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El Salvador  / politica Federico de Torres Muro Embajador de España en El Salvador y es un diplomático de carrera

Hay que restaurar la legalidad y el respeto a la Constitución en Cataluña”

El embajador español dice que la crisis secesionista catalana no solo es mala para Europa, sino también para toda América Latina.
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Hay que restaurar la legalidad y el respeto a la Constitución en Cataluña”

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En octubre, Cataluña estuvo en los noticieros y periódicos de todo el mundo por su votación a favor de separarse de España. Los catalanes tienen opiniones variadas sobre la independencia, unos sí, otros no, otros depende. Pero esa votación profundizó la división dentro de esa región y por ahora siguen buscando la manera de reencontrarse.

Federico de Torres Muro es el actual embajador de España en El Salvador y es un diplomático de carrera que defiende que ese país europeo es un solo territorio, bajo una misma autoridad central y no hay sustento legal para la división. También considera que, al final, las que llama “estrategias” de secesión afectarán al bloque de la Unión Europea y también a América Latina.

¿Cuál es la situación en Cataluña previo a las elecciones del 21 de diciembre?

Para entender bien lo que significa el delito de sedición, hay que tener en cuenta que estas autoridades, desde hace aproximadamente dos años han venido sistemáticamente atentando contra el orden constitucional, poniendo en duda los principios de integralidad territorial y de soberanía nacional que no se pueden fragmentar. Es decir la soberanía nacional en nuestra Constitución está en manos de todo el pueblo español.

Se dictó lo que se llama una orden europea de detención, que tiene vigencia en los 28 estados miembros de la Unión Europea y se trata de un mecanismo de extradición más ágil. Es un procedimiento de urgencia para la entrega de personas que han cometido algún delito, en este caso tipificado como delito penal, en el país en el que hizo la solicitud de entrega. Si la persona, una vez notificada por la justicia belga –en este caso–, no acepta su entrega a la justicia española, hay un plazo de 60 días para tomar la autoridad judicial de Bélgica para resolver la entrega o no de esta persona.

¿Cómo llegaron hasta ahí?

Es evidente que este es un momento delicado desde el punto de vista político. Se ha llegado a una situación muy grave del quebrantamiento del orden constitucional, de la legalidad. A principios de septiembre, el gobierno autonómico catalán puso en marcha un proceso con la aquiescencia de algunas fuerzas representadas en el Gobierno de Cataluña. Entonces, a principios de septiembre se aprobaron una ley de referéndum y una ley de transitoriedad jurídica. Las dos fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de España y también por el Consejo de Garantías Estatutarias que es como el tribunal constitucional dentro de Cataluña. Entonces (las dos leyes) contravenían el estatuto de Cataluña, la Constitución por la que se rige esa comunidad autónoma y la Constitución de España. Pero a pesar de estas advertencias se siguió adelante con el proyectado referéndum. Se celebró el 1.º de octubre, si es que a eso se le puede llamar referéndum, porque era ilegal. El gobierno autonómico catalán no puede convocar a un referéndum salvo para resolver cuestiones de su ámbito estricto de competencia, de gestión, pero no uno que contraviene esos principios de soberanía nacional, no fragmentada, y de integridad territorial. Además, no tenía las garantías mínimas para hacer la consulta: sin censo electoral y hubo rumores de que algunas personas votaron dos veces –pero yo lo desconozco–. Lo que hubo fue un acto ilegal, contrario a la Constitución.

Y el mismo 1.º de octubre hubo una advertencia del gobierno central de España al presidente de la Generalitat (así se le llama al Ejecutivo de Cataluña), en el sentido que reconsiderara su estrategia, sus planes, porque en caso de que no lo hiciera, pues se pondría en marcha el proceso para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Es un artículo que se aplica con autorización del Senado, que es una de las dos cámaras que conforman el Parlamento español. Se le advirtió que reconsiderara su estrategia y dejara sin efecto algunas medidas que estaba tomando. Durante algunos días, esperamos que (la Generalitat) lo hiciera. Finalmente, él (Carles Puigdemont) no hizo la declaración unilateral de independencia, sino que decidió llevar esta cuestión al Parlamento de Cataluña, donde una parte de los parlamentarios votaron a favor de los parlamentarios en ausencia de aquellos grupos políticos que respetan la Constitución y están en el Parlamento. Al día de hoy, el horizonte son las elecciones del próximo 21 de diciembre, y en paralelo, el proceso judicial sobre el que lógicamente el Gobierno de España no tiene nada qué opinar, porque hay una estricta separación de poderes.

Diferentes cronologías sugieren que parte de la molestia de los independentistas es que durante la crisis mundial se pasaron llevando a Cataluña. ¿Cómo lo vivieron allá?

Frente a la crisis de 2009 o 2010, el Gobierno español tomó medidas extraordinarias para enfrentarla. Recordemos que no tiene su origen en España, sino en Estados Unidos. Duró de 2009 a 2015, más o menos. Fueron medidas que se tomaron en vista de reducir el gasto público, porque se habían reducido los ingresos fiscales por la caída en la actividad económica. Es un proceso llamado de consolidación fiscal, porque como están bajando los ingresos públicos, hay que reducir el gasto. Se congela la contratación de funcionarios, las convocatorias de exámenes para acceder a la función pública, se congelan los aumentos de salarios en la administración. Incluso en el segundo semestre de 2010 se reducen los salarios en la administración pública. Fueron medidas muy drásticas que buscaban compensar la consolidación fiscal y sentar las bases del crecimiento. Al parecer fue en ese momento que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, planteó un pacto fiscal en unos términos que no podían ser aceptados por el gobierno del Estado y en ese momento, efectivamente, se sentaron las bases de esta estrategia de sedición, de secesionismo de Cataluña del resto de España.

