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Instituciones protegen a grupos de exterminio

Un informe del OUDH y opiniones de especialistas exponen la existencia de estos grupos, amparada bajo la institucionalidad.

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Clandestinidad. Según el informe del OUDH, los policías y los militares trabajan en conjunto con civiles en el interior del país, para ejecutar personas.

Clandestinidad. Según el informe del OUDH, los policías y los militares trabajan en conjunto con civiles en el interior del país, para ejecutar personas.

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Al menos 15 grupos de exterminio conformados por policías, militares y civiles fueron identificados desde 2015 hasta 2020 por la Fiscalía General de la República (FGR) y su existencia ha permanecido en los últimos años bajo la protección de la institucionalidad, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA e investigadoras en materia de seguridad pública.

Estos grupos están conformados por 59 agentes policiales, 24 militares y 168 particulares son estructuras que simulan acciones legales como requisas, allanamientos y operativos de la Policía Nacional Civil (PNC), para llevar a cabo asesinatos utilizando información del Estado, señala el documento sobre ejecuciones extrajudiciales.

El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, enfatizó que cada vez es más complicado investigar estos casos porque es la misma institución policial la que protege a los agentes, al ocultar este tipo de casos. También recalcó que no existe iniciativa del Estado de analizar a fondo la realidad y mucho menos de desarrollar propuestas que mejoren la situación.

"La investigación es insuficiente. Todos los datos nos dicen que hay abuso de la fuerza y el sistema judicial dice lo contrario. Están diciendo que todo es en defensa propia. Evidentemente hay un déficit de investigación muy fuerte que tiene que ser corregido. La investigación debe llevar a la depuración, porque en el caso de los grupos de exterminio no solamente hay gente que mata, sino que apoya, defiende, cambia pruebas, que permite un puesto de mayor autoridad", enfatizó.

La misma Fiscalía señala que, aunque varios grupos han sido desarticulados, hay un número que todavía permanece vigente y que, de acuerdo a la desarticulación de estos, los departamentos mayormente mencionados en donde operan son La Paz, San Miguel, Usulután y recientemente La Unión.

Evolución de los grupos

Zaira Navas, Jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, explicó que los grupos armados ilegales que realizan estas acciones surgieron desde los orígenes de la institución policial y han sido documentados también en los últimos años por instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Creemos que hay grupos de exterminio que siguen vigentes (...) Hay que mejorar la investigación, hay un ocultamiento bien fuerte”.

José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

Jeannette Aguilar, especialista en temas de seguridad pública, hace énfasis en que a partir de los últimos años, más exactamente desde la implementación de las medidas extraordinarias, que comienzan a adoptarse prácticas de exterminio en el marco de procedimientos policiales.

"Muchas de estas ejecuciones fueron legalizadas bajo la figura de las llamadas agresiones ilegítimas. El cambio más notable, si analizamos estas prácticas en las últimas tres décadas, ha sido la institucionalización de que fueron objeto. Ya no se trataba estas ejecuciones extralegales de acciones clandestinas como en el pasado, sino de operaciones realizadas bajo el amparo y la protección de la institucionalidad", explicó.

Ambas especialistas coinciden con la postura del IDHUCA que debe investigarse para que no sigan representando una constante en instituciones como la PNC y la Fuerza Armada.

"Una de las características en los últimos años es que se ha adolecido de investigaciones objetivas, científicas e independientes. Hemos visto ministros, directores de policías e incluso presidentes de la República exhortando a policías y militares a hacer uso de la fuerza letal", destacó Aguilar.

Casos judicializados

El número de casos ejecutados por estos grupos y supuestos "enfrentamientos policiales" es de 13 homicidios en el período analizado por el OUDH. Estos han sido realizados bajo dos modalidades: en el marco de procedimientos policiales donde ha existido abuso de la fuerza letal y donde agentes estatales coordinan con personas civiles para llevar a cabo el asesinato selectivo de otras personas.

Mientras que las estadísticas solo de violencia letal de la Policía Nacional Civil (PNC) en el territorio indican un total de 1,824 víctimas.

De estos casos realizados por la PNC, el OUDH señala que solo 1,365 agentes fueron acusados, de los cuales, el 78% fueron sobreseídos definitivamente y solo un 2% fueron condenados por el sistema de justicia salvadoreño.

Zaira Navas expuso que es preocupante que los resultados de investigaciones como la del OUDH apunten únicamente a un 2% y evidencia que las investigaciones son necesarias en este momento en la escalada del autoritarismo.

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