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Gremial de transporte espera fallo de inconstitucionalidad

AEAS ya interpuso una demanda en la CSJ en contra del cobro electrónico obligatorio.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está pendiente de emitir una resolución sobre la demanda de inconstitucionalidad del cobro obligatorio de pasaje con tarjeta prepago, la cual fue interpuesta por la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

“Ni el presidente (de la República) ni la Asamblea Legislativa pueden pasar sobre los derechos constitucionales del pueblo salvadoreño ni de los transportistas, a nadie pueden obligar”, expresó Genaro Ramírez, presidente de la gremial AEAS.

Con respecto al veto del presidente Mauricio Funes a la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para incluir el cobro con efectivo y con tarjeta prepago, el líder de la gremial de transportistas opinó que “no puede venir a alegar, a decir que con eso está protegiendo el interés público, porque el único interés público que está protegiendo es el de ALBA Petróleos”.

Por otro lado, Rodrigo Contreras Teos, secretario de la empresa Sistema Integrado Prepago (SIPAGO), que contrató a SUBES como operador del sistema electrónico, aplaudió la decisión del mandatario de vetar la reforma.

Indicó que el problema del cobro de tarifas diferenciadas se superó técnicamente. “En segundo lugar, no es que la gente en su totalidad esté rechazando el proyecto. Talvez hace falta información o porque hay un boicot de los motoristas porque se les quita el manejo del dinero”, manifestó.

Contreras Teos también considera que hubo injerencia de la Asamblea Legislativa en la esfera de competencia del Viceministerio de Transporte (VMT) para definir el sistema de percepción tarifaria, que tiene su base en el artículo 55 del Reglamento de Transporte.

Por su parte, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP) y la Asociación Cooperativa de Pilotos Automovilistas y Trabajadores del Transporte (ACOPATT) esperarán revisar el razonamiento emitido por el presidente Funes para vetar el decreto antes de dar una postura.

“En ningún momento vamos a estar de acuerdo con algo que vulnere derechos constitucionales. Nosotros también consideramos que era prudente dejar ambos mecanismos de cobro”, dijo Juan Pablo Álvarez, de ACOPATT.

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