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Hay una demanda en la Sala Constitucional

El demandante ha solicitado que se suspenda la elección como medida cautelar.
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Una demanda presentada en la Sala de lo Constitucional en octubre pasado pretende que se declare inconstitucional la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2016-2021.

La demanda todavía no ha sido aceptada por esta sala de la Corte. El abogado demandante afirmó que de declararse inconstitucional la elección de los funcionarios del CNJ, se obligaría a la Asamblea Legislativa a repetir el proceso de selección y podría abrir, una vez más, espacio a la reflexión sobre la necesidad de profesionalizar el sistema de justicia.

Según el demandante, la forma en la que los diputados eligieron a los miembros del CNJ viola la normativa constitucional y la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional en el sentido en que no garantiza los mecanismos de transparencia para que la población tenga claro “por qué se eligió a un postulante y no a otro”, y sobre cómo se garantizó que se eligió a los funcionarios más idóneos y capaces.

La petición hace hincapié en que la opacidad del proceso de elección no garantizó la independencia de grupos de poder y partidos políticos de las personas escogidas.

Según la demanda, tampoco se dio garantías de la probidad e idoneidad de los funcionarios electos, pues, por ejemplo, no se reparó en que el título de abogada de la actual presidenta del CNJ, María Antonieta Josa, “incluye irregularidades como haber obtenido equivalencias de la Universidad Salvadoreña de 11 materias que nunca cursó”, según el informe Vidales.

El demandante consideró que habría que identificar en qué momento del proceso de elección de los consejeros está determinado por intereses partidarios.

El abogado consideró que si bien acompaña la idea de una reforma constitucional sobre el mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado, esto es viable siempre y cuando esté en manos de gente proba.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han coincidido en que, debido a la presión constitucional ejercida, es preciso pensar en una modificación de la forma de elección de funcionarios de segundo grado.

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