Una incompatibilidad entre las leyes locales de El Salvador y las normas internacionales sobre las personas con discapacidad, señala Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos, donde también abordan la situación salvadoreña.

De acuerdo con el análisis de la organización, uno de los puntos más graves son las restricciones en cuanto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y también psicosociales.

"El marco legislativo de El Salvador sigue teniendo disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, así como medidas insuficientes para mejorar la accesibilidad física y las comunicaciones", reseña el informe.

En El Salvador es la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad la que está vigente y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2020.

La antes mencionada sustituyó la la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, una ley que había sido aprobada en el 2000 por los diputados.

Otro aspecto que agrega HRW en su informe y que atañe a las personas con discapacidad es que este grupo poblacional es víctima de los grupos delincuenciales.

"Las maras han atacado a mujeres y niñas con discapacidad, y una alta proporción de estos casos permanecen impunes", dice el informe.

Junto a las personas con discapacidad, la organización también plantea la desventaja en la que están las personas LGBT quienes "continúan siendo blanco de violencia homofóbica y transfóbica por parte de policías, maras y personas en general".

Human Rights Watch emplaza al Estado salvadoreño a tomar las medidas necesarias para asegurar que estas poblaciones en condición de vulnerabilidad gocen de sus derechos.