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“Hay que ver qué tan necesarios son esos gastos en coyuntura de crisis”

Marco Grande, todavía magistrado de la CCR, sugiere una nueva política para que las instituciones del Estado no continúen con vicios en sus gastos y los racionalicen.
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“Hay que ver qué tan necesarios son esos gastos en coyuntura de crisis”

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El segundo magistrado de la Corte de Cuentas debe abandonar el despacho que ocupa en esa institución a más tardar el próximo 30 de julio, porque así lo sentenció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Grande dio esta entrevista un día antes de que su nombramiento fuera declarado inconstitucional y habló, además, de la demanda contra su elección, sobre los últimos temas que habían salpicado a la institución hasta ese momento, como la violación de una secretaria dentro de las instalaciones, la supuesta entrega de un finiquito al expresidente Mauricio Funes y algunos gastos realizados por la Corte de Cuentas.

El presidente de la Corte de Cuentas confirmó recientemente que una secretaria fue violada dentro de las instalaciones. ¿Qué medidas han tomado al respecto?

Esto es parte de las funciones administrativas y nosotros estamos en la función meramente jurisdiccional, pero por lo que yo he leído en los medios y compañeros me han comentado, efectivamente la persona que se mostró como víctima puso la denuncia respectiva, lo cual ya trasciende el ámbito de la corte y será la Fiscalía la que tendrá que realizar los procedimientos. En temas administrativos, por disposición legal, le corresponden al presidente. Y esto cae dentro de ese campo.

La Corte de Cuentas anunció que contratará una firma para que audite el uso de los $152 millones para seguridad, ¿Por qué deciden contratar gente externa si la naturaleza de esta institución es justamente auditar y para eso están los auditores internos?

La ley posibilita, como esta es una función también del presidente, lo que dice la ley es que corresponde al presidente contratar servicios de auditorías en cualquier materia. El presidente lo puede hacer, yo lo que oí del presidente es que no se va a contratar una firma privada, sino un consultor.

¿Pero por qué contratar a alguien de fuera? ¿Es que no confían en la capacidad de la gente que trabaja dentro de la Corte?

No sé, porque realmente no es una cuestión jurisdiccional, es algo eminentemente administrativo. La conducción administrativa del presidente de la Corte que implica desde la conducción en el ejercicio de auditoría hasta la parte eminentemente administrativa, todo lo que tiene que ver con adquisiciones, contrataciones. No es algo que tenga que ver con la Cámara de Segunda instancia.

A propósito del personal de la presidencia. LA PRENSA GRÁFICA publicó que el hijo del presidente, quien ya era auditor, fue promovido a técnico de la presidencia en la gestión de su padre. ¿Esto no riñe con ninguna prohibición?

No me atrevería dar una opinión, porque no conozco el caso.

¿Sí conoce al auditor del que le estoy hablando?

Sí, es una persona que tiene años de trabajar acá, pero el caso así puntual lo desconozco. Sería muy atrevido de mi parte opinar sobre algo que no conozco realmente. Como repito, en esos temas de carácter administrativo no intervenimos porque la ley le da esa potestad al presidente.

Revisando las compras realizadas desde que ustedes llegaron a la CCR, salieron algunas cosas curiosas como el pago de lavado de trajes de mariachis. ¿En una coyuntura como la actual y tratándose de esta institución cree que esos gastos están realmente justificados?

La situación puede tener dos aristas: una, la meramente legal y la otra desde el punto de vista ético. Legalmente puede ser, yo lo desconozco, porque no estoy involucrado en esos temas, pero puede ser que ese tipo de actividades ya estén presupuestadas. Si eso es así, diríamos que legalmente no hay problemas. El problema vendría en que hay que ver qué tan necesario son esos gastos en la coyuntura de crisis del país. Esto no se aplica solo para la Corte de Cuentas, es una práctica que se ha mantenido por muchos años dentro de varias instituciones. Entonces el problema es desde la elaboración de los presupuestos y el estudio que debe hacerse en la Asamblea de esos presupuestos, respetando los parámetros de austeridad. Si los presupuestos se elaboraran con ese sentido de austeridad y con el sentido de enfocarnos más en aquellas necesidades institucionales, creo que esas situaciones podrían optimizar los recursos del Estado. Si el Estado necesita recursos para la realización de sus obras, entonces debería haber una política general para todas las instituciones que los presupuestos se elaboren con criterios que vayan realmente a suplir necesidades urgentes. De lo contrario, puede seguirse cayendo en esos vicios y el país no está para una serie de gastos. Al momento de elaborarse los presupuestos institucionales debe tenerse en cuenta la austeridad y la razonabilidad de los gastos.

¿Ustedes, por ejemplo, compran vino y otro tipo de licor para algún evento?

No, por lo menos yo a las actividades que he sido invitado, no.

