Lo más visto

"Hay que impedir que El Salvador se convierta en la dictadura de Bukele"

Enlace copiado

"Hay que impedir que El Salvador se convierta en la dictadura de Bukele"

Enlace copiado

El abogado chileno José Miguel Vivanco, especialista en derechos humanos, se ha convertido en los últimos días en un férreo crítico de las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde Twitter, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) no deja de dar su opinión sobre ninguna acción de Bukele que le parezca censurable. Casi a diario es normal ver publicaciones de Vivanco sobre la situación salvadoreña.

Las críticas a la administración Bukele le acarrearon que el mandatario salvadoreño lo bloqueara de sus redes sociales. Pero eso no ha evitado que Vivanco continúe con sus denuncias porque no tiene dudas de que las actitudes desde la presidencia de El Salvador tienen tintes de dictadura. Por eso asegura que la comunidad internacional debe estar alerta.

A través de mensajería instantánea, Vivanco hizo ayer un repaso con LA PRENSA GRÁFICA sobre las últimas decisiones de Nayib Bukele. Desde el tratamiento a los albergados en centros de contención, las confrontaciones con otros poderes del Estado y la "fuerza letal" que autorizó el mandatario a los cuerpos de seguridad en el combate contra las pandillas. Consideró que las políticas gubernamentales dañan la democracia salvadoreña e insta a impedir una nueva dictadura en América Latina.

¿Qué sabía de Nayib Bukele cuando aún no era presidente? ¿Cómo lo consideraba?

Nunca me reuní con él ni lo conocí personalmente cuando era alcalde de El Salvador en representación del FMLN. Lo único que me generó gran preocupación y que ciertamente fue muy revelador de la falta de educación cívica del señor Bukele, fue el incidente que protagonizó (en 2016) cuando organizó una protesta frente a la Fiscalía que intentaba investigarlo. Evidentemente se trató de un acto de matonería para intimidar al fiscal.

Ahora en el Gobierno, Bukele mantiene un pulso con los otros dos poderes de Estado, Legislativo y Judicial, ¿qué significa esto para la democracia?

Bukele actúa como si él fuera la personificación de todos los poderes del Estado. Su desprecio por la Constitución y la separación de poderes se ha puesto en evidencia en reiteradas oportunidades. Claramente considera que cualquier medio es viable para lograr sus objetivos políticos, incluido el abuso de derechos.

El 9 de febrero lo demostró con claridad cuando ingresó a la Asamblea Legislativa con un grupo de soldados armados para amedrentar a los legisladores y obligarlos a que lo autorizaran a contraer un préstamo. Durante la pandemia, desafío e ignoró tres resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y atacó a todas aquellos que cuestionaban sus medidas. Sus políticas erosionan gravemente a las instituciones democráticas que están concebidas, en un estado de derecho, para prevenir el abuso de poder.

¿Qué puede desencadenar la orden del presidente que autoriza a los cuerpos de seguridad utilizar la fuerza letal?

La orden de Bukele es extremadamente grave porque podría ser interpretada por las fuerzas de seguridad como un cheque en blanco para alentarlas a ejecutar a integrantes de las pandillas. El Salvador cuenta con legislación sobre el uso de la fuerza tanto en el Código Procesal Penal como en los protocolos policiales. Estos documentos, al igual que los estándares internacionales en la materia, son claros: las fuerzas de seguridad solamente pueden usar armas de fuego con fines letales para impedir una amenaza a la vida o a la integridad física, y sólo cuando resulte estrictamente necesario. En caso de no respetar estos criterios, las fuerzas de seguridad pueden incurrir en ejecuciones extrajudiciales y otros graves abusos.

Las celdas en las cárceles de pandillas desde el lunes 27 de abril están selladas con placas de hierro y no entra ni la luz del sol. La Presidencia dice que busca evitar que salgan órdenes. ¿Cómo ve esta acción?

