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Hacienda solicita a la Sala impuesta reabrir procesos para cobrar impuestos de 2014 y 2015

El ministro de Hacienda volvió a cuestionar el decreto 127, aprobado en 2018 a raíz de una sentencia de la Sala, y que detuvo procesos de 2014 y 2015.

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El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, presentó una solicitud de seguimiento a la Sala impuesta por el oficialismo.

El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, presentó una solicitud de seguimiento a la Sala impuesta por el oficialismo. Cortesía: Secretaría de Prensa CAPRES

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El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana una petición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que la Sala de lo Constitucional impuesta realice una audiencia de seguimiento a una resolución emitida por una Sala anterior y que podría permitirle reabrir casos de recaudación de impuestos de hace siete y seis años.

En 2014, la Asamblea aprobó una modificación al código tributario para que no hubiera plazo de caducidad en la facultad de fiscalización de impuestos y multas de la administración tributaria. Sin embargo, dado que el decreto fue aprobado con dispensa de trámite y sin mayor debate, la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional en 2018.

Luego, la misma Sala ordenó que los procesos que ya se encontraban abiertos debían finalizarse a más tardar en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, en septiembre de ese año, a iniciativa del ahora exdiputado Rodolfo Parker, la Asamblea emitió otro decreto al considerar que ya no había tiempo suficiente para que los procesos ya abiertos finalizaran, por lo que determinó que los procesos correspondientes a 2014 y 2015 se dieran por finalizados.

Dicho decreto fue aprobado por 44 votos, pertenecientes a ARENA, GANA y PDC.

Ahora, Zelaya pidió que la Sala impuesta realice una audiencia de seguimiento de la resolución que declaraba inconstitucional la modificación al código tributario, ya que considera que la misma no fue cumplida. Eso significaría abrir la posibilidad para que esos procesos de 2014 y 2015 puedan cobrarse. 

De acuerdo al ministro, eso significaría cerca de $280 millones de ingresos para el Estado, aunque luego explicó que debía ser la Dirección General de Impuestos Internos la que estime la cantidad a recuperar.

“La DGII y la subdirección de fiscalizacioens serán los encargados de determinar hasta qué monto fue ese daño. Hemos solicitado que como los efectos de la sentencia no habían vencido, la Sala se pronuncie mediante un seguimiento de cumplimiento a la sentencia y pueda devolver las facultades fiscalizadoras del ministerio para ir a terminar las auditorías que ya había iniciado y con lo que podríamos recuperar $280 millones”, apuntó Zelaya.


 

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