Iglesia aplaude decisión de sala de resguardar archivos

El arzobispo José Luis Escobar dijo que la Sala de lo Constitucional confirmó que Iglesia católica es la única con autonomía para resguardar archivos de extinta Tutela Legal. Son más de 50,000 archivos con denuncias.
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El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, aplaudió ayer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que los archivos de la extinta Oficina de Tutela Legal sean resguardados por la Iglesia católica, bajo la confidencialidad, y que no se declaren públicos y “bien cultural”.

“Desde la Iglesia queremos felicitar la decisión de los magistrados de la Sala (de lo Constitucional) para emitir la resolución, que consideramos justa y totalmente apegada a derecho; con esta resolución se protege la seguridad jurídica de la Iglesia, su independencia y su derecho de autodeterminación”, dijo monseñor Escobar en una conferencia de prensa tras oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana.

El arzobispo explicó que desde noviembre de 2013, la Iglesia católica acudió hasta la Sala de lo Constitucional para interponer un recurso de amparo, con el objetivo de evitar que la Secretaría de Cultura (SECULTURA) y el director de Patrimonio Cultural de esa institución, Gustavo Milán, declararan los archivos de Tutela Legal como “bien cultural”.

Escobar sostuvo que declarar los archivos como “bien cultural” suponía hacerlos públicos y permitir que personas o instituciones los manipularan “a su conveniencia”.

El director de Patrimonio Cultural dijo, en 2013, que “se sorprendió” de que el arzobispo Escobar ordenara que el 13 de octubre de ese año se cerrara la Oficina del Archivo de Tutela Legal del Arzobispado, por lo que desde SECULTURA existía la posibilidad de “hacer un reconocimiento y una declaración cultural del archivo documental histórico de la Oficina de Tutela Legal” y así también hacerlos públicos.

De acuerdo con el arzobispo Escobar, “la Iglesia es la única que puede tener la autonomía sobre los más de 50,000 archivos” de denuncias de violaciones a los derechos humanos que se acumularon durante la época de la guerra civil en el país, que duró desde 1980 hasta la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional resolvió a favor de la Iglesia diciendo, a través de la sentencia, que “la toma de las declaraciones y la apertura y seguimiento de los procesos judiciales constituyeron una manifestación de la función social de la Iglesia católica; por eso, el archivo de Tutela Legal no contiene elementos documentales valiosos desde la perspectiva militar y social como para ser declarados bienes culturales” del país.

La sentencia de amparo, que le dio la razón a la Iglesia católica el pasado miércoles 24 de febrero, fue firmada por unanimidad de dos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional (Sidney Blanco y Rodolfo González) y tres suplentes (Eliseo Ortiz, Celina Escolán y Martín Rogel).

En la sentencia, además, la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Iglesia católica que cumpla con cinco obligaciones en torno a los archivos de Tutela Legal.

La primera de las obligaciones es que la Iglesia debe elaborar un inventario de todos los documentos que contienen los archivos. En segundo lugar, resguardar y custodiar todos los archivos.

La sala también ordenó que la Iglesia debe prestar su colaboración al Órgano Judicial, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a todas las entidades dedicadas a la investigación de los casos en que se requiera abrir los archivos para sustentar las pruebas y profundizar en los casos de violaciones a los derechos humanos.

La cuarta de las obligaciones, por orden de la sala, es proporcionar datos personales a quienes los soliciten legítimamente (con una orden jurídica que los faculte para obtener esos datos).

Finalmente, la sala le ordenó a la Iglesia que devuelva los documentos proporcionados por las mismas víctimas para acreditar los hechos denunciados, siempre y cuando sean las víctimas las interesadas en obtener esos documentos.

Origen de los archivos

Los archivos de la extinta Tutela Legal comenzaron a registrarse desde que Monseñor Óscar Arnulfo Romero creó en 1977 una oficina llamada Socorro Jurídico del Arzobispado, después de una masacre ocurrida frente a la Catedral Metropolitana. El objetivo de Monseñor Romero era que las personas denunciaran las violaciones a los derechos humanos.

En 1982, con instrucciones de monseñor Rivera y Damas, la oficina de Socorro Jurídico pasó a convertirse formalmente en la Oficina de Tutela Legal, dirigida por María Julia Hernández.

Desde su creación, el archivo de esta oficina fue nutrido por más de 50,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas a través de papel, cintas magnetofónicas, audios y videos.

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