haber emitido estas publicaciones. Sin embargo, esas mismas causales de disolución de las organizaciones, contempladas en el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 16, son condenadas por las mismas organizaciones sociales, que piden que se declare su ilegalidad constitucional.

“Cabe recordar que el pasado 16 de enero de 2014, la Secom pasó a ser el ente de control y regulación de Fundamedios. En rueda de prensa desarrollada el 27 de enero de ese mismo año, la organización ya advirtió que su control administrativo pasó a manos de su principal agresor”, se lee en un comunicado difundido ayer por César Ricaurte Pérez, el director ejecutivo de Fundamedios.

Ricaurte Pérez añadió: “Fundamedios rechaza las acusaciones sin fundamento y la clara amenaza del Gobierno. Reivindicamos que nuestro trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión es legítimo, legal y necesario para el país y no tiene ningún elemento extraño a las tareas que cumple cualquier organización de defensa de derechos humanos. Seguiremos cumpliendo con nuestras tareas institucionales con convicción y firmeza”.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó ayer que a los países de Latinoamérica les es difícil comprender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado para lograr la convivencia democrática.

“La región está viviendo un momento bastante complejo en los últimos años con varios gobiernos que plantearon una polarización con los medios de comunicación. Si bien los gobernantes tienen el derecho a la libre expresión, también tienen el deber de generar un clima adecuado para su ejercicio”, expresó.

Lanza lamentó que en países como Venezuela y Ecuador se perciba un “clima de intolerancia” hacia los medios y voces críticas. “Hay preocupación por algunas regulaciones de contenidos en los medios de comunicación y aplicación de figuras vagas, abiertas, desproporcionadas e innecesarias en un sistema democrático como en la Ley de Comunicación de Ecuador”, aseguró.

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