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"Hay exfuncionarios con dinero injustificado que no declararon"

Magistrado Óscar López Jerez busca crear una nueva ley de probidad que permita armar de oficio la declaración de cese a exfuncionarios que no la presenten, y poder certificar a la Fiscalía los funcionarios que tampoco lo hagan.

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Óscar López Jerez,  Magistrado presidente de la Sala de lo Civil

Óscar López Jerez, Magistrado presidente de la Sala de lo Civil

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Desde la creación de una nueva ley de probidad hasta un código procesal laboral, son algunos de las deficiencias que reconoce el magistrado Óscar López Jerez en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez preside esa sala y además es miembro de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema, por lo que en esta charla con LA PRENSA GRÁFICA habla de la necesidad de endurecer el control a exfuncionarios para que cumplan con su declaración de cese.

¿Qué cambios cree usted que debe hacer la Corte Suprema de Justicia?

Los más importantes serían un proyecto de sistematización de criterios. Uniformar criterios a nivel nacional, para que las sentencias sean similares en situaciones similares. Eso a nivel de juzgados, cámaras y salas.

¿Entonces los criterios no están uniformados?

Creo que hay disparidad de criterios. Es que como cada conformación de una sala, incluyendo la Constitucional, podría variar un criterio.

Hablemos de la Sala de lo Civil ¿hay algún estudio sobre los ejecutores de embargo?

Queremos sanear ese tema. Quiero que los ejecutores de embargo traten a los deudores sin abuso de ley que les confiere un juez. Estamos haciendo solicitudes a la Corte Plena, propuestas de reformas al Código Procesal Civil Mercantil y a la Ley Orgánica Judicial para vigilarlos mejor. Y ya presentamos también ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de código procesal laboral porque no existe en el país.

¿Cuáles son los beneficios que daría ese código a los trabajadores privados?

Se establecería cuál ley procesal es la que se va a aplicar, porque algunos jueces laborales no quieren aplicar el Código Procesal Civil Mercantil; otros sí lo aplican. Eso se llama supletoriedad. Lo que pretendemos es que haya una normativa procesal especial laboral para los juicios de trabajo. También ayuda a la empresa privada porque ya están las reglas del juego establecidas, y serían más rápidos los procesos.

Usted es parte de la comisión de Probidad, ¿qué debemos esperar en ese campo?

Hay una anteproyecto de una nueva ley de enriquecimiento ilícito. Lo que pasa que una ley de enriquecimiento ilícito debe ser desarrollada por medio de su reglamento, pero eso será posteriormente. La ley se está discutiendo y he hecho algunos agregados porque a mi gusto le falta.

¿Qué cree le falta a ese proyecto? Hay críticas de varios sectores por la lentitud de algunos casos...

Falta en el anteproyecto que un exfuncionario no pueda competir para un nuevo si no tiene una, no hablemos de finiquito; si no una constancia que dicen que presentó su declaración formalmente bien, no se trata de una exoneración o absolución. En aquellos casos de exfuncionarios que se les encuentre algo, que su declaración no pegue con la realidad, se tendrá que hacer una investigación profunda y hasta que tenga una resolución favorable de esa investigación, va a poder optar por un cargo público.

¿Esta reforma tiene que ver con los plazos de exfuncionarios para presentar la declaración?

Según la ley, tiene 60 días corridos y si no la presentan se le multa y se le puede hasta investigar. Pido que se investigue, porque sino la presentó es porque algo oculta; entonces viene y opera en contra de él una presunción de que algo hay irregular. Estoy pidiendo que se certifique a la Fiscalía la no presentación de la declaración de cese, porque es una obligación. La Fiscalía debe conocer esos casos que no declaran.

¿Qué está establecido en la ley?

Lo de la multa está establecido en la ley y lo del por qué no presenta su declaración. Lo que pasa es que no se ha hecho, en la ley está; pero no dice que se va a certificar a la Fiscalía. Pero, está incumpliendo con un deber de funcionario.

¿Quiere que quede por escrito avisar a la Fiscalía esos casos?

O sea que acá en Corte Plena y en la ley que emita la Asamblea, se diga que esta persona se certifique a la Fiscalía y se pueda hacer. Porque aquí ocurre que dicen 'no pago la multa' y punto. No, que se le investigue por no presentarla, por lo que ocasiona un delito no presentar la declaración. Aparte de eso, en Corte Plena estamos investigando a exfuncionarios: Aquel que no presentó su declaración de cese y no la quiere presentar, aunque se le multe o se le mande a Fiscalía; les vamos a armar la declaración.

Óscar López Jerez, Magistrado presidente de la Sala de lo Civil

¿Pueden hacer una investigación de oficio?

Sí, con todo lo que venga. Vamos a pedir a los bancos que nos informen cuánto dinero tenía este fulano a la fecha de cese y actualmente. Digamos que van 90 días y no lo ha presentado, entonces 'mire señor del banco infórmenos cuánto tenía a la fecha de cese y cuánto tiene ahorita, y todos los movimientos bancarios. También al Registro a la Propiedad Raíz e Hipotecas. Con esto vamos a armar y decir 'bueno, este señor tenía $1 millón en el banco', entonces venimos y cotejamos eso cuando inició. Luego le decimos 'señor, explíquenos de dónde viene este millón de dólares', y si no justifica; lo vamos a tener que mandar a juicio.

¿Y con los exfuncionarios que ya pasaron más de 10 años sin presentar declaración de cese?

Otra cosa que ya la estamos haciendo, pero queremos que venga en la ley. Aquí hay muchos casos que la corte anterior dejó prescribir. Entonces, esos casos se van a certificar a la Fiscalía, de hecho hemos encontrado algunos exfuncionarios que tienen dinero injustificados; pero ya prescribió porque ya pasaron los 10 años para haberlo mandado a juicio civil, estamos certificando a Fiscalía para que investigue esos dineros.

Hay casos que alguien puede decir, pero si ya prescribió '¿por qué investigarlo?' Pero, si no lo hacemos nos vemos mal. Entonces, galán, una persona se tomó bastante dinero y que le vaya bien, gracias. Por lo menos que la Fiscalía lo investigue, si ella ya no lo investiga es problema de la Fiscalía.

Pero, aún tienen una deuda con las apelaciones de juicio civil por parte de exfuncionarios...

Le voy a explicar por qué se ha atrasado tanto esto. Venimos los 15 magistrados y mandamos a Funes, por ejemplo, a juicio; en la Cámara contra el fallo presentan apelación ante la Sala de lo Civil, entonces vino Funes y nos recusó a los que conformamos la sala porque lo conocimos allá en Corte Plena y algunos de nosotros se han excusado de conocer. Entonces, ¿quiénes conocen? Los magistrados suplentes. Ahí se ha estado un buen tiempo.

¿No hay una manera de arreglar eso?

Se supone que un juez debe conocer un caso que le llega sin saber antes. A mí, por ejemplo, me gustaría resolverlos aunque ya lo hubiera conocido en Corte Plena, por el bien del país y la administración de justicia. Por esa falta de definición es que se atrasan demasiado. Por eso, en este anteproyecto, estoy diciendo que el magistrado que conoció en Corte Plena, puede conocer en Sala de lo Civil.

¿Por qué podría conocer el mismo magistrado?

En Corte Plena vemos lo que ha hecho la sección de Probidad, que es una sección financiera, contable. Lo que nos podría ayudar para que en la Sala de lo Civil podamos conocer, aunque haya conocido en la Corte Plena, es que en la Cámara discuten pruebas. El magistrado de Cámara lleva un verdadero juicio, nosotros como magistrados de Corte solo vemos simples papeles (...) no interrogamos a nadie.

¿Cuántos casos hay pendiente de exfuncionarios que deben devolver al Estado?

En la sección de Probidad son bastantes. Aunque, nadie puede asegurar que si se le condena puede recibir ese dinero.

¿Cómo así?

Si ya no tiene, ¿cómo se hace? Si ya no tiene inmuebles o dinero.

¿Qué hacer entonces?

Quedan debiendo. Lo que pasa es que después del juicio civil de enriquecimiento ilícito viene el penal por enriquecimiento penal, que es cárcel. En el civil solo es bienes, devuelve, paga y ahí se define.

Y si en el caso del expresidente Saca, confirmado por Sala de lo Penal, si no tuviera dinero ¿qué pasaría?

El Estado se queda sin recibir ni cinco. No puede hacer más, si no tiene nada de dónde lo va a conseguir.

Y en la Sala de lo Civil ¿cuántas apelaciones tienen?

No pasarán de diez. Creo que está el de Funes, conociéndose ahorita; el de Charlaix... Todos los que ya condenaron allá están en apelación.

¿Tienen suficiente personal o presupuesto para realizar todos estos cambios en la sección de Probidad?

Para mí, debería de tener el doble de personal, porque se han establecido más criterios.

Y en cuanto al reglamento de Probidad, ¿tienen planificado hacer cambios?

Estamos queriendo uniformar criterios en la comisión de Probidad, en Corte Plena, donde establezcamos el procedimiento a seguir por parte de nosotros. Porque la Asamblea se va a tardar mucho con esa nueva ley. Uniformar los plazos para que el funcionario presente la documentación de descargo.

¿Y ahora cómo está?

Ahora hay varios casos, por ejemplo el de Ana Vilma de Escobar, Luis Mario Rodríguez, se recibió documentación, incluyendo que estaban ya por exponerse el caso en Corte Plena. Queremos que sea uniforme para todos los exfuncionarios o funcionarios del partido político o gobierno que sea.

¿Y para cuándo cree estará lista la nueva ley de probidad?

Quiero lograr que se apruebe este año una mayor vigilancia. La Corte de Cuentas de la República debe hacer una vigilancia extrema. No hablo de la actual, porque a mi gusto está haciendo bien la actual presidenta; pero para mi gusto, sí debe hacerlo la sección de Probidad y debemos vigilar más a los funcionarios.

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