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Hallan armas sin registro en armería de militar procesado por evasión

El Juzgado Tercero de Paz ordenó ayer enviar a prisión provisional al militar acusado de evadir $1.2 millones en el ejercicio fiscal 2013.
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FOTO DE LA PRENSA/Josué Guevara A prisión. Abogados del militar retirado, Miguel Ángel Pocasangre Escobar, ingresan al Juzgado Tercero de Paz que ayer decidió enviarlo a prisión preventiva.

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Cinco revólveres y siete pistolas sin matrícula encontraron los fiscales de la Unidad Penal del Estado en una armería de Miguel Ángel Pocasangre Escobar, un militar en calidad de retiro que enfrenta la justicia en dos procesos penales diferentes: uno en el cual es acusado de haber evadido $1.2 millones en el ejercicio fiscal 2013 y el otro por comercio ilegal y depósito de armas de fuego.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en el allanamiento a la armería El Lancero, ubicada en la colonia San Francisco de San Salvador, los investigadores registraron la venta de armas el jueves pasado por la noche porque buscaban documentación relacionada a las cuentas de Pocasangre Escobar en el caso de evasión; sin embargo, en una de las oficinas encontraron las 12 armas sin matrícula y una más que sí tenía un registro a nombre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Lancero, de acuerdo con la FGR, entregó a los fiscales como justificación de las armas una copia simple de contrato de permuta (traspaso), celebrado en 2011 entre el general José Atilio Benítez Parada, cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, y Héctor Abel Herrera Mejía, administrador de Centrum. Además, una escritura de compraventa de armas otorgado por esta última empresa a favor de El Lancero.

El general Benítez Parada fue desaforado por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016, cuando era embajador de El Salvador en Alemania. La Fiscalía lo acusó de estafa, actos arbitrarios, tenencia ilegal, portación irresponsable de armas de fuego y comercio ilegal y depósito de armas. La fiscalía vincula al militar a una supuesta red que aprovechó un decreto legislativo transitorio, en 2009, para legalizar armas que no estaban registradas. El caso aún está pendiente de avanzar por un recurso presentado ante la Cámara Primera de lo Penal.

Sobre Pocasangre Escobar, una resolución siempre de la Cámara Primera de lo Penal ordenó reabrir el caso en agosto del año pasado, después de que el Juzgado Cuarto de Instrucción lo exonerara de cargos. El caso lo conoce hoy el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. La Fiscalía lo acusa de asociarse con funcionarios del Ministerio de la Defensa para comercializar armas con matrículas falsas o alteradas.

Ayer, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que el militar en calidad de retiro permanezca en prisión por supuestamente evadir $1,270,617.18 en sus negocios de venta de combustibles y lubricantes.

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