España está entre los países de la Unión Europea que ocupan el euro, la moneda común. Eso incide sobre la política económica y la fiscal. Si no controlamos el déficit fiscal, terminaría desestabilizando la zona euro. Desde hace dos ejercicios presupuestarios, España está notando los efectos de la recuperación económica. Está disminuyendo el déficit público, la tasa del desempleo bajó del 24 %, que llegó a estar esos meses, a un 18 % de ahora. Luego, tenemos este reto. Creo que no es descabellado utilizar la palabra deslealtad.

¿Qué consecuencias puede tener esto que ha pasado? Se habla de una gran fractura social, un punto de “no retorno” en la división.

En primer lugar, los objetivos están muy claros: hay que restaurar la legalidad y el respeto a la Constitución en Cataluña. En segundo lugar, hay que reparar el daño que ha causado esta política de confrontación y que ha generado cierto grado de fractura social. Se ha dividido a la sociedad catalana, se han usado los medios de comunicación públicos del ámbito catalán para hacerlo. En tercer lugar, hay que continuar con el proceso de recuperación económica. No es buena noticia que diferentes compañías han decidido retirarse. Eso no es bueno ni para Cataluña y tampoco para España, independientemente si han reubicado su sede social dentro del territorio español: introduce un factor de distorsión y de inseguridad y esta previsibilidad es muy importante para la actividad económica. Hay que restaurarla lo máximo posible.

¿Habrá cambios en la relación del gobierno central con esta comunidad autónoma?

La reglas del juego están muy claras tanto en la Constitución como en el estatuto de autonomía. Se ha hablado de que, en los próximos meses, los partidos, los principales partidos, representados en el Congreso de los diputados, en la segunda de las cortes, podrían poner en marcha un proceso de reforma constitucional para analizar la posibilidad de modificar el sistema de organización territorial del Estado. No hay mucho más margen de maniobra para descentralizar más España; porque España tiene un nivel de descentralización que está entre los más elevados del mundo. Hace unos días leí que solo Alemania tiene un poco más de descentralización en comparación con España. Pero yo diría que en el caso de comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía… Es difícil hallar una región en el mundo que tenga esos niveles de autogobierno. No hay que olvidar que, por ejemplo, Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de sanidad, educación pública y tiene su propia policía. Pero bueno, sí es cierto que se ha hablado de que los principales grupos políticos, como Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos, representados todos ellos en el Congreso de diputados se plantearán la necesidad de una reforma constitucional.

Cataluña no es la única. Está Escocia, las regiones de Italia, el mismo “brexit”... ¿Se trata de un efecto dominó?

Hemos estado tratando esta cuestión desde la óptica estrictamente española. Pero, indudablemente, todo esto que ha ocurrido ha puesto en riesgo la estabilidad del proyecto de integración europea. No hay que olvidar que la Unión Europea de hoy nace de lo que se decidió después de la Segunda Guerra Mundial. Era para superar los nacionalismos excluyentes de los totalitarismos, de las fronteras, para poner en marcha un proyecto común. España se unió a este proyecto en 1986. España tiene un protagonismo importante en el proceso de construcción de la Unión Europea a partir de ese momento, y ahora son 28 estados, 27 cuando se termine de resolver la salida del Reino Unido. Así que lo que ha pasado en Cataluña estos últimos meses ha preocupado mucho a las autoridades europeas porque ha introducido un factor de distorsión, en cierta medida un factor contrario a los objetivos de la Unión Europea. No hay que olvidar que uno de los grupos políticos que ha contribuido a esta estrategia secesionista ha sido contrario al euro y a la OTAN (un bloque de 29 países de América del Norte y Europa que están unidos por temas esencialmente militares). Nuestros socios europeos están preocupados, porque además algunos de ellos han alertado del posible efecto dominó que podría tener una actitud de este tipo si se replicara en otros Estados miembros. Creo que todo esto ha sido malo para España y malo para la Unión Europea. Me atrevo a decir que no es bueno, tampoco, para América Latina.

¿Por qué no es bueno para América Latina?

No es bueno porque España, como uno de sus signos de identidad desde la época democrática, es su proyección hacia América Latina. Bien sea a través de cooperación para el desarrollo, bien sea a través de la presencia de nuestros inversores en América Latina. Es muy importante en toda América Latina, en Centroamérica, en El Salvador. También en lo que se refiere a esa vertiente de acción cultural, de patrimonio común que tenemos con América Latina, fundamentalmente, con el uso del castellano. Aunque yo espero que ya se haya superado lo más grave, pienso que este proceso ha puesto en riesgo la estabilidad de un Estado que tiene una vocación muy fuerte de cooperación con América Latina. También se ha convertido, en algunas ocasiones, en una especie de impulsor entre las relaciones de América Latina con Europa. No tenemos la exclusiva, no hay que ser tan fatuo para pensar que solo España es el que tiene esta conexión con América Latina tan sólida. La tienen los otros Estados, en especial los más grandes: Francia, Alemania, Italia, Portugal, solo por mencionar algunos. Indudablemente, una España democrática consolidada y estable, próspera y solidaria como lo ha sido siempre con América Latina es un activo para esta región. Los gobiernos de América Latina, salvo alguna excepción, han sido muy claros en su apoyo a la institucionalidad y la legalidad en España.

¿Consideran que El Salvador ha sido claro en su posición frente a esto?

Sí, han sido claros en que la interlocución es con el Gobierno de España. Expresa un apoyo a que el grado de madurez democrática, como consigna el comunicado, que se ha alcanzado en España haga posible que se supere esta situación.

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