“Hay policías buenos, pero también sicariato en PNC”

La procuradora explica su postura en cuanto a la propuesta de despenalización del aborto, la política de seguridad del Gobierno y las medidas extraordinarias.
Enlace copiado
“Hay policías buenos, pero también sicariato en PNC”

“Hay policías buenos, pero también sicariato en PNC”

Enlace copiado
Cumplió más de 100 días como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tras ese trayecto habla de los principales temas que ha trabajado en la institución, entre estos, la coordinación de una red para migrantes. Anuncia que promoverá una reforma a la legislación salvadoreña que prohíba los matrimonios de menores de edad y, al ser consultada sobre la posibilidad de despenalizar el aborto, advierte que como institución defenderán el derecho a la vida desde la concepción.

En cuanto a la política de seguridad del Gobierno, invita a las autoridades a “hacer un alto en el camino” para evaluar las medidas extraordinarias implementadas porque no quiere que se interprete que su apoyo a estas como “un cheque en blanco”. Cree que así como hay policías buenos, hay otros dedicados al exterminio de criminales. Y llama a las autoridades a corregir el uso excesivo de fuerza, a priorizar la atención psicológica a los agentes para tener una policía más “saludable” .

¿Decidió concentrarse en algún tema?

Estamos funcionando a través de seis procuradurías adjuntas específicas que lideran temas en base con lo que la población está demandando. Temas de niñez, adolescencia y juventud son los temas que quiero enfatizar... A nivel internacional, hemos asumido la coordinación de la red de migrantes y trata de personas. Queremos promover el emprendimiento en nuestro país para evitar las migraciones. Es importante también el abordaje de la temática de la violencia en contra de las niñas, particularmente en el delito de la trata. Queremos incidir el fortalecimiento del sistema de protección. Otro tema muy sensible lo constituye el embarazo en adolescentes. Creo que es grave la situación. Informes del Fondo de Población de Naciones Unidas nos han arrojado que cada 21 minutos una niña es embarazada. Esto es inaceptable. ¿Dónde está el tema de la prevención de embarazos en adolescentes? Debe ser un tema de agenda nacional.

Ese dato que usted menciona no coincide con los casos que se judicializan, porque por cada adolescente embarazada tendría que haber una acusación por estupro.

Definitivamente. Hay una situación y una debilidad en la normativa. El Código de Familia de 1993 y los juzgados de Familia empezaron a funcionar en el 94, regulaban algo del sistema de protección, pero quedó un tema que es importante retomar. Nosotros vamos a impulsar una reforma al Código de Familia, al artículo 14 que habla de los impedimentos del matrimonio. Uno de los impedimentos es ser una persona que no ha cumplido los 18 años. El artículo 14 dice que excepcionalmente va a poder contraer matrimonio la mujer que esté embarazada o que tenga un hijo en común, pero esto no es acorde a los estándares internacionales de protección a la niñez ni a la normativa penal. Hay una desarmonía porque el Código Penal dice que, aun cuando exista consentimiento, si tiene menos de los 18 años siempre es violación. Este es un resabio del Código Penal anterior que permitía que una de las atenuantes es casarse con la víctima.

¿Van a pedir abolir ese artículo?

No debiera permitirse, porque eso es premiar al agresor: se casa y ahí se acaba el problema penal.

Si una adolescente embarazada busca atención en el sistema de salud público, ¿el hospital notifica inmediatamente a la Fiscalía?

Definitivamente. Yo ya tuve una reunión con la directora del Hospital Nacional de la Mujer que está haciendo un trabajo extraordinario. En ese marco de la visita nos manifestaba que hay fiscales adscritos en los centros de la red hospitalaria. Ellos deben de tener conocimiento para promover los procesos judiciales. Sí debería de estar funcionando, el tema es por qué estos casos no se han judicializado. Se vuelven nugatorios los derechos si la misma legislación está diciendo que se debe proteger.

El año pasado National Geographic planteó que El Salvador es uno de los seis países con la ley de aborto más extremas del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre el aborto?, ¿cree que debe haber matices y se debe reconsiderar la penalización del aborto para algunos casos?

El artículo 1 de la Constitución establece que el fin de la actividad del Estado es la persona humana, y se considera persona humana a partir de la concepción. Si el fin es la persona humana, el Estado debe garantizar los derechos. Como hemos dicho en algunas declaraciones, es importante la atención integral de la mujer embarazada. En el Hospital de la Mujer, ellos ya consideran en el expediente clínico que el feto es un paciente. Entonces el Estado debe garantizar la vida de los dos pacientes: del no nacido y de la que está viva. Si existen problemas en la salud de las mujeres, el Estado debe garantizar esa salud. El Estado debe agotar todas las medidas pertinentes para salvar la vida de ambos pacientes. La Constitución ha sido muy clara en esto. Hay casos más dramáticos y más difíciles en los que se tiene que tomar decisiones. Hay casos concretos que habría que evaluarse, si hay realmente posibilidades de vida. Cada caso es excepcional, pero el Estado tiene el deber de garantizar la vida de ambos pacientes.

Usted está hablando de un abordaje clínico, pero la mayoría de los casos que llegan a la parte penal es de mujeres que ni tan siquiera han sido atendidas en un hospital...

Existen casos judicializados en los que las mujeres han sufrido un aborto espontáneo. Es lo que le corresponde a la Fiscalía investigar. En algunos casos la justicia ha sido mucho más dura para mujeres jóvenes y pobres. Nosotros conocimos del caso de Karina Clímaco, que había sido condenada a 30 años prisión por un aborto espontáneo, que ella había sufrido. Y tenía siete años, ocho meses de estar cumpliendo la pena. Organizaciones de la sociedad civil promovieron la revisión de la sentencia, nos presentaron las pruebas y entonces la Procuraduría intervino directamente en el juzgado y pedimos al tribunal de Sentencia que revisara. En ese caso se logró revocar el fallo, pero esos son casos muy puntuales.

¿No cree que sea necesario hacer una revisión de la legislación para este tipo de casos?

La legislación puede ser la misma. El tema es que muchas veces la misma legislación se aplica a unos y a otros de manera diferencial. Si se regula algo habría que hacer un análisis. El Salvador siempre ha sido una nación realmente conservadora y por el momento la Sala de lo Constitucional también ha sido coherente en este tema. Como institución en otros temas que son sensibles vamos a estar vigilantes de que se respeten los derechos de las personas.

¿Cuál es su opinión de las iniciativas llevadas a la Asamblea para despenalizar el aborto?

El artículo 1 de la Constitución es claro en cuanto a esto. Si se quieren promover reformas tienen que pasar por este análisis constitucional. Como institución el primer derecho que defendemos es el derecho a la vida. Y en el caso de estos conflictos defendemos el derecho de la madre y del no nacido. En eso somos bien categóricos y firmes... También tenemos otros temas importantes como son los desplazamientos internos o desplazamientos forzados. Es importante que el Estado garantice la seguridad a todas las personas. Hemos acompañado la implementación de las medidas extraordinarias, no solo porque han contado con el aval de todas las fuerzas políticas. Hemos dado el apoyo por el clamor de la población a tener seguridad. El control del territorio debe ser por el Estado. El apoyo a las medidas no significa un cheque en blanco. Reconocemos los problemas que hay en los penales, un problema grave es la tuberculosis. Yo les he pedido que hagan un alto en el camino, evalúen lo actuado para mejorar, corregir y ver si han dado respuesta.

¿Qué se debe corregir?

El uso excesivo de la fuerza. No afectar a la población civil. A mí lo que me interesa es la población. Ya basta de inseguridad. Las autoridades deben tomar control de los territorios. Se debe revisar el uso excesivo de la fuerza, también el uso de las armas. Me presentaron en una reunión un manual del uso de armas. Es importante y así como les di mis apreciaciones también les dije que es importante la atención integral a los policías, la parte psicológica es la que más debe trabajarse. Si encuentra personas sospechosas, si el policía no se ha trabajado su psique... Hemos hablado de las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Es importante a la hora de estar con un arma, qué va a hacer un policía si está pensando en sus deudas. También la obligación por parte de las autoridades de seguridad de proteger a nuestros policías.

¿El énfasis del Gobierno está en la represión o prevención?

Debe ser un manejo integral, y en ese sentido va la evaluación y hacer este alto en el camino, si estamos trabajando en la prevención. Hay obviamente represión, se pretende que exista también prevención. Vamos a dar acompañamiento en los procesos de formación.

¿Han notado si desde la implementación de las medidas extraordinarias se incrementaron las denuncias por abuso de fuerza?

Se han mantenido. Desde la implementación de las medidas no se han reducido, pero no se han aumentado.

¿Qué ha pasado con las investigaciones por grupos de exterminio que ustedes tenían activas?

Reconocemos que hay policías buenos, valientes, que nos defienden, muy profesional y bueno, pero también existen grupos de sicariato dentro de la corporación, en lo cual la Policía y la Fiscalía deben de contribuir para esclarecer y exterminar este tipo de acciones, precisamente porque estamos en un Estado de derecho. Esto no abona a la democracia, por eso es importante que se erradiquen. Ya lo hemos hablado con el director de la Policía y él nos ha manifestado que ellos ya terminaron, pero las investigaciones que nosotros tenemos creemos que todavía no. Están cinco expedientes por resolverse y casos de desapariciones forzadas. Son casos que estamos investigando y se los vamos a pasar a la Fiscalía.

Tanto los grupos de exterminio como las desapariciones forzadas tuvieron un apogeo el año pasado. ¿Qué cree que pasó?

Lo que pasa es que no se había identificado bien el fenómeno y de hecho no existen estadísticas. Simplemente son asesinatos. Es importante que las autoridades de Seguridad tomen nota en estos temas. Una política criminal debe ser integral. Es importante sanear la institución, porque sí hay buen personal policial, que se les otorguen las prestaciones y tratamiento psicológico de esa manera tenemos una corporación saludable y profesional.

Tags:

  • raquel caballero de guevara
  • pddh
  • procuradora
  • derechos humanos
  • sicariato
  • exterminio
  • violencia
  • inseguridad

Lee también

Comentarios

Newsletter