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Hospital admite negligencia tras muerte de joven

Auditoría del Hospital Santa Gertrudis concluye que los médicos no cumplieron el protocolo, lo que no les permitió tomar buenas decisiones sobre atención de joven que murió tras no ser atendido.
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Cristian Ernesto Granados Escoto murió el 10 de octubre del 2014, cuando tenía 20 años, a causa de un virus que se le alojó en el cerebro . Según sus padres, su deceso se debió a actos negligentes por parte de los médicos del hospital Santa Gertrudis de San Vicente, Julio César Ramírez Martínez y Pablo Antonio Romero Castro, quienes lo remitieron dos veces con tratamientos ambulatorios sin realizarle exámenes más allá de los tactos físicos. Los exámenes se los hizo otra doctora hasta la tercera vez que llegó en estado crítico a al hospital, momento en el que fue trasladado al Hospital Rosales, donde murió.

Los padres de Cristian presentaron una denuncia por homicidio culposo en contra de los médicos. El caso ya fue judicializado y está en la etapa de instrucción. Los médicos están a la espera de enfrentar la audiencia preliminar en los primeros días de noviembre próximo en el Juzgado Primero de Instrucción de San Vicente, donde se ventila el proceso.

El Comité de Morbi-Mortalidad del hospital vicentino concluyó, en una auditoría interna , que los médicos fallaron en crear una “historia clínica incompleta, por lo que no se identifico el factor de riesgo oportunamente”, además porque no cumplieron en la “aplicación de la normativa en cuanto a las notas de evolución ante paciente crítico” y en la “disponibilidad del expediente clínico completo al momento de su consulta en la unidad de emergencia”.

El informe también muestra que “hubo fallo de comunicación entre el personal médico-paciente y/o familiares; y personal de enfermería y el paciente y/o la familia, para obtener datos más confiables”.

Los médicos que realizaron la auditoría aseguran que no es posible determinar en qué medida se pudo haber prevenido el cuadro clínico que resultó con la muerte del joven, debido a que no se siguió “la evolución y el manejo de tercer nivel de atención”.

Las conclusiones del informe del hospital son también replicadas por el examen de un perito infectólogo que se anexó al caso. El especialista afirmó en su investigación que los doctores no siguieron “los lineamientos ya establecidos para la toma de la Historia Clínica de los pacientes que se están evaluando” , pues no hicieron un recuento detallado de síntomas, ni pidieron antecedentes del caso. Además, el examen físico resultó insuficiente. Razones por las que “no tomaron decisiones de tratamiento adecuadas para los síntomas que aquejaban al joven”.

Ante estos hallazgos, el hospital público decidió suspender sin goce de sueldo durante treinta días a Ramírez y trasladar a Romero al Hospital de niños Benjamín Bloom.

Según el Código Penal, de encontrarse culpables a los médicos acusados de homicidio culposo, estos podrían enfrentar entre dos y cuatro años de prisión, además de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión por un término de dos a cuatro años.

En cuanto a la responsabilidad civil, los familiares del joven han señalado una cifra de retribución de aproximadamente $200 mil, de acuerdo lo a establecido en el marco legal salvadoreño.

Lo intentaron ocultar

Un informe generado desde el Hospital Rosales el 20 de marzo de 2015 por el jefe del Servicio de Infectología, Rolando Cedillos, y el jefe Internista de Servicio, José Santiago Cerón; asegura que Cristian Ernesto Granados adolecía “dengue grave con signos de alarma” a la hora en que fue remitido al hospital capitalino.

El documento dice que el dengue hemorrágico se confirmó por “ una prueba de detección de anticuerpos para el virus del Dengue tomada el 10 de octubre del 2014 y reportada como positiva por el Laboratorio Nacional de Referencia del Ministerio de Salud el 13 de octubre del 2014”.

Los doctores del Hospital Rosales intentaron explicar la muerte de Granados en el escrito asegurando que el padecimiento de dengue hemorrágico, y los síntomas que de este se desprenden, explica el desenlace de una enfermedad “que aún con tratamiento de soporte siempre tiene ese potencial”.

No obstante, el informe de auditoría realizado por el comité auditor del hospital registra que un día antes de la muerte de Granados, a su llegada al hospital de San Vicente, se le diagnosticó “sospecha de meningoencefalitis viral”.

El abogado que conformó la querella desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Arnau Baulenas, aseguró que “unos médicos entienden mal su labor e intentan cubrir a sus compañeros. Esto, a su juicio, queda evidenciado en los peritajes en que se desmiente lo dicho por médicos del Rosales”. Familiares del joven dicen que los médicos imputados no se han acercado a ofrecer una disculpa, sólo dinero a la familia para que pararan el proceso.

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