“Hay un afán político en querer controlar la CSJ”

El Consorcio por la Transparencia instó a que el proceso de elección de nuevos magistrados sea auditado por la ciudadanía.
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“Hay un afán político en querer controlar la CSJ”

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La elección de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos cuatro de la Sala de lo Constitucional, es uno de los seis proceso de elección de funcionarios que tendrá que realizar la legislatura que se instale el 1.° de mayo de 2018. El primero que se avecina es el de la Corte Suprema a mediados de julio.

En ese sentido, el Consorcio por la Transparencia realizó ayer una evento en el cual aseguró que el problema de la elección no es el proceso en sí, sino las intenciones políticas de querer controlar las instituciones, en este caso la CSJ.

“El modelo, como decimos, en papel es bueno. El modelo no es malo y, de hecho, prevé una serie de filtros que puede ser mejorable y creemos que sí. Lo que están fallando es el afán político de controlar las instituciones. Ese es el problema. Todos se politiza y en lugar de llevar a las personas con mejores competencias se lleva al que desde el poder político se pueden controlar”, expresó Liliam Arrieta, investigadora del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

El consorcio lo integran también la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y TECHO El Salvador.

Ante la importancia que reflejan dichas elecciones, según lo expresado por los representantes del consorcio, otro aspecto clave en esto será la vigilancia que la misma ciudadanía haga de la elección.

“El consorcio reconoce la importancia de que la prensa, la ciudadanía comprendan la relevancia de las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su papel en la democracia”, expresó Sofía Flores, directora ejecutiva de DTJ.

Otro reto que plantea el consorcio es evitar que se dé el reparto de cuotas. También que se elijan a los abogados por idoneidad y no por popularidad. Arrieta dijo que la idea es que los funcionarios que lleguen a las instituciones lleguen a controlar a lo gestión pública y no a ayudar a quienes los eligieron.

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