Lo más visto

Más de El Salvador

Gobierno tiene seis meses para atender a desplazados por violencia: Sala de lo Constitucional

Magistrados ordenaron aumentar el presupuesto para la atención de víctimas y recuperar zonas controladas por pandillas. Afirmaron que el Gobierno ha minimizado la dimensión del fenómeno e instaron a que lo reconozca. El caso resuelto es uno de los seis amparos por desplazamiento forzado presentados ante la sala por una ONG.
Enlace copiado
Huida. Caseríos enteros han huido de la situación de violencia generada por el conflicto entre las pandillas y las autoridades de seguridad.

Huida. Caseríos enteros han huido de la situación de violencia generada por el conflicto entre las pandillas y las autoridades de seguridad.

Enlace copiado

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron ayer amparar a 33 personas de ocho núcleos familiares, que fueron desplazadas por violencia en los municipios de Ciudad Delgado, San Salvador, y Berlín, Usulután. El caso terminó con la salida de las víctimas fuera del país. La sentencia, la última publicada ayer por la sala al cierre de su gestión, fue firmada por los magistrados Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Celina Escalón, quien actuó como suplente del magistrado Armando Pineda Navas.

En la sentencia los magistrados le ordenan al Estado que active mecanismos para atender el fenómeno del desplazamiento en su justa dimensión, y señalan que el Gobierno salvadoreño ha intentado minimizar el fenómeno, incluso a través de un supuesto análisis técnico de la situación, que fue respaldado por el Gabinete de Seguridad. Esto a pesar de las recomendaciones y los análisis de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el tema y de informes como el del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), que colocó a El Salvador en el décimo lugar a escala mundial con más desplazados por violencia generalizada.

“La falta de reconocimiento de sus dimensiones se colige, por un lado, del hecho que las estadísticas oficiales de movilidad humana a causa de la violencia ¿eufemismo con el que el MJSP se refiere al fenómeno? difieren de las que se reflejan en estudios publicados por otras organizaciones... El propio MJSP señaló en su 20 informe que no fue posible acceder a algunos segmentos debido a que las condiciones de seguridad no permitieron el ingreso de los equipos”, se lee en la sentencia.

Celia Medrano, representante de Cristosal, organización que ha tenido bajo su tutela varios casos de desplazamiento forzado, afirmó a este medio que ahora el Gobierno está obligado a reconocer el fenómeno del desplazamiento en su justa dimensión y dejar de intentar “diluir” su responsabilidad.

Los magistrados ordenaron a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) que en un plazo de seis meses reconozcan a las víctimas del desplazamiento forzado en dicha calidad y que admita su condición a través de la generación de nueva legislación y políticas públicas enfocadas a este grupo de víctimas. Además, ordenaron generar políticas para prevenir el desplazamiento forzado a través de la recuperación de los territorios dominados por pandillas y celebrar convenios internacionales para favorecer a las víctimas del fenómeno.

Al presidente de la república, la sala le ordenó en su sentencia impulsar políticas públicas que eviten la marginación de sectores vulnerables, recuperar los territorios asediados por pandillas de forma progresiva y permanente, e incluir en el presupuesto general la atención a víctimas del desplazamiento como prioridad.

“La aceptación de las reglas y los valores del ordenamiento jurídico no se logran solo con la amenaza de la coacción o con su efectiva aplicación ante los actos ilícitos. Asumir que esta sea la principal función del Estado implicaría asignarle el papel de un gendarme encargado de la seguridad de la población y de sus pertenencias”, se lee en la resolución de la sala sobre la crítica al método represivo como única salida a la situación de la violencia.

En dicha sentencia, la sala concluyó que la situación de violencia de las pandilla ha tendido a crecer en los últimos años.

La sala resolvió estos puntos sobre uno de los seis casos respaldados por Cristosal. Celia Medrano dijo a LA PRENSA GRÁFICA que han solicitado que la sala se pronuncie en los demás casos, sobre todo en otros tres en los que se han emitido medidas cautelares.

Pandillas. Las pandillas son las principales responsables del desplazamiento forzado en El Salvador.

El caso que ocupó a la sala en la resolución emitida ayer se originó en Ciudad Delgado, San Salvador, cuando en 2016 dos de los miembros del grupo familiar fueron agredidos por pandilleros del Barrio 18 debido a que eran militares. Días después, los pandilleros ingresaron a una de las viviendas de las víctimas, sacaron al jefe de familia, a quien señalaron de colaborar con las autoridades, mientras violaban a una menor y a una mujer en el interior de la casa.

La familia decidió entonces moverse hacia Berlín, Usulután, en donde en diciembre de 2016, durante un operativo policial en la zona, una bala hirió de muerte a la madre de uno de los demandantes. Este aseguró que la bala fue disparada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes señala de querer modificar la versión de los hechos de forma arbitraria.

Aunque la sala determinó que hay suficientes indicios que apuntan a que agentes de la PNC han actuado al margen de la ley, no existen elementos de juicio suficientes para determinar si la madre del demandante murió a manos de la PNC, por lo que ordenaron a las autoridades una investigación exhaustiva de los hechos.

La sala determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC no actuaron de forma diligente para investigar los hechos denunciados por la familia.

Las instituciones demandas, incluida la UTE, solicitaron a la sala un sobreseimiento en el caso, el cual fue denegado en el trámite por los magistrados de la sala, quienes dieron la razón a los demandantes.

Durante la audiencia del caso, delegados de la UTE pidieron a la sala procesar al demandante por falso testimonio, debido a que este abandonó un albergue luego de una situación de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la sala determinó que el incidente acreditado no removía la calidad de víctima del demandante.

En el caso tratado por la sala, los magistrados ya habían emitido medidas cautelares que, a juicio de la representante de Cristosal, no se cumplieron.

“Uno de los miembros de la familia afectada entró al sistema de protección y lo que hubo fue mayores vulnerabilidades y otros escenarios de violaciones a derechos humanos... Se le trató como un criminal. El sistema actual de protección a víctimas y testigos hace énfasis en albergar a testigos criteriados”, afirmó Medrano.

La UTE informó en el proceso seguido por la sala que en 2017 ingresaron a la institución 2,782 solicitudes para atender a víctimas y testigos en el Programa de Atención a Víctimas y Testigos.

Lee también

Comentarios