En el caso de compra de licor en CEPA, en el que la CCR también ha ordenado una auditoría, ya hubo devolución de dinero. ¿Si al finalizar el proceso, y si se llega hasta un juicio de cuentas, el empleado público puede ser objeto de sanción aún con la devolución anticipada?

Sí, porque una cosa es el daño patrimonial que se cause a las entidades por el mal uso de recursos y otra cosa es la inobservancia de la normativa legal. Hipotéticamente podría suceder que se paguen las cantidades que se considera que no se pagaron conforme a disposiciones normativas; pero la auditoría continúa, a efecto de poder determinar responsabilidades de carácter administrativo por la inobservancia de leyes.

¿Qué casos están conociendo en apelación y revisión en la Cámara de Segunda Instancia?

En trámite tenemos 751 expedientes. Sucede una situación que nos inhibe a emitir criterios, no podemos emitir opiniones anticipadas de casos que están en trámite.

¿Cuáles son los más relevantes que han resuelto desde que llegaron?

Tendría que revisar, imagínese la cantidad. En nuestra gestión, recibimos cuando entramos, en agosto de 2014, una mora de 1,249 expedientes. De esos tenemos 751 en trámite y hemos resuelto 498. Aquí tenemos juicios que involucran a empleados de todas las instituciones; relevantes no se me viene ninguno a la cabeza en este momento.

En la Alcaldía de Apopa, según la Fiscalía, se usaron fondos municipales para financiar pandillas, ¿no tendría que ser la CCR la que esté destapando o identificando dónde están ocurriendo estas cosas?

Lo que pasa es que tenemos competencias diferentes, no tenemos competencias para la investigación del delito.

Pero sí tienen competencia sobre la administración y uso de fondos públicos...

Sí, podemos tener indicios de algún posible cometimiento delictivo cuando realizamos la labor de auditoría, de hecho, nuestra ley ya lo prevé. Prevé que si los funcionarios tienen indicios de se ha cometido un ilícito, tiene que comunicárselo a la Fiscalía. De hecho, hemos remitido algunos.

¿Podría mencionar algún caso de los que hayan remitido en esta administración?

Como ese ya es un tema de carácter administrativo, porque la notificación por ley la hace el presidente, pero el presidente siempre envía las comunicaciones. Muchos de los casos puede que se hayan originado aquí, el caso de ANDA, se originó aquí.

¿Ninguno reciente?

Lo que pasa es que ahí puede darse una situación muy especial: la Fiscalía cuando le llegan estas comunicaciones va a hacer sus propias investigaciones. Pero sí puede ser que muchas se originen a partir de la comunicación de la Corte.

Esta es una de las instituciones más cuestionadas por los pocos resultados que ha dado en cuanto a la fiscalización de los fondos públicos. ¿Qué han hecho ustedes para cambiar esto?

Si uno lo ve en términos cuantitativos, las siete cámaras condenaron $889,192.18 en condena patrimonial en mayo. En números se emiten condenas.

Pero en esos mismos números se observa que el monto de lo absuelto es el doble a lo que se condena...

Las pruebas que presentan las partes. Si a usted la acusan de algo, tiene derecho a defenderse. Puede ser que si le imputan un millón a una persona, demuestre que no causó ese daño patrimonial.

Hay una demanda en la Sala de lo Constitucional por la elección del presidente de la CCR, ¿también contra su elección?

La demanda es contra la Asamblea, contra los decretos, las demandantes dicen que la Asamblea no cumplió con los parámetros. Yo ya contesté, demostré que me sometí al proceso, fui entrevistado, no tengo ninguna afiliación partidaria, pedí mi certificación al TSE. Vamos a cumplir con nuestras funciones hasta el día que nos toque estar acá, vamos a actuar con toda la imparcialidad del mundo.

¿Todavía están dirimiendo qué fue lo que pasó con el finiquito que supuestamente le entregó el anterior presidente al expresidente de la República Mauricio Funes?

Si a los presidentes los auditaron y no les encontraron nada, les corresponde darles la resolución exonerativa de responsabilidades. Si fueron auditados y fueron sometidos a juicio y existe alguna resolución condenatoria o absolutoria, si fue absolutoria les corresponde un finiquito de juicio. Uno de los dos tuvieron que haberles dado. Lo que escuché en los medios es que no habían encontrado la solicitud y el documento firmado por el presidente, pero como son temas meramente administrativos y son ejecutados por unidades administrativas que dependen del presidente. Entendemos que estas unidades realizan su labor apegadas a la ley y que, previo a la firma del presidente, se han asegurado que se han seguido todos los procesos. Ningún titular puede tener un total dominio, pero todos los funcionarios son los responsables del control interno. Yo una vez oí a alguien que decía que los titulares de las instituciones no manejaban fondos, que por lo tanto ellos delegaban y no tenían responsabilidad. Eso no es del todo cierto, porque ya la ley establece que por el solo hecho de ser titular de una entidad, le recae la responsabilidad del control interno, y tiene que ser previo, concurrente y posterior.

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