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Hacienda movió fondos de emergencia sin autorización y canalizó $607 millones por FOPROMID, saltándose ley, dice Comité de Veeduría

Hacienda incumplió lo establecido en el decreto 608 con el que la Asamblea autorizó al Gobierno adquirir deuda por $2 mil millones, reveló Comité creado para supervisar uso de fondos.

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Hacienda movió fondos de emergencia sin autorización y canalizó $607 millones por FOPROMID, saltándose ley, dice Comité de Veeduría. Foto de LA PRENSA/Archivo

Hacienda movió fondos de emergencia sin autorización y canalizó $607 millones por FOPROMID, saltándose ley, dice Comité de Veeduría. Foto de LA PRENSA/Archivo

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El Gobierno desobedeció lo establecido en el decreto legisativo 608 con el que la Asamblea le autorizó adquirir una deuda de $2 mil millones para atender la emergencia por la pandemia de covid-19 en El Salvador, es parte de las conclusiones del comité encargado de observar el cumplimiento de las leyes en el uso de dichos fondos.

El tercer informe del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia fue presentado este lunes ante la comisión especial de la Asamblea que investiga el uso de los recursos usados en la pandemia.

Parte del informe contiene que el Ejecutivo usó los recursos en el presupuesto ordinario y no en uno extraordinario, desatendiendo lo indicado en el decreto 608. La mayor parte del dinero, cerca de $607 millones, fue "a parar a Fopromid", que es el Fondo de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres con el que el Gobierno puede saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) y puede usarlos "con mayor discrecionalidad", es decir, más libertad.

"El uso de FOPROMID y el ejercicio amplio que el Ministerio de Hacienda hizo de sus facultades para modificar el presupuesto fueron posible porque el 98 % del presupuesto fue canalizado por el presupuesto ordinario, contrario a lo que se dispuso en el decreto 608 que establece un presupuesto extraordinario", concluyó el Comité.

Además, el Comité expuso que "Hacienda restó el 89 % de recursos asignados por la Asamblea Legislativa al fondo de emergencia central para reponer los recursos que previamente fueron destinados al FOPROMID, sin que exista la evidencia que indique que el Ministerio haya contado con la autorización de la junta directiva del fondo de emergencia o de la Asamblea Legislativa para hacer el movimiento del recurso".

No es la primera vez que Hacienda es señalada de mover fondos sin autorización. La vez anterior ocurrió en julio de 2020. Tras ser increpado al respecto, el entonces ministro de Hacienda Nelson Fuentes renunció y fue nombrado su sucesor, Alejandro Zelaya.

El Comité agregó este lunes que "en un esquema que de acuerdo al decreto legislativo tuvo que haber sido bastante sencillo, en la práctica se complejizó e hizo que muchas partidas presupuestarias se entremezclaran".

De esta forma, el comité tuvo que analizar los fondos usados en Fopromid, las transferencias a las municipalidades, los recursos para el Hospital El Salvador, hacia el Fondo del Milenio (FOMILENIO II) y a los veteranos.

Dijo que lo asignado fue  $999. millones, de lo cual el 70 % provino de endeudamiento aportado por la cooperación japonesa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 30 % de "recortes a otras partidas de egresos" como el servicio de deuda, obligaciones generales del Estado, recorte de salarios y otras partidas.

Además, resaltó que aunque la justificación para adquirir préstamos era la atención a la pandemia, $107 millones, que son el 10.7 % de los recursos, se utilizaron en "destinos de otra naturaleza" como la contrapartida para FOMILENIO y el pago a veteranos de guerra.

Otra de las conclusiones del informe es que "no se ha encontrado evidencia de que la Junta Directiva del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica ha funcionado y en consecuencia tampoco hay indicios que hay cumplido con el mandato establecido en el decreto 608". "Podría haber un vacío de la instancia principal para planificar, organizar y controlar la respuesta a la emergencia", mencionó.

El Comité de veeduría fue creado en junio para supervisar el uso de los $2 mil millones aprobados al Gobierno y está conformado por representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).

Parte de sus deberes es "observar el cumplimiento de las leyes administrativas aplicables a los proceso de adquisición, de transferencia y utilización de fondos relacionados con la normativa y emitirá dictámenes sobre cada caso visto, en los cuales expondrá si se cumplió con todas las leyes pertinentes, si hay presuntamente algún incumplimiento específico, si hay desaciertos mayores en  los procesos antes descritos de los cuales, además de informar a la Asamblea Legislativa, enviará copia a la Corte de Cuentas de la República y, cuando corresponda, dará aviso a la Fiscalía General de la República".

Las irregularidades expuestas en el informe del Comité se suman a otras encontradas por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), por las que ya existe investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y se realizó un allanamiento en diferentes carteras del Gobierno.


 

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