Inician medidas excepcionales por inseguridad

Seguridad decretó estado de emergencia en siete penales y trasladó a 299 cabecillas, que ordenaron masacres, al penal de Quezaltepeque. Hay suspensión total de visitas y allanarán casas y negocios en las cercanías de cárceles. Gobierno planea retirar antenas si empresas de telefonía incumplen bloqueo de señal.
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Las medidas excepcionales para enfrentar la escalada de violencia, anunciadas por el Gobierno el 7 de marzo, comenzaron a implementarse ayer con la declaratoria de estado de emergencia en siete centros penales y con el traslado de 299 cabecillas de pandillas hacia el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, donde permanecerán bajo un régimen de mayor rigurosidad.

Así lo aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en una rueda de prensa en el penal de Quezaltepeque, en la que también reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar con las tres principales pandillas en el país, que el pasado fin de semana ofrecieron un cese de homicidios a cambio de evitar las medidas excepcionales.

Los homicidios no han cesado aunque sí han disminuido desde el sábado. El domingo hubo nueve homicidios y cuatro el lunes, cuando el promedio desde inicio del año había sido de 23 diarios.

De acuerdo con el ministro, los trasladados al penal de Quezaltepeque son los responsables de haber girado órdenes, desde los penales donde estaban recluidos, para atacar a policías, extorsionar, cometer homicidios y masacres.

El objetivo de los traslados y la declaratoria, según el ministro, es cortar toda comunicación de los cabecillas con los pandilleros en libertad.

“El Gobierno sigue firme en la implementación de las medidas excepcionales, y el estado de emergencia en los centros penales por los próximos 15 días es una de las primeras medidas excepcionales, y que ha sido tomada por el Ejecutivo porque esto le corresponde; las demás medidas serán estudiadas por los diputados en la Asamblea Legislativa”, dijo Ramírez.

Los centros penales declarados en emergencia por los próximos 15 días son los de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, el Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y el de Quezaltepeque. El director de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó: “Por el momento los privados de libertad permanecerán en sectores distintos y por la clasificación de la pandilla a la que pertenecen para evitar situaciones de riesgo”.

El ministro de Seguridad adelantó que uno de los planes a mediano y largo plazo es desclasificar a los privados de libertad y no tener penales ni sectores exclusivos para miembros de una pandilla: “Las autoridades en el pasado creyeron que la clasificación de los privados de libertad era necesaria para evitar que las cosas se salieran de control, pero creemos que fue una decisión incorrecta; por el momento los privados seguirán en sectores distintos”.

El ministro informó que la declaratoria de emergencia en los siete centros penales implica básicamente cuatro cosas: la suspensión total de todo tipo de visitas, poner a elementos militares en el perímetro de los centros penales, reforzar los siete penales con más custodios recientemente capacitados y que la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada hagan allanamientos en casas y negocios en las cercanías de los siete centros penales para verificar quiénes son los dueños.

“Tenemos información de que en las cercanías de los centros penales hay pandilleros o familiares de internos que se han tomado, en muchos casos por la fuerza, las casas y negocios, por lo que pedimos a los residentes de estos lugares que colaboren cuando las autoridades los visiten”, afirmó.

Según un documento al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, el Ejecutivo tiene un proyecto de decreto llamado “Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios y granjas penitenciarias”, en el que incluye otras medidas además de las anunciadas ayer por el ministro de Seguridad.

Entre esas medidas está la suspensión de traslados de los privados de libertad hacia tribunales para la realización de toda clase de audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal. Esta suspensión de traslados podría prolongarse un año, mientras se mantenga en vigencia el decreto.

El ministro de Seguridad también podría disponer de imponer el estado de emergencia en más centros penales.

Otra de las medidas sería obligar a las empresas de telefonía a que cumplan con lo ordenado de anular la señal de telecomunicaciones en los centros penales, de lo contrario las antenas de estas empresas serían reubicadas y quedaría prohibida la instalación de nuevas antenas, sobre todo en las cercanías de las cárceles. En el decreto también se incluiría un corte en el suministro de energía.

Centros Penales también podría realizar contrataciones directas de obras, bienes y servicios para el mejoramiento, equipamiento y funcionamiento en la infraestructura penitenciaria.

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