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Hay cierta resistencia en aprobar reformas a Ley de Ética Gubernamental, dice presidente del TEG

El TEG dijo que las sanciones actuales son muy “débiles” y en las reformas se eleva el techo hasta 300 salarios mínimos, así como procesos de destitución e inhabilitación de cargos públicos para el infractor hasta por cinco años.

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Foto: cortesía/TEG

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) realizó este miércoles un foro donde convocó a organizaciones de la Sociedad Civil para discutir las reformas a la Ley de Ética Gubernamental, propuestas a la Asamblea Legislativa  hace dos años.

El presidente del TEG, Néstor Castaneda, consideró que “hay cierta resistencia a aprobarlas” y por eso es importante realizar reuniones con organizaciones que las respalden.

“La sociedad civil está exigiendo que las instituciones públicas sean más eficientes y que a la corrupción no hay que darle más largas. Creemos que ya dieron una apertura (en la Asamblea), ya fuimos a la Comisión de Legislación a exponerlo, pero por eso tenemos que seguir en esa presión, en esa exigencia”, manifestó.

Castaneda dijo que entre las reformas se contempla cambiar o incluir conceptos como conflicto de interés, nepotismo, nepotismo cruzado, entre otros. “También hablamos del sistema de investigación que es tan importante para el procedimiento sancionador, donde proponemos cambiar la investigación con la protección de denunciantes, protección de testigos, anticipos de prueba”.

“Muchas veces tenemos testigos que al hacer la entrevista se comprometen a llevar la declaración en la audiencia del juicio pero a la hora de llamar no se presentan al juicio. Por eso estamos analizando la figura de anticipo de prueba, que un testigo que esté dispuesto a declarar podamos llevarlo a  un tribunal a hacer audiencia especial para lograr su declaración”, explicó.

Karina Burgos, miembro del pleno del TEG, indicó que las reformas “incorporan modificaciones esenciales a la Ley de Ética Gubernamental actual” y se “incorporan conceptos fundamentales”.

El TEG dijo que las sanciones actuales son muy “débiles” y en las reformas se eleva el techo hasta 300 salarios mínimos, así como procesos de destitución e inhabilitación de cargos públicos para el infractor hasta por cinco años.

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