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Hacienda bloquea ingreso de auditores y se resiste a fiscalización, denuncia Corte de Cuentas

No es la primera vez que el actual Gobierno bloquea diligencias que buscan esclarecer el uso de fondos públicos.

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Abogados de la Corte de Cuentas levantaron un acta sobre la negativa del Ministerio de Hacienda a ser fiscalizada. Foto: cortesía

Abogados de la Corte de Cuentas levantaron un acta sobre la negativa del Ministerio de Hacienda a ser fiscalizada. Foto: cortesía

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El Ministerio de Hacienda bloqueó el ingreso de auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que "ejecutan acciones de fiscalización a dicha cartera de estado", denunció este martes la institución contralora.

Los "abogados de la Corte de Cuentas procedieron a levantar un acta de lo ocurrido, que constituye una evidencia de la negativa a ser fiscalizados", agregó.

Según la CCR, "desde el 24 de noviembre no se ha podido acceder a equipo informático que contiene documentación que se analiza en las auditorías que se practican a dicha entidad".

Todo esto ocurre mientras auditorías de la Corte de Cuentas descubrieron que el Gobierno sí contaba con fondos para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), $75 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a las alcaldías y los montos para cubrir los salarios de la Asamblea Legislativa sin retrasos. 

No es la primera vez que el actual Gobierno bloquea diligencias que buscan esclarecer el uso de fondos públicos. La Corte de Cuentas también tuvo problemas para auditar millonarios fondos usados por el Ministerio de Agricultura (MAG) durante la emergencia por la pandemia.

Además, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Nicolás Martínez denunció que fue despedido después de 23 años de servicio por haber desobedecido instrucciones del Ejecutivo de no presentarse a la Asamblea Legislativa, donde era requerido en la comisión que investiga el uso de fondos durante la pandemia. Ahí, Martínez reveló que el Gobierno había percibido $1,643 millones en préstamos y por la colocación de bonos y que a nivel interno se obtuvieron $1,595 millones a través de la colocación de LETES y CETES. Dicha información se conoció mientras el Ejecutivo aseguraba que no contaba con fondos. Su despido se hizo pasar en un principio como renuncia. Días antes también se conoció sobre la renuncia del entonces ministro de Hacienda Nelson Fuentes, después de haber asistido a la Asamblea y revelar que se habían hecho transferencias sin el aval de la Asamblea Legislativa.

Además,  la Fiscalía General de la República (FGR) también sufrió intentos de bloqueo en allanamientos realizados al Ministerio de Salud (MINSAL) por investigaciones relativas a posible corrupción en el uso de fondos, iniciadas tras avisos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIG).

Durante la actual administración, también se han realizado modificaciones a los reglamentos que han quitado la obligación a las instituciones estatales de reflejar los negocios que realizan con fondos públicos en COMPRASAL, sitio donde antes de la reforma se descubrió que el ministro de Salud Francisco Alabi había otorgado un jugoso contrato a una empresa de su familia así como a una empresa del funcionario Jorge Aguilar.

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