La Cámara Segunda de lo Civil y Mercantil de San Salvador desarrolló ayer una audiencia por la demanda civil interpuesta por la compañía PREPACOL S. A. de C. V. contra la Dirección General de Centros Penales (DGCP), particularmente contra el director Osiris Luna, por una deuda de $332,469 que data de 2019.

El representante legal de la empresa en el proceso, Óscar Canjura, explicó que la DGCP se ha negado a pagar los servicios prestados de telefonía para uso exclusivo de los privados de libertad, específicamente de mayo a julio de 2019.

"Es importante destacar que previamente Centros Penales siempre pagó puntualmente estos servicios, pero bajo la administración de Osiris Luna se negaron al pago. La justificación no la han querido dar a conocer, simplemente dice (Luna) que no es una obligación que él adquirió, pero esto no es a título personal, sino institucional", sostuvo Canjura.

El abogado sostiene que la empresa incluso ha dejado adentro de varios penales el equipo tecnológico que sirve para el bloqueo de señal, a pesar que los pagos no se han efectuado y no les han permitido retirarlos. Tampoco han podido constatar si se mantienen en uso.

"La prueba es eminentemente documental y ante esto la Cámara ha dicho que se va a pronunciar dentro de no más de 15 días", detalló Canjura.

"Al inicio nos atendían las llamadas, pero de repente dejaron de pagar. Centros Penales daba quedan contra facturas y había promesas de pago, pero luego ya no hubo comunicación", enfatizó Canjura.

PREPACOL ha solicitado a la Cámara que se obligue al Estado salvadoreño a reconocer que existe la deuda y que responda a través del actual fiscal general, Rodolfo Delgado. También solicita que se paguen los intereses por el período de atraso en los pagos y la cancelación de los costes procesales.

"Son servicios que se le han dado y la institución como el Estado debe de responder por eso. El director de Centros Penales se quiso mostrar parte a través de abogado particular. Sin embargo, no lo admitieron porque tenía que ser a través de la Fiscalía por ser quien representa los intereses del Estado y, en este caso, lo único que él ha dicho es que no va a pagar", sumó Canjura. Añadió que espera que la Cámara resuelva conforme a derecho y con base en toda la prueba documental que ha presentado en el proceso.

Además, sostuvo que la empresa tuvo que cerrar a raíz del hecho, pues no le respondieron con los pagos en debida forma y tuvo que pagar al fisco el valor de las facturas comerciales.