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Homicidio y extorsión: principales delitos cometidos por 34,968 prófugos

Un informe oficial consigna el crecimiento sostenido en los últimos años de quienes huyen de la justicia después de cometer algún delito. Expertos consideran que el país no cuenta con una estrategia que logre revertir esa impunidad.

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Walter Martínez Arana llegó hace tres años a una cervecería ubicada en la calle principal de Las Flores, una colonia del municipio de Ereguayquín, en Usulután. Entró, tomó por los brazos a Sandra, una joven de 25 años, y la llevó hasta afuera del negocio. Allí, le disparó hasta matarla. Minutos después, Martínez Arana desapareció.

La única pista que los investigadores encontraron en el lugar del crimen fue un vehículo. La Policía sospecha que fue utilizado por Martínez Arana para llegar hasta donde estaba su víctima.

Testigos le contaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que el agresor no era residente de la zona, y que desde ese 25 de noviembre de 2018, cuando mató a Sandra, no han vuelto a verlo. La versión que barajan los investigadores es que Martínez Arana vivía en la zona urbana de Concepción Batres, otro municipio del departamento de Usulután, y llegó hasta aquella cervecería de Ereguayquín solo para cometer el crimen.

Lo poco que saben los investigadores de Martínez Arana está en los archivos policiales: acumulaba antecedentes por el delito de portación o conducción ilegal de arma de fuego y por amenazas. Sin embargo, desde aquella noche que descargó su arma contra la víctima, Martínez Arana se convirtió en uno de los 7,848 prófugos que la PNC busca por homicidio.

Los homicidas representan la mayor cifra de los 34,968 prófugos que la Policía tiene registrados desde su creación en 1992. Así lo revela un informe de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales (DCJ) de la PNC, la unidad que se encarga de la búsqueda y localización de prófugos.

Otro de los que figura en el listado de prófugos por cometer homicidio es el exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, alias "Samurái", prófugo de la justicia desde la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando asesinó a la policía Carla Ayala tras participar de una fiesta de Fin de Año.

Un juzgado encontró culpables por omisión y encubrimiento a un grupo de agentes de menor rango y a familiares del autor del crimen. Todos por colaborar para que "Samurái" lograra escapar; sin embargo, los investigadores aún no han podido dar con el exagente que pertenecía una unidad élite, que en ese entonces estaba bajo la coordinación del ahora director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas.

El documento también consigna 2,663 extorsionistas que lograron salirse con la suya , se trata de la tercera cifra más alta de prófugos que la Policía Nacional Civil no ha logrado arrestar desde 1992.

Un investigador de la Policía, que pidió no ser identificado, reconoce que los prófugos son una consecuencia de un mal proceso investigativo. Procedimientos que, según su criterio, están bajo la jurisdicción de unidades de investigación que "se han vuelto débiles" con el paso del tiempo.

Señala que en los últimos años se ha visto un trabajo enfocado más hacia la seguridad pública que al área de investigación. Una estrategia, que según él, provoca una coordinación poco efectiva con la Fiscalía General de la República (FGR) para ubicar y capturar a los prófugos.

El aumento desmedido de prófugos desde 2016 le da la razón.

A partir de esa fecha, los que huyen por haber cometido algún delito comenzaron a contarse por más de 2,000 cada año. La cifra alcanzó los 3,715 prófugos solo durante 2020. Ya es la más alta desde 1992.

La amplia lista de los prófugos más reciente también incluye a exfuncionarios acusados por corrupción y lavado de dinero, tal como el expresidente Mauricio Funes, que huyó del país en 2016 bajo cargos de haber desviado $351 millones durante su gestión. Además, la Fiscalía le imputa otros cinco casos por lo que a la fecha acumula seis órdenes de captura.

El régimen de Daniel Ortega le otorgó en un primer momento la calidad de asilo político en Nicaragua y finalmente, en julio de 2019, le fue concedida la nacionalidad de ese vecino país.

Otro de los personajes salvadoreños que también se encuentra huyendo de la justicia es Enrique Rais, de quien la Fiscalía dice que lideró una estructura de corrupción que habría inferido en el sistema judicial y que lo vincula con el exfiscal Luis Martínez, preso por corrupción.

El documento de la CSJ también consigna que 2,663 extorsionistas han logrado hasta la fecha salirse con la suya, se trata de la tercera cifra más alta de prófugos que la Policía Nacional Civil no ha logrado arrestar desde 1992.

Expertos consideran que la acumulación de casos de varios delitos es una variante que influye en la impunidad y que, de acuerdo con valoraciones del director de la Unidad de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo, evidencia la falta de una política criminal de carácter integral.

Carrillo señala, además, que la persistencia de delitos en el tiempo va acompañada de una mutación de la forma de actuar delictiva y que esto no ha sido abordado por el Estado.

El investigador policial también le quita presión a la a unidad de búsqueda de prófugos, pues considera que no debe ser la única que resuelva el problema.

Considera que debe reforzarse el trabajo institucional de la Policía para que todas aquellas personas que tienen una orden de captura, y estén registradas en el sistema de búsqueda, puedan ser finalmente procesadas.

Sin embargo, culminar esa búsqueda, entre los que figura Martínez Arana, significaría para la Policía arrestar cinco veces a toda la población de Ereguayquín.

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