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Grupos de exterminio vinculados a 161 asesinatos desde 2016

Autoridades capturaron a 10 grupos de exterminio entre 2016 y 2019. Todas las agrupaciones de sicariato procesadas tienen a policías y militares en sus filas.

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Informe.  El sacerdote José María Tojeira y Manuel Escalante presentaron el informe de derechos humanos del IDHUCA.

Informe. El sacerdote José María Tojeira y Manuel Escalante presentaron el informe de derechos humanos del IDHUCA.

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Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública capturaron en 2019 a cuatro supuestos grupos de exterminio vinculados a asesinatos de presuntos pandilleros en El Salvador, lo que significó un aumento respecto a las detenciones de esas agrupaciones en los anteriores tres años (2016-2018). Así lo consigna el Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Entre 2016 y 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desmantelaron a seis supuestas agrupaciones de exterminio, con un promedio de dos por año. Fue hasta el año pasado cuando las capturas de esos grupos subieron a cuatro, el doble del promedio anual, según datos del OUDH retomados en el Informe de Derechos Humanos 2019 del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

En el informe publicado ayer, el IDHUCA destaca estas capturas porque las considera un avance respecto a la posición que tomó el gobierno del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua para evadir órdenes de captura por corrupción. La administración Funes negó en reiteradas ocasiones que existieran grupos de exterminio integrados por policías y militares para asesinar a supuestos pandilleros.

"‘El ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese entonces, Ricardo Perdomo, afirmó que dentro de las mismas pandillas existen pelotones entrenados con armas largas y poseen uniformes similares a los que son usados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)’. Negaba con ello la existencia de grupos de exterminio al atribuir los homicidios a los pandilleros", se lee en el texto publicado en su página web.

Las estadísticas del IDHUCA, basadas en monitoreos de cuatro periódicos nacionales, muestran que los 10 grupos de exterminio capturados por las autoridades están vinculados a 161 asesinatos. Todas las estructuras tienen en sus filas a policías y militares que se asociaron con personas civiles. "La mayoría de las víctimas pertenecían, según las autoridades, a pandillas", agrega el instituto de la UCA.

De acuerdo con el IDHUCA, las cuatro estructuras detenidas en 2019 están ligadas a 57 asesinatos, el mayor número de víctimas de exterminio en los últimos cuatro años, desde que la organización emite informes sobre derechos humanos en el país. En 2016 hubo 54 víctimas; en 2017, 39; y en 2018, 11. Las investigaciones vinculan a 43 policías y 21 militares con estos grupos (ver infografía).

"Continúan las ejecuciones extrajudiciales, (pero) hay una leve mejoría en, al menos, mayor detención en el año 2019 de grupos de ejecuciones extrajudiciales, de grupos de exterminio. Veníamos desde la negativa a finales del gobierno de Mauricio Funes, veníamos más o menos deteniendo cada año a dos grupos de exterminio. En 2019 se detuvo a cuatro: dos en la administración de Sánchez Cerén y dos en la de Nayib Bukele", dijo ayer el sacerdote jesuita José María Tojeira, director del IDHUCA.

La institución agregó que es necesario que los policías tengan mejores salarios para evitar que participen en acciones ilegales: "La dignificación de la profesión es indispensable para el adecuado cumplimiento de los principios éticos y legales de la misma. Y el salario de prácticamente 425 dólares mensuales con el que inicia su trabajo un agente de la PNC no puede considerarse digno".

El informe sobre derechos humanos también criticó la lentitud del sistema judicial para finalizar los procesos. Detalló que uno de los mayores problemas es la carga de trabajo que tienen los fiscales. "Los fiscales no dan abasto: son 160 casos por fiscal al año. Son números imposibles de realizar. Hay una enorme lentitud en los procesos, desatención a las víctimas", dijo el director del IDHUCA.

Tojeira criticó que el sistema solo busque castigar a los culpables de delitos, pero olvida a las víctimas: "No se le da atención psicológica, proyectos de empleo, de reparación, etcétera". Reprobó que el Estado no restituye los daños ocasionados a las personas que son capturadas por sospechas de su participación en ilícitos, pero que luego son dejadas en libertad por falta de pruebas.

El informe también mencionó deficiencias del Estado en la protección del agua, el medio ambiente, el derecho a la educación, la reforma de pensiones, el desplazamiento forzado, los crímenes de guerra, entre otros.

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