Gobierno recibió plan de seguridad Requiere $1,550 mill en prevención

Control territorial, veda de armas, más cupos en cárceles y atención a víctimas, entre las acciones propuestas que necesitan del 1.7 % del PIB anual. Gobierno anunció reformas legales, sin identificar el origen de los fondos.
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Reacciones por plan El Salvador Seguro

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Salvador Sánchez Cerén recibió ayer el plan El Salvador Seguro, una propuesta que pretende ser una hoja de ruta para intentar rescatar a un país sumido en una ola creciente de homicidios –14 cada día–, con medidas de prevención como principal apuesta.

El documento, elaborado en los últimos tres meses por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, contiene 124 diferentes acciones, divididas en cinco ejes de acción, que requieren de una inversión pública, privada y de la cooperación de al menos $2,100 millones (casi seis veces el monto del último FOMILENIO).

El presidente de la República lo recibió ayer en Casa Presidencial y se comprometió a cumplirlo en los próximos cinco años. “Este acto para mí representa esa voluntad del pueblo salvadoreño que ahora está representado aquí por todos los sectores, y diciéndole al país es posible vencer la violencia en El Salvador”, dijo el presidente, en la misma mañana en que cinco miembros de una familia fueron encontrados muertos en una quebrada de Ciudad Delgado, a pocas horas de que se confirmara la muerte del séptimo policía en la primera quincena de 2015.

A grandes rasgos, el plan, apoyado por Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, busca recuperar el control territorial perdido por el Estado, la atención a las víctimas a la violencia, atender el sistema penitenciario y mejorar la capacidad de actuación y respuesta de las instituciones de seguridad y judiciales del país.

La prevención de violencia destaca dentro del plan, con una necesidad de inversión de $1,550 millones para los próximos cinco años. La propuesta del Consejo, integrado por empresa privada, iglesias, partidos políticos y sociedad civil, pasa por intervenir los 50 municipios más violentos del país: $250 millones en el quinquenio para crear espacios públicos, fortalecimiento de la Policía Comunitaria (la bandera de seguridad del actual gobierno) y atención a víctimas de violencia.

Dentro de la prevención también destacan la revisión de la Ley de Proscripción de Pandillas, una iniciativa que la Fiscalía ha reconocido que no aplica, para permitir que los pandilleros que quieran dejar sus estructuras puedan “insertarse socialmente”; y reformas a la Ley de Regulación y Control de Armas de Fuego, con el objeto de prohibir la portación de armas en municipios determinados. Además, una propuesta que ayer fue muy comentada en las redes sociales: una movilización por la paz, donde “el país convierta las calles de San Salvador en un río blanco de esperanza”, como lo describió Sánchez Cerén.

Esa marcha contra la inseguridad, en la que el gobierno pretende participar, coincide con el “día de movilización ciudadana pacífica”, que propone el plan, una iniciativa que necesita de $500,000.

En total, el plan El Salvador Seguro demanda, según los cálculos del Consejo, de una inversión anual que equivale al 1.7 % del Producto Interno Bruto, $420 millones, en promedio, que el Estado necesitará cada año para aspirar a reducir la violencia.

La gran interrogante, sin embargo, es saber de dónde saldrán los fondos. El presidente no lo aclaró y se limitó a confirmar que el gobierno tramita actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de $200 millones (menos del 10 % de la meta) para prevención de violencia. El plan, por su parte, menciona la creación de un fondo “que funcionará como catalizador de recursos complementarios”.

Ese fondo, según la propuesta del Consejo, “será financiado con recursos del Estado, de la cooperación internacional, de la empresa privada, de personas naturales y de mecanismos de financiación innovadores”.

Lo que sí anunció Sánchez Cerén, además de la marcha, fue una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para intentar bloquear definitivamente la señal de teléfonos celulares en las cárceles, una añoranza que se ha perseguido sin éxito desde la administración Saca. De hecho, en este punto específico, el plan es ambicioso: se necesitan $20 millones para bloquear las señales y así intentar reducir el 100 % de los delitos que se cometen desde las cárceles, particularmente las extorsiones y las órdenes para cometer homicidios.

La parte represiva requiere de $155 millones, según el Consejo. En este apartado, el Consejo propuso invertir $155 millones para mejorar, entre otras cosas, la capacidad de las instituciones de seguridad para la investigación científica de los delitos. No hay dentro del plan una meta concreta de reducción de los homicidios; sí una meta de incrementar en 30 % la judicialización de los casos de homicidios, feminicidios y extorsiones, lo cual tampoco se traduce –a priori– con igual número de condenas. Para ello, dicen, no se requiere fondos adicionales.



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