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Incrementa el peligro en las cárceles de El Salvador

Expertos consideran que el hacinamiento en Centros penales podría provocar violencia, amotinamientos y un colapso en el sistema penitenciario del país.

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Tasa más alta.  Debido a las recientes cifras de captura, El Salvador ya ronda los 610 privados de libertad por cada 100,000 habitantes.

Tasa más alta. Debido a las recientes cifras de captura, El Salvador ya ronda los 610 privados de libertad por cada 100,000 habitantes.

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Amotinamientos, falta de seguridad, muertes, violencia y aumento de los grupos delincuenciales son algunos de los peligros o consecuencias que pueden ocurrir al interior de los centros penitenciarios, que por las capturas durante el régimen de excepción han sobrepasado ya el máximo de su capacidad instalada.

Expertos consultados consideran que un primer aspecto que ven con preocupación es la poca capacidad que tienen los custodios para dar seguridad en los centros penales.

Casi 50 días han transcurrido del régimen de excepción y al menos 12 reos han muerto en diferentes centros penitenciarios, entre violencia y negligencia por enfermedades crónicas.

"Cuando los ingresos penitenciarios crecen mucho más que los egresos, el sistema se satura, se deterioran las condiciones de vida de los internos y se propaga el caos, la anarquía, surge una mayor corrupción y los internos suelen tomar el control de las cárceles. Esto puede derivar en amotinamientos y mayores brotes de violencia al interior de las cárceles", aseguró la investigadora en temas de seguridad pública Jeannette Aguilar.

Agregó que las cárceles con sobrepoblación y en condiciones inhumanas son la fórmula perfecta para que las estructuras delincuenciales tomen control de las cárceles y que desde ella dirijan la violencia en las calles.

Hasta marzo, El Salvador ya tenía 610 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, una cifra solo superada por Estados Unidos. Pero las estadísticas del régimen de excepción generarían un récord. Las autoridades de seguridad confirman que las detenciones, solamente durante la implementación de esta estrategia de seguridad, ya sobrepasan las 29,000.

La jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, asegura que la capacidad instalada en los centros penales es reducida, en comparación con los reos que ya se encontraban guardando prisión antes del régimen.

Otra de las preocupaciones que han señalado los expertos es la capacidad que tienen desde la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para cubrir algunas necesidades como la alimentación y el espacio físico para los miles de capturados.

"La capacidad de los centros penales para cubrir la alimentación y los espacios físicos de esta cantidad de personas ha sido rebasada ya desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de una sobrepoblación que se ha duplicado e incrementado significativamente. Estamos hablando ya de un porcentaje muy alto y, si esto lo comparamos con el número de población del país, llevamos mucho más del 1 % de la población salvadoreña que se encuentra privada de libertad", indicó Navas.

La representante de Cristosal remarcó que, para suplir esas necesidades, el Gobierno tendría que invertir una elevada cantidad de dinero. "A pesar que en declaraciones el presidente (Nayib Bukele) dijo que no iban a invertir más en comida, lo que hacen es limitar la alimentación de los privados de libertad como ocurrió en la década del 2000 y de los 90, cuando tuvimos varias masacres al interior de los centros penales", señaló.

El director de Fespad, Henri Fino, considera que el Gobierno debe corregir la política de encarcelamiento del país. "La solución no es meternos a todos a la cárcel, la solución es una política de prevención del delito", apuntó.

Búsqueda. Las personas llegan a los centros penales para preguntar por sus familiares.

Se avecina un colapso

Zaira Navas adelantó que probablemente existan cientos de personas que sean inocentes al interior de los penales y que se avecina un colapso del sistema penitenciario.

Los expertos opinan que el Estado no tiene la capacidad para mantener a tantas personas privadas de libertad; y consideran que los custodios no dan abasto para suplir la seguridad en los centros penitenciarios. "El personal de seguridad es bastante reducido para atender a esa cantidad de personas privadas de libertad", detalló la especialista.

Navas sostiene que difícilmente se podría controlar el orden al interior de los penales y garantizar así la vida de muchas de las personas recluidas en las diferentes prisiones.

Otto Flores, abogado penalista de la organización "Los Siempre Sospechosos", señaló que debido al aumento del 100 % de privados de libertad en aproximadamente un mes y medio, "diría que la cantidad de custodios que hay no son suficientes para combatir el auge de las estructuras delincuenciales que podrían darse".

Añadió que para evitar amotinamientos y trifulcas al interior de las prisiones el Gobierno y el Órgano Judicial deberían determinar si es necesario que todos los detenidos sean enviados a una detención provisional, luego de enfrentar la audiencia de imposición de medidas.

"Si en un caso hay 500 personas acusadas que forman parte de una estructura se debe determinar si esa gran mayoría de personas de verdad pertenecen a una estructura o no", anotó.

" Si se demuestra que tiene elementos que la persona nunca ha pertenecido a una estructura de pandilla, los jueces están obligados, con base a la Constitución y el derecho internacional, ha decretar un sobreseimiento provisional o definitivo", agregó Flores.

Lo anterior, según el abogado, es para evitar una masiva entrada de personas a los centros penales. Hasta el pasado 12 de mayo, el fiscal general Rodolfo Delgado informaba que 18,785 imputados ya fueron enviados a una detención provisional.

Las cárceles a las que son enviados la mayoría de detenidos bajo el régimen de excepción son hasta la fecha La Esperanza (Mariona), Izalco y Cárcel de Mujeres. A diario las personas se aglomeran afuera de estos recintos para conocer la situación de sus familiares detenidos.

Flores advirtió que el Estado deberá realizar un refuerzo al presupuesto de la DGCP para dar cumplimiento a las necesidades y derechos de la población penitenciaria. "Se tendría que hacer un reajuste del presupuesto y entender que esta cantidad de personas detenidas se van a convertir en dinero que el Estado está obligado a invertir, tanto por la Constitución como por las leyes internacionales, para cubrir derechos", acotó .

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