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HRW y Cristosal documentan evidencias de graves abusos durante régimen de excepción cometidos por autoridades

Las entidades presentaron un informe en el cual se documentó la serie de abusos perpetrados por agentes del Estado y la vulneración a los derechos humanos del que han sido víctimas cientos de salvadoreños durante las últimas semanas.

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Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia son parte de las denuncias que Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han documentado durante las últimas semanas en El Salvador, dentro del régimen de excepción solicitado por Nayib Bukele a finales de marzo.

Las organizaciones han recolectado evidencia de estas violaciones con 43 entrevistas a víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos. HRW presenta al menos dos casos confirmados de personas que murieron bajo la custodia de autoridades del Estado y continúa investigando más denuncias.

“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”, declaró al respecto del informe Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.

Además, se señala que en la mayoría de casos contabilizados y documentados, no se siguió el debido proceso, esto a pesar de que eran consultados los cargos bajo los que las personas eran arrestadas y las autoridades respondían con malos tratos.

En al menos 12 de los más de 40 casos registrados las víctimas manifestaron haber sido fotografiados para luego ser expuestos en redes sociales, además de ser acusados de pertenecer a las pandillas, sin que esto fuera cierto, dañando además su imagen ante la sociedad.

Según manifestaron familiares y víctimas directas de estos abusos, a muchos no se les permitió conocer el estado bajo el que sus familiares estuvieron o se encuentran detenidos, ante la negativa y el abuso policial en bartolinas, actos que han sido documentados por los medios de comunicación salvadoreños. Este tipo de abuso es categorizado bajo la figura de desaparición forzada de corta duración, la cual está prohibida incluso en situaciones de emergencia y constituye una violación al derecho internacional.

Otra de las situaciones que evidencia el informe es el de la estigmatización de las comunidades en las que se han realizando operativos policiales y que muchos de los arrestos, más de 20 mil según cifras oficiales, se han realizado en contra de personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas comunidades de bajos recursos.

“Es muy probable que el volumen de detenciones haya agudizado el hacinamiento carcelario en el país. A diciembre de 2020, las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136 por ciento de su capacidad. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear nuevos centros de detención”, señala el informe emitido por las entidades de protección a los derechos humanos.

HRW y Cristosal manifestaron que esta situación de vulneración a los derechos humanos de la población debe ser investigada exhaustivamente; sin embargo, recalcan que “prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo en El Salvador”.

Por su parte, Taraciuk Broner puntualiza que “la forma de prevenir estos abusos es poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”.

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