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Informe revela represión gubernamental en seguridad durante pandemia en El Salvador

Amnistía Internacional califica al Estado como represivo y militarizado.

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Militarización. Amnistía Internacional destaca el abuso de militares en tareas de seguridad.

Militarización. Amnistía Internacional destaca el abuso de militares en tareas de seguridad.

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Uso excesivo de la fuerza y militarización y represión de la seguridad pública destaca el informe de Amnistía Internacional (2020-2021) en el rol del gobierno salvadoreño durante el periodo de la cuarentena por la pandemia del covid-19.

"Cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública (...) 330 recursos de hábeas corpus y 61 peticiones de amparo recibieron la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)", revela el documento en el que es evaluado el gobierno salvadoreño.

Juzga la precaria información sobre el contenido del Plan Control Territorial, la principal política de seguridad nacional, y resalta otros elementos como el rechazo público a sentencias de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, detenciones arbitrarias, desacreditación a colectivos de la sociedad civil, como periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El decreto que contenía la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue vetado por el presidente a finales de febrero de 2020, también fue destacado en el derecho a la verdad, justicia y reparación del informe y criticado el hecho de haber negado la información que contenían las operaciones militares ejecutadas durante el conflicto armado en El Salvador y la negación del acceso a los archivos relacionados con la masacre de El Mozote.

El informe de Amnistía Internacional se estructura entorno a países a los que les han brindado seguimiento durante el período detallado, basado en estados independientes sujetos a rendición de cuentas por la situación de los derechos humanos en su territorio.

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