Gobierno se queja por suspensión de la Ley de Probidad

Equipo gestor de la Ley de Probidad, por su parte, celebró la decisión de la Sala de lo Constitucional e insistió en que el juicio civil por enriquecimiento ilícito es necesario incluirlo en la nueva legislación.
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Reunión.  El equipo gestor de la Ley de Probidad se reunió con la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa el año pasado para discutir el anteproyecto de la normativa.

Reunión. El equipo gestor de la Ley de Probidad se reunió con la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa el año pasado para discutir el anteproyecto de la normativa.

Gobierno se queja por suspensión de la Ley de Probidad

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Los funcionarios del Órgano Ejecutivo Eugenio Chicas y Hato Hasbún, así como la diputada del FMLN Jackeline Rivera lamentaron ayer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya aceptado el lunes pasado la demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Probidad, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2015.

La demanda fue presentada la semana pasada por el equipo gestor de la Ley de Probidad, integrado por FUSADES, ANEP, FUNDE, DTJ, CEJ, ISD y UFG. Uno de los argumentos del equipo gestor es que la Asamblea aprobó una ley que obvia o elimina el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito, que tiene origen en el artículo 240 de la Constitución de la República, por lo que considera que hay violación legal.

De acuerdo con la diputada del FMLN, la demanda obedece a “un miedo” a que la nueva Ley de Probidad se aplique de la misma manera para todos. “A mí me parece que hay un miedo encubierto que solo quieren investigar, en primer lugar, lo que ellos (equipo gestor) quieren que se investigue y, en segundo lugar, solo de aquí para adelante, pero no el pasado”, señaló la efemelenista.

En cuanto a la eliminación del juicio civil por enriquecimiento ilícito, la diputada Rivera aseguró que la ley aprobada está “amarrada” con la Ley de Extinción de Dominio, lo cual, aseguró, es “más amplio” que un juicio civil por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Óscar Campos, abogado de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), institución integrante del equipo gestor, reiteró que el juicio de enriquecimiento ilícito es uno de los aspectos más importantes que no tiene la nueva legislación. “La Ley de Probidad que se aprobó tenía cosas muy buenas... sin embargo, faltó lo más importante: el juicio por enriquecimiento ilícito”, escribió en redes sociales.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, coincidió con Campos en la importancia de incluir el juicio civil por enriquecimiento ilícito en la legislación aprobada. “El problema serio de la actual Ley de Probidad es que elimina el juicio civil por enriquecimiento”, dijo Castro durante una entrevista en la Radio Punto 105.

Por su parte, el equipo gestor en su conjunto emitió un comunicado en el cual mostró su satisfacción por la decisión de la sala. “Este día (por lunes), en una resolución que celebramos, la Sala de lo Constitucional admitió nuestra demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Probidad”, publicó.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y el secretario de Gobernabilidad, Franzi Hasbún, dijeron ayer que no están de acuerdo con la decisión de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, aseguraron que respetan la medida.

Los funcionarios del Ejecutivo criticaron que los magistrados de la sala hayan admitido la demanda de inconstitucionalidad con tanta rapidez, en este caso, y que, sin embargo, aún no se haya emitido ninguna resolución sobre el caso de los $900 millones.

“Parece que hay una agenda oculta de la Sala de lo Constitucional porque no da resoluciones rápidas a algunos temas... ¿Por qué la sala no resuelve el tema de los $900 millones? Que determine si es constitucional o no. A eso me refiero con agendas ocultas”, declaró Chicas durante la entrevista matutina de Canal 10.

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