Si bien la escalada de asesinatos desde el viernes a hoy (ayer) es realmente grave, la respuesta de Bukele ha sido desproporcionada. Las imágenes que circularon en las cuentas oficiales del Gobierno sobre las condiciones a las que han sido sometidos los reclusos son extremadamente preocupantes: miles de detenidos casi desnudos, sin ninguna medida de distanciamiento social, amontonados, trasladados de una celda a otra sin utilizar mascarillas. En un contexto de pandemia, estas medidas incrementan el riesgo de contagio de los reclusos y, por lo tanto, del resto de la sociedad. Todo indica que estos procedimientos no se han dado por negligencia de las autoridades, si no que, por el contrario, responden a una decisión deliberada del jefe de Estado de exponerlos al riesgo de contagio y someterlos a un trato cruel e inhumano.

¿Ustedes desde HRW consideran que el presidente Nayib Bukele está violando derechos humanos?

Lamentablemente la respuesta es sí. En uno de los últimos informes que publicamos sobre la respuesta de El Salvador a la pandemia, señalamos que se produjeron cientos de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Son extremadamente grave las condiciones en las que se encuentran las personas en los centros de cuarentena especialmente con relación a la falta de testeos, de atención médica adecuada, y la falta de información que se le da a los confinados. Más que centros de contención, estos lugares parecen centros de contagio. Lo confirmó el Ministro de Justicia y Seguridad al decir que aquellos que incumplan las reglas de la cuarentena serían trasladados a centros de contención donde "pueden contagiarse de covid-19". Prueba de ello es la muerte de un ingeniero de 67 años luego de contraer el virus en un centro de contención.

Usted escribió en Twitter que tenemos la obligación de evitar que El Salvador se convierta en dictadura. ¿Quienes son esos obligados y cómo evitarlo?

Lo que es tremendamente valioso de la democracia salvadoreña es ver cómo las instituciones judiciales, al igual que los medios de comunicación independientes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, y la Corte Suprema, luchan por defender valores democráticos contra un poder despótico que está constantemente estigmatizándolos y amedrentándolos.

Por ellos, la comunidad internacional tiene la obligación de solidarizarse y tomar partido en favor de aquellos que defienden la democracia y el estado de derecho. Hay que impedir que El Salvador, que tiene una democracia joven, se convierta en la dictadura de Bukele.

El Gobierno salvadoreño critica a organizaciones de derechos humanos, como HRW, porque no se pronuncian por las muertes de ciudadanos a manos de pandillas. ¿Qué opina sobre esa postura?

Opino que es un argumento falaz; un recurso retórico típico de aquellos que pretenden descalificar por vía de la estigmatización para dañar la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos simplemente porque denuncian los abusos del gobierno haciéndolos parecer como "propandilla". Las organizaciones de derechos humanos no tenemos ninguna parcialidad, ni mucho menos, simpatía con esos hampones de las maras, responsables de brutales atrocidades cometidas sistemáticamente contra civiles inermes. El Estado tiene que hacer todo lo posible para desmantelar, investigar, procesar y condenar a los integrantes de las pandillas. Sin embargo, esto no se puede hacer de cualquier manera, hay que perseguirlos dentro del estado de derecho y sin incurrir en prácticas mafiosas o abusivas, propias de las pandillas.

Se ha hablado de que la pandemia se debe combatir con base a lo establecido en la institucionalidad (leyes, Constitución). ¿Usted cree que la institucionalidad actual permite combatir una pandemia como esta?

Entrar en este tipo de diferenciaciones me parece un grave error: no hay sociedades de primera y otras de segunda. Hay que entender que estos valores jurídicos a los que nos referimos como derechos humanos tienen un carácter universal. No hay justificación alguna que permita un doble estándar: o se cree o no se cree en la universalidad de los derechos y no puede haber distinción de ninguna clase (ideológica, religiosa, etc).

Además, uno de los más serios errores es tratar la pandemia utilizando la metáfora de la guerra, que facilita la concentración de poder y confiere un enfoque militar al problema, y vuelve las respuestas de los gobiernos punitivas en vez de preventivas.

El sistema democrático de gobierno, con amplia participación ciudadana, con debida fiscalización al poder político, con debate de ideas, es el mejor ambiente para educar, informar y persuadir, a los ciudadanos acerca de la mejor manera para colaborar en el combate a la crisis sanitaria más grave que ha enfrentado el planeta en los últimos cien años